CON SU habitual tono altivo y desafiante, Artur Mas aprovechó su comparecencia de ayer para reafirmar su inadmisible actitud de desobediencia a la Justicia. «Hicimos lo que teníamos que hacer, lo volveríamos a hacer y entraremos en el tribunal con la cara bien alta», sentenció el ex president de la Generalitat, que pretende pasar a la historia como un héroe o un mártir del nacionalismo catalán cuando no es más que un político irresponsable que ha provocado una innecesaria tensión social y política en Cataluña. De manera ridículamente épica, sentenció: «Nos querían de rodillas y con la cabeza baja y nos encontrarán de pie y con la mirada firme». Es decir, en la víspera del juicio al que se enfrenta desde hoy, junto a la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera Irene Rigau, por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) el 9-N, Mas volvió a presentarse como la víctima de una persecución política que va a ser juzgado «por poner las urnas». Nada más lejos de la realidad.
Como él mismo reconoce, Artur Mas es el máximo responsable de impulsar desde la Generalitat, financiar con dinero de todos y organizar en colegios públicos un simulacro de referéndum por la independencia de Cataluña que, como perfectamente sabía, había sido declarado inconstitucional por el TC. No se trata, por tanto, de un juicio político. Desde la aprobación de la Constitución, en España nunca han sido criminalizadas las ideas políticas aunque, como las independentistas, pretendan el desmembramiento territorial del país. Los tres responsables políticos van a ser juzgados por un delito de desobediencia a un fallo del máximo tribunal de nuestro sistema jurídico, porque en un Estado de Derecho no puede existir la impunidad. Es más, los representantes políticos son los primeros responsables en cumplir y hacer cumplir las leyes emanadas del Parlamento, que representa la voluntad de todos los españoles. Consciente de estar cometiendo un delito, Mas pretende que la defensa de su delirante proyecto soberanista esté por encima de la ley, razón por la cual debería ser inhabilitado para volver a ejercer un cargo público, ya que esa es la máxima pena a la que podría ser condenado en este proceso.
Pero la deslealtad de Mas con las instituciones del Estado fue ayer más allá. Con la intención de presionar e intimidar a la Justicia, justificó la concentración organizada por las entidades soberanistas, a la que ya se han inscrito más de 40.000 personas, frente al Palacio de Justicia de Barcelona, donde se celebrará el juicio. Como ya hiciera su padrino político y antecesor en la presidencia autonómica, Jordi Pujol, Artur Mas se envuelve en la estelada para identificar el proceso independentista con su persona y movilizar a la facción más radicalizada de la sociedad para que salga en su ayuda. De esta manera, quiere convertir el juicio en un acto político que sirva para reforzar las tesis independentistas, explotar el victimismo y echar un órdago definitivo al Estado. Sometidos al constante chantaje de la CUP, los dirigentes nacionalistas quieren acelerar el proceso de declaración unilateral de independencia y adelantar la fecha de una nueva consulta, que sería igual de inconstitucional que la anterior. Por eso es necesario que la respuesta del Estado de Derecho sea clara y contundente para que el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sepa a lo que se enfrenta si decide volver a escenificar el simulacro de referéndum.
La democracia no consiste en poner urnas en los colegios públicos, como pretende el discurso populista que enarbolan los dirigentes del que fuera el partido del centro derecha en Cataluña. La democracia es el sometimiento al orden constitucional garantizado por los tres poderes del Estado y el reconocimiento de que la soberanía reside en todo el pueblo español, no una parte del mismo escindida en virtud de unos supuestos derechos históricos. Los territorios no tiene derechos, los tienen los ciudadanos y la legislación española consagra como un principio inviolable la igualdad de todos los españoles ante ley.
A partir de hoy, las fuerzas independentistas intentarán convertir el juicio a Mas, Ortega y Rigau en una agresiva ofensiva contra el Estado, ante la que éste no puede ceder. Tanto el tribunal que los juzga como el Gobierno, que ha anunciado la adopción de «medidas drásticas» dentro del marco legal contra el desafío soberanista, han de mantenerse firmes y acabar con una situación insostenible que ha durado ya demasiados meses.