EL MUNDO 20/01/14
· El Gobierno vasco y la izquierda abertzale idearon una «hoja de ruta» con compromisos de ambos, que debía desarrollarse en noviembre y diciembre de 2013 y enero de 2014. Así lo recoge un documento incautado a Arantza Zulueta.
Entre los asuntos planteados, el remitente –que responde a la letra «A»– se ofrecía a «consensuar un plan de trabajo en materia de política penitenciaria», a «convalidar la apuesta internacional para la verificación» del desarme de ETA, a «reactivar» la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco y a influir en lo que denomina «ámbitos estratégicos» que van desde la diplomacia internacional hasta los ámbitos eclesiásticos.
Así viene recogido en uno de los documentos, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, en poder de la abogada Arantza Zulueta, en prisión desde el pasado lunes por su presunta pertenencia a ETA, y que fue incautado en la operación Jaque.
El texto incautado es un borrador, textualmente un «esquema para una Hoja de Ruta», en el que las partes vienen identificadas por las letras A y B. Se deduce que «A» corresponde al Gobierno vasco porque, como viene en el texto, el interlocutor tiene «perfil institucional», se compromete a ejecutar iniciativas dependientes de la secretaría general dirigida por Jonan Fernández y se ofrece a «desarrollar gestiones ante el Gobierno español» y también ante lo que denomina «operadores jurídicos».
La letra B se corresponde con los interlocutores –Sortu–, a los que se supone la capacidad de provocar una declaración de desarme de ETA o un comunicado como el emitido el 28 de diciembre por parte del Colectivo de Presos de ETA, el EPPK.
El documento marca como uno de los objetivos la entrega por fases de las armas –no habla de disolución– pero incluye estrategias contrarias a las establecidas por el Gobierno central y lo hace con una formación que no ha asumido el denominado suelo ético establecido por PNV, PP y PSE en la pasada legislatura, y que indicaba como premisa que «ni una sola causa política puede situarse por encima de los principios básicos de la ética». En cualquier caso, una de las primeras exigencias que se hace a la izquierda abertzale, la de realizar una declaración sobre el «daño injusto provocado por la violencia de ETA», ni siquiera ha sido mencionado por Sortu por el momento.
Algunos de los puntos contenidos en el itinerario han sido desarrollados, aunque parcialmente, y la mayor parte de ellos está experimentando retrasos, como el de la aprobación del Plan de Convivencia, que está encontrando obstáculos para su aprobación por parte de PP y PSE, que consideran que contribuye a realizar un relato de lo ocurrido que diluye las responsabilidades de ETA y de la izquierda abertzale. El documento interceptado al grupo de Zulueta no viene fechado por los investigadores judiciales, quienes calculan que tuvo que ser elaborado la pasada primavera.
El objetivo de la «hoja de ruta» es, señala, «encauzar de forma sólida y eficaz un proceso de normalización social y de convivencia» que tenga como bases «el reconocimiento del daño injusto que causó la violencia; el reconocimiento de todas las víctimas simultáneo al impulso de una memoria inclusiva; el compromiso con un calendario de desarme; el desarrollo de soluciones legales a la política penitenciaria; y que puedan verse integradas las cuatro tradiciones políticas» del País Vasco.
Una vez establecidos los objetivos, el documento establece lo que «aporta A» y «lo que A espera de B». «A», supuestamente el Gobierno vasco, se compromete a mantener los principios del Plan de Paz y Convivencia, argumentando su «validez y utilidad práctica» en el Parlamento Vasco y desarrollando las «iniciativas públicas necesarias para su reactivación».
«A» también se presta a seguir atendiendo al Foro Social, organizado por Lokarri, pero realmente impulsado por la izquierda abertzale, que llegó a un acuerdo de mínimos con el PNV para redactar unas Recomendaciones que apelaban a ETA, pero también al Estado. Incluían el establecimiento de una «justicia de carácter transicional», por ejemplo, que adecue la «legalidad a la realidad»; o que una «entidad independiente» evalúe «la situación de los Derechos Humanos».
«A» se ofrece también a colaborar, «dentro de las limitaciones de su perfil institucional», con agentes institucionales, emprendiendo «iniciativas públicas o reservadas» y, de forma llamativa, muestra su disposición a «acordar un plan de trabajo sobre política penitenciaria, lo que incluye el diseño de una estrategia inteligente y el desarrollo de gestiones ante el Gobierno español, los operadores jurídicos y los propios presos».
¿Qué es lo que el Gobierno vasco espera de la izquierda abertzale? Según el documento, «una declaración significativa de la izquierda abertzale sobre el pasado que haya sido preaceptada y que incluya una valoración concreta sobre el daño injusto que ha provocado la violencia de ETA»; «una declaración del colectivo de presos anunciando su compromiso de reconocimiento del daño causado, así como su disposición a acatar las vías legales e individualizadas», y un «compromiso firme de desarme ordenado, en un plazo aceptable y con la verificación de agentes internacionales».
En noviembre debía haberse aprobado, según el borrador, el Plan de Paz y Convivencia, la izquierda abertzale tenía que haber realizado una declaración «reconociendo el daño injusto que ha provocado la violencia de ETA», y A y B debían estar en disposición de «consensuar un plan de trabajo en materia penitenciaria». En diciembre, el Gobierno vasco tenía que «poner en marcha las iniciativas de reconocimiento de vulneraciones de todas las víctimas»; «B» tendría que «hacer pública la declaración del colectivo de presos» y ambos debían «consensuar un plan de trabajo en relación con la Ponencia de Paz y con el Foro social».
En enero, el Gobierno vasco tenía pensado provocar un «punto de inflexión» en el proceso realizando gestiones ante agentes internacionales y hasta eclesiásticos, y ETA debería realizar «un primer gesto de desarme material» elaborando un «calendario» para los «siguientes y definitivos pasos».
A partir de esa primera fase, las dos partes iban a seguir unas líneas de trabajo que incluyen, desde algunas «actuaciones específicas en relación con ex presos y ex huidos», a la firma de lo que denominan «microacuerdos», que no especifican.
El plan responde a la voluntad del Gobierno vasco de diseñar el fin de ETA del modo como viene concebido por el Ejecutivo nacionalista. Incluye un consenso con la izquierda abertzale en asuntos tan delicados como la política penitenciaria o el desarme, discrepante abiertamente de los criterios del Gobierno central, que pretende mantener la dispersión hasta que ETA se disuelva y que no acepta que sean los agentes internacionales, sino la Policía, quienes verifiquen que ETA se desmantela.
Por el momento, la izquierda abertzale ha rehusado realizar una valoración contraria a ETA; de hecho, siempre se ha reivindicado como heredera de la estrategia del MLNV del que ETA era la vanguardia. Los presos, efectivamente, realizaron una declaración en diciembre, como venía en el borrador. Se refirieron al daño causado, aunque hablaban de «sufrimiento y daño multilateral generado por el conflicto»; anunciaban que asumían su responsabilidad «sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad política»; y anunciaron que se acogerían a la ley, pero siempre que se acordara una aplicación de la misma «que no menoscabe su dignidad política», habida cuenta de que se encontraban en prisión por haber apostado por la liberación de Euskal Herria.
Sobre el desarme, aún no se ha dado ningún paso. Por su parte, el lehendakari entregó la pasada primavera a Rajoy un plan de salidas de presos que proponía dejar en prisión a corto plazo a unos 150 terroristas y se ha ofrecido como mediador. Tras la manifestación del PNV y Sortu del 11 de enero, la izquierda abertzale anunció estar de acuerdo con los nacionalistas en esperar «un tiempo razonable» para que PSE y PP recapacitasen y se uniesen al Plan de Paz del Parlamento vasco.
EL MUNDO 20/01/14