Es verdad que nadie le hizo caso cuando hace unas pocas semanas reclamó de forma airada una remodelación profunda del Consejo de Ministros para evitar la acumulación de fraudes y la insistente repetición de errores de gestión. Nadie le hizo el menor caso, pero a ella, que no es rencorosa y sí generosa, se le ha olvidado. Pelillos a la mar y pelazo al viento. A otros, como a los representantes de la patronal que no asistieron al feliz encuentro, les reservó sitio en el cuarto círculo del infierno. Un lugar lúgubre en donde habitan apelotonados los ávaros.

El acuerdo prevé un aumento del 3,1% en el salario mínimo interprofesional con carácter retroactivo. Nadie debería asustarse por ello dado el nivel de partida. Pero hay muchos matices. El primero, es que supone una anomalía eso de que en la subida de los salarios no participen quienes los pagan, que son los empresarios, y sí quienes los cobran. Estos estaban representados, imagino, por los sindicatos. El segundo matiz es que la subida supone el último escalón de una tendencia que suma ya el 65% desde hace un lustro. El tercero es que resulta abusivo, como hizo el presidente Sánchez, extender sobre todas las empresas españolas la situación de beneficios, productividad y cuantía de salarios que se da en las pocas firmas que pueblan el Ibex 35.

No es lo mismo, ni es comparable. Lo mismo sucede si en lugar de comparar a las empresas por su tamaño, lo hacemos por su situación geográfica -no es lo mismo vivir en Madrid que en Albacete, o su nivel competitivo, no es lo mismo trabajar en una HighTech de telecomunicaciones que en una empresa de limpieza, o en el sector, no es igual plantar berzas que imprimir chips-. Así que decidir desde la moqueta del ministerio, sin acuerdo con la patronal de cada sector, es arriesgarse a infligir un daño superior al esperado.

El cuarto matiz que no queda resuelto es el tema de los complementos de la nómina. En su día, una línea a roja para los sindicatos y que la CEOE amenaza con recurrir si se aprueba por decreto y sin pasar antes por el Congreso.

El quinto sería que si el Gobierno desea de verdad meter dinero en los bolsillos de los ciudadanos, podría deflactar las tarifas del IRPF o reducir las cotizaciones sociales, pero eso aprieta el bolsillo público y no es esa la costumbre.

Los partidarios de la subida del SMI aseguran que no es dañina para el empleo y basan su certeza en la buena evolución de los cotizantes, que se encuentran en niveles de récord histórico. Pero eso tiene todavía más matices. Las estadísticas del Ministerio son ilusionantes y milagrosas, pero también tramposas. En enero no recogían casi un millón de personas que no trabajan, pero cobran el paro. Son los famosos fijos discontinuos. Mientras se olvida del agujero que causa el absentismo en las mutuas -casi 1.700 millones-, en la Seguridad Social -16.000- y en las empresas, -otros 16.000-.

La vicepresidenta Díaz desbarata la opinión del presidente de la patronal, el señor Garamendi, por el hecho de que cobra 23 veces el SMI. Correcto, pero puestos a hacer demagogia, se olvida de que, a él, se lo pagan ‘de forma voluntaria’ sus afiliados, mientras que a ella se lo pagamos ‘obligados’ todos los contribuyentes. Por cierto, ¿cómo valora, el cobro en especie? ¿Declara el piso de 400 metros que ocupa en plena Castellana?