EL CORREO 29/10/13
FLORENCIO DOMÍNGUEZ
Una de las acusaciones que algunos sectores formulan contra el Gobierno de Mariano Rajoy es la de estar siguiendo en la cuestión de ETA el camino que dejó trazado el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero antes de abandonar el poder. Este reproche se ha intensificado en los últimos días a raíz de la anulación de la ‘doctrina Parot’ por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A Rajoy le tocó jugar en Estrasburgo el partido de vuelta, tras recibir el equipo con el partido de ida ya perdido, y a pesar de que alineó lo mejor de la Abogacía del Estado no fue posible cambiar el marcador.
Si Rajoy estuviera siguiendo la agenda oculta de Zapatero, hay que señalar que lo estaría haciendo rematadamente mal porque no se han enterado ni el PNV, ni el PSOE y ni siquiera la propia ETA. Basta recordar las críticas de Iñigo Urkullu hacia el presidente del Gobierno porque no atiende a sus propuestas o los reproches, mucho más fuertes, del socialista Jesús Eguiguren contra el inmovilismo del Ejecutivo. Ni se enteran ni se lo agradecen.
Rodríguez Zapatero se marchó del Gobierno dejando abierta en Noruega la puerta de una mesa para la negociación con ETA de acuerdo con el guión de la declaración de Aiete. El Ejecutivo de Rajoy rechazó las invitaciones para acudir a Oslo y dejó que la mesa muriera de inanición provocando de paso una crisis de estrategia en ETA y la izquierda abertzale. Que el Gobierno no negocia lo dejó claro el exdirigente etarra ‘Txeroki’ quien aprovechó una comparecencia en un juicio en París el pasado 18 de febrero para criticar el «actual rechazo a una negociación» de los gobiernos de España y Francia. También ETA, en referencia a la frustrada mesa de Oslo, en un comunicado del 17 de marzo, acusaba al Ejecutivo de Rajoy de haber «dejado morir el espacio de diálogo, cuando no lo ha atacado y saboteado directamente a través de los Servicios de Inteligencia». En este punto no parece que Rajoy haya seguido a nadie.
El Gobierno ha continuado deteniendo miembros de ETA allá donde son localizados –la última vez en Bélgica hace pocos días– e, incluso, ha mantenido las operaciones contra organizaciones que operaban en la legalidad, como el grupo de apoyo a los presos Herrira. Por algo la exdirigente etarra Soledad Iparragirre, Anboto, el 12 de noviembre del pasado año, acusaba a los gobiernos español y francés de persistir «en su impulso represivo».
La política penitenciaria no se ha modificado un ápice en los casi dos años que lleva el PP en el Gobierno, a pesar de las presiones del PNV y del PSOE para que sea más flexible tras el anuncio del final del terrorismo. No ha habido acercamiento de presos, incluso se han paralizado las actuaciones que se hacían con los reclusos críticos de la ‘vía Nanclares’, que tienen que recurrir a los tribunales para obtener permisos ya que la Administración no se los da.
El único movimiento que hubo fue la excarcelación por razones de enfermedad del etarra Josu Uribetxerria Bolinaga. El Gobierno tuvo un importante desgaste por esa excarcelación que, seguramente, pudo haberse gestionado mejor. Pero también era posible haberlo hecho mucho peor y si no que se revise cómo se puso en libertad, también por enfermedad grave, al miembro del ‘comando Madrid’ Esteban Esteban Nieto en abril de 1999. La política penitenciaria tampoco es del gusto de ETA, a juzgar por el comunicado difundido el 2 de mayo responsabilizando a Mariano Rajoy y François Hollande de «la dispersión, el aislamiento y los castigos que sufren los presos».