Los nacionalistas invocan pomposamente a la democracia para justificar su golpe. En realidad, se entregan al despotismo electivo, que desemboca irremediablemente en la concentración del poder, la asfixia de las minorías y su identificación como disidentes. A los independentistas no les gusta el Tribunal Constitucional ni las leyes que nos gobiernan, pero no porque las consideren instituciones o instrumentos opresores sino porque les impiden imponer su propio modelo de subyugación.
La semana pasada, Carme Forcadell, presidenta del devaluado Parlamento de Cataluña tecleó: «Reitero que en los Estados democráticos los conflictos políticos se resuelven políticamente con diálogo y acuerdos, no en el TC». Falso en sus dos proposiciones: 1. Las democracias solucionan controversias al dictado prioritario de la regla de la mayoría, lo que no excluye el diálogo y el acuerdo, sobre la base de que unos representan circunstancialmente a más y otros a menos. 2. Por supuesto que el TC se pronuncia sobre cuestiones políticas. ¿O acaso los conflictos competenciales no lo son?; y los de inconstitucionalidad de las leyes; y hasta los recursos de amparo, donde colisionan criterios en torno a ideas. El tuit revela una cosa o ambas: o Forcadell ignora los principios elementales de la democracia o esconde el verdadero instinto depredador de las libertades que representa su ilusión pancatalana.
Hace un par de días, La consellera Neus Munté cometió otro atropello intelectual con un gorgorito dirigido a la Fiscalía General del Estado: «(…) Seguiremos adelante, defendiendo la democracia. Las urnas no se imputan ahora ni nunca». Pues depende. La ley coloca a la urna. O sea, la urna sin procedimiento es sólo un reclamo publicitario, activista y lúdico para sociedades anestesiadas y pueriles.
Hace décadas que tergiversamos el sentido de la dimensión horizontal de la democracia. Hasta que las últimas generaciones prescinden de su dimensión vertical, que es la esencia del Estado de Derecho. La horizontalidad e idolatría de la opinión conducen al caudillismo para evitar el colapso. La dimensión vertical preserva la igualdad de los individuos. El imperio de la ley rige frente a la tiranía de la mayoría y para proteger a las minorías. Cedido el terreno de la razón, las leyes constituyen la última línea de defensa contra el veredicto de la multitud y los sentimientos dominantes; de la libertad ante las hordas antilustradas.