Editorial-El Español

Una sucinta recopilación de lo revelado a lo largo de esta semana por EL ESPAÑOL ayuda a percibir mejor el esquema que dibujan los distintos elementos del llamado caso Koldo, aparentes episodios aislados que ahora quedan hilvanados.

Todas las ramificaciones de la investigación convergen en un tronco común: una confluencia de intereses económicos con tres actores estratégicos —que se vieron respectivamente recompensados por el Gobierno— impulsada conjuntamente por Pedro Sánchez y su mujer desde el palacio de la Moncloa.

Este núcleo relacional fue el embrión de las distintas tramas de corrupción que, con el tiempo, acabaron infectando varios ministerios y organismos clave del Gobierno.

Y, por eso, lo desvelado por este diario obliga a ofrecer una explicación clara a una serie de preguntas.

Resulta imprescindible, en primer lugar, que el presidente del Gobierno y Begoña Gómez aclaren a qué se refería exactamente el mensaje de WhatsApp enviado por Víctor de Aldama en abril de 2021: «Acaba de contestarle Begoña y el presidente a Zurab».

Contestarle ¿con relación a qué?

¿A la cesión de una sede de lujo en Madrid para la ONU Turismo del Zurab Pololikashvili?

¿O a alguna de las actividades del Africa Center de Gómez, entidad patrocinada y avalada por Wakalua, la filial de Globalia creada por Javier Hidalgo y presentada por el propio Zurab y Carlos Barrabés?

Si no se ofrece una respuesta satisfactoria a esta cuestión, será difícil apartar la sospecha —a la luz de los indicios— de que Sánchez y su mujer tomaban decisiones de forma coordinada en su trato con estos tres actores, confundiendo intereses públicos y privados.

A esto se suma el mensaje enviado por Koldo García a Aldama en el que asegura estar recibiendo una presión «insoportable» con relación a Air Europa, situando el origen de la misma a «nivel ya de Dios y todo».

Según se desprende del lenguaje cifrado de la trama, es el propio Sánchez quien presiona. Y esa presión se debería a que los dueños de la aerolínea no habían cumplido aún los compromisos que habían adquirido.

Sánchez debe despejar la incógnita de cuáles eran exactamente esos compromisos que estaban incumpliendo los Hidalgo tras haber recibido un rescate millonario de fondos públicos.

Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar cuando se contrasta ese mensaje, primero, con la corroboración de Carmen González Pano ante el Tribunal Supremo de que el presidente de Globalia entregó a Koldo y Aldama 500.000 euros destinados a pagar a Ábalos por agilizar el rescate.

Segundo, con la aseveración de Koldo García de que los Hidalgo comentaron en su presencia la necesidad de compensar el «buen trato» dado por Begoña Gómez con cantidades que oscilaban entre los 100.000 y el millón de euros.

Y tercero, con lo declarado por el propio Víctor de Aldama, en una entrevista con EL ESPAÑOL, que aseguró directamente que Gómez presionó desde la Moncloa para que se concediera el rescate a la aerolínea y para que los Hidalgo «patrocinaran sus cosas».

Triangulando estos cuatro elementos, y en ausencia de una versión oficial alternativa, es fácil verse tentado a concluir que el compromiso incumplido se refería a alguna clase de contraprestación económica o profesional para la mujer del presidente.

Son por tanto preguntas que Pedro Sánchez debería contestar de inmediato, y que Begoña Gómez tendría que aclarar ante una comisión parlamentaria o ante la opinión pública.

Pero la responsabilidad no termina en la pareja presidencial.

También deben dar explicaciones los ministerios que intervinieron en los beneficios obtenidos por los tres pilares de esta red: la excepcionalidad de las condiciones otorgadas a Zurab con la sede de la OMT, la celeridad y la cuantía del rescate a los Hidalgo, y la adjudicación de contratos millonarios al empresario Barrabés tras mediar cartas de recomendación de la Moncloa.

En cuanto al PSOE, y aunque los hechos puedan haber prescrito penalmente, debería abrir una investigación interna sobre el presunto amaño de las primarias de 2017 —mediante la inclusión de votos falsos y la alteración de censos— desvelado por este diario.

Aunque los mensajes del Koldogate circunscriben estas prácticas en Navarra, las denuncias de irregularidades se extienden a otras federaciones como Andalucía o Castilla-La Mancha.

La trama alcanza también a figuras de la vieja guardia como José Bono.

Resulta imperativo que el Ministerio de Transportes explique si los favores solicitados por el exministro para beneficiar a un cliente de sus negocios en la República Dominicana se llevaron finalmente a cabo. La sombra de la duda planea sobre las gestiones realizadas para favorecer a un empresario de La Seo de Urgel.

Del mismo modo, Transportes debe aclarar por qué se colocó de forma exprés en la empresa pública Ineco a un joven militante del PSOE recomendado por Bono, un contrato que se formalizó apenas unos días antes de que Ábalos fuera cesado de su cargo.

Y hoy, EL ESPAÑOL publica una nueva entrega de este serial que involucra al ministro Ángel Víctor Torres, aportando pruebas de que Torres se reunió en su vivienda particular en Canarias con Ábalos, Koldo y el constructor José Ruz.

Tan solo cuatro días después de aquella cena, se produjo la licitación del contrato de reforma del Edificio Royal de Las Palmas de Gran Canaria, que acabó ganando la empresa de Ruz, pese a que su oferta era la más cara de todas las presentadas.

El hoy ministro debe ofrecer una explicación satisfactoria sobre qué se trató en aquel encuentro privado, dado que fue él mismo quien facilitó la localización de su domicilio a Koldo García para que acudieran el entonces responsable de Transportes y el constructor beneficiado.

Es evidente que el Koldogate no es un caso de manzanas podridas, sino el retrato de una era y de una forma estructural de entender el ejercicio del poder.

Aún quedan por publicar muchos de los whatsapps secretos de los dispositivos de Koldo.

Pero lo que ha visto la luz hasta ahora permite identificar una red informal de tráfico de influencias en La Moncloa, traducida en negocios destinados a impulsar la carrera profesional de Begoña Gómez, y en la que Víctor de Aldama ejerció de gozne entre esa red y la trama de Koldo y Ábalos.

Hay suficiente material de extrema gravedad como para exigir al Gobierno, al PSOE y al resto de actores implicados que aporten respuestas sin dilación.