José Antonio Zarzalejos-El Confidencial

“El poder que cedes es poder que concedes, el poder que se entrega se reclama con dificultad. El estado de emergencia hace que la gente se acostumbre a la subordinación”

El Gobierno no puede aducir con solvencia jurídica el precedente de la prórroga de un mes del estado de alarma que solicitó el Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero en 2010. Aquel decreto de excepción (1673/2010 de 4 de diciembre) declaró la alarma para proteger el derecho a la libre circulación de los ciudadanos (artículo 19 de la CE) ante “las circunstancias extraordinarias que concurren por el cierre del espacio aéreo como consecuencia de la situación desencadenada por el abandono de sus obligaciones por parte de los controladores civiles de tránsito aéreo”, según cita literal de su exposición de motivos.

En aquella alarma no solo no se limitaban derechos fundamentales, sino que se protegían. Tampoco se constituyó autoridad única. La disposición gubernamental se limitó a la consideración de “personal militar de los controladores durante el estado de alarma” y a delegar en el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire las decisiones pertinentes. Como quiera que al concluir la alarma —15 días— mediaban las fiestas de Navidad, fin de año y Reyes, el Ejecutivo —constatando el riesgo que aún persistía— solicitó al Congreso un mes de prórroga.

Le fue autorizada y el Consejo de Ministros dictó un nuevo real decreto (1717/2010, de 17 de diciembre) reiterando el inicial. El estado de alarma concluyó el día 15 de enero. En total, 43 días de emergencia en el ámbito profesional de los controladores aéreos para garantizar un servicio esencial protector de la libre circulación de millones de ciudadanos.

Por el contrario, la alarma del Gobierno de Sánchez, iniciada el 14 de marzo y las cuatro prórrogas de 15 días cada una autorizadas por el Congreso, motivadas por la pandemia del coronavirus, tienen dos objetivos: facultar al Ejecutivo a decretar el confinamiento, limitando los derechos de libre circulación, reunión y manifestación (artículos 19 y 21 de la CE), y establecer una autoridad única (el Gobierno, a través de los ministerios de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes) para gestionar competencias autonómicas (Sanidad y otras).

Se trata de un estado de alarma con fines diferentes al de 2010 y por eso resultaba coherente que Pedro Sánchez pidiese las prórrogas cada 15 días. Cuando se limitan derechos y libertades constitucionales hay que hacerlo por el menor tiempo posible y bajo un escrupuloso escrutinio del Congreso de los Diputados. En definitiva: no se puede olvidar que la prórroga de un mes que solicitó Rodríguez Zapatero fue para asegurar la libertad de la movilidad de los ciudadanos y la que reclama Sánchez es para todo lo contrario.

Existe un criterio muy generalizado sobre la necesidad de que el Gobierno disponga de las facultades excepcionales que le confiere el estado de alarma para controlar la desescalada. Estamos lejos de que la pandemia haya remitido. Siguen los contagios, los fallecimientos en cifras muy dolorosas y los indicios apuntan a que la inmunización de la población se sitúa en un porcentaje muy bajo (en torno al 5%) lo que favorecería un rebrote de las infecciones si no se aplican grandes cautelas. Sin embargo, la restricción de derechos y la alteración del estatuto competencial que conlleva la autoridad única, exigirían que los períodos de prórroga sean limitados en el tiempo: no más de 10 días.

El politólogo John Keane, cualificado académico y escritor, fundador del Centro para el Estudio de la democracia de Londres y autor de ‘Life and Death of Democracy’ (‘Vida y muerte de la democracia’), ha escrito a propósito de este asunto lo siguiente: “Estas justificaciones del gobierno de emergencia son peligrosamente ingenuas e ignorantes. A menos que presentemos resistencia, las concentraciones de poder arbitrario siempre muestran una tendencia a lo definitivo. Nacen como medidas temporales y se convierten fácilmente en disposiciones permanentes. El poder que cedes es poder que concedes, el poder que se entrega se reclama con dificultad. El estado de emergencia hace que la gente se acostumbre a la subordinación. Nutre la servidumbre voluntaria. Es la madre del despotismo y (…) guarda un extraño parecido con el virus que dice combatir” (Letras Libres nº 224, página 10).

La reflexión anterior debiera alertar a todos los grupos parlamentarios para autorizar la prórroga de la alarma por un tiempo muy breve y así redoblar el control y restablecer lo antes posible la normativa ordinaria. Otorgarles a Sánchez e Iglesias nada menos que un mes (el presidente dijo haberse comprometido a prórrogas quincenales para favorecer la función fiscalizadora del Parlamento) es una temeridad, un precedente peligroso y, en definitiva, un tiempo desproporcionado de excepcionalidad.

Los ciudadanos, según el sondeo de Metroscopia de este miércoles, están emocionalmente fragmentados en su percepción sobre la emergencia. Un 22% está “temeroso” porque cree que “lo peor está por llegar”; un 24% se muestra “prudente” (“es pronto para volver a la actividad”), un 29% se siente “confiado” (“hemos superado lo peor y hay que reactivar la economía”) y un 16% es “arriesgado” (“reactivar la economía ya a pesar de que lo peor del coronavirus está por llegar”). Así, parece razonable continuar en la emergencia pero con una prórroga breve y condicionada de la alarma. Hay que defenderse de la pandemia, pero, en ocasiones, hay que hacerlo también del Gobierno. Como en este caso.