ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 23/06/16
· La conversación que el ministro del Interior mantiene con el jefe de la oficina antifraude de Cataluña es coherente con lo que se sabe de él desde hace mucho. Una fibra moral débil y una ineficacia sostenida. El ministro ordena investigar a sus adversarios políticos, simplemente porque son adversarios, permite que la conversación, que tiene lugar en su despacho, se grabe y luego es incapaz de impedir su difusión. La conversación solo pudo grabarse por dos procedimientos: o bien porque al despacho del ministro acceden micrófonos que él no controla o bien porque su interlocutor grabó la conversación y él mismo o un tercero la difundió. Cualquiera de las hipótesis es catastrófica.
Este prodigio de ineptitud se proyecta sobre un asunto concreto, que es el proceso de secesión puesto en marcha por el gobierno de la Generalitat. Y es en ese marco donde adquiere su dimensión política más inquietante. El Gobierno del presidente Rajoy ha sido incapaz de plantar cara, durante toda la legislatura, a los repetidos desafíos a la ley del Gobierno nacionalista, que llegaron a su cota máxima el 9 de noviembre de 2014, cuando el Gobierno autonómico pudo llevar a cabo, con absoluta comodidad logística, un referéndum ilegal.
Durante todos estos años pareció que el Gobierno fiara la resolución del asunto a una estrategia doble: impavidez irritante en la superficie y un trabajo en las alcantarillas que incluyó investigaciones sobre dirigentes nacionalistas y sus familias, en las que verdad y mentiras se mezclaron con facilidad perturbadora. La inverosímil confesión de Pujol –lo mejor que habrá dejado el proceso secesionista– confirmó, en todo caso, que las consecuencias políticas de esas investigaciones iban a ser nulas.
El nacionalismo, refrendado por la mayoría de ciudadanos catalanes, deglutió el caso como una boa un cabrito: trabajosa, pero implacablemente. El Gobierno Rajoy y el fontanero Fernández no entendieron que la exhibición de corrupciones secundarias nunca acabaría con la corrupción principal, que era la del Proceso mismo, trufado de arriba abajo por la malversación, la prevaricación y la deslealtad.
A diferencia de la sucia morralla en que Fernández invertía su honor y su tiempo, la Gran Corrupción apenas –apenas– necesitaba policía. Solo convicción democrática, política, ley y fuerza. En ausencia de todo ello, el Gobierno dispuso micrófonos y se aseguró la colaboración del periodismo de estafa y estafeta. El resultado está a la vista. No un Estado partido por un lugar, sino por dos.
ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 23/06/16