José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
Los empresarios, orillados por el poder político, quieren expresar su criterio, exponerlo a la opinión pública y hacerlo llegar a la Moncloa. No pretenden ni echar «pulsos» ni urdir «conspiraciones»
Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, encomendó el pasado mes de abril a Vittorio Colao, un empresario y financiero de reputación internacional, liderar el grupo de 17 expertos entre los que se cuentan altos gestores, economistas, sociólogos y referentes en la física, en la generación de empleo, en el derecho, en el comercio y en la discapacidad, para elaborar una propuesta contra la crisis económica. Colao ha entregado al Gobierno italiano el informe con 102 medidas para la reactivación económica. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha constituido una comisión internacional de ‘sabios’ para diagnosticar y atacar la depresión, copresidida por el gran economista y estudioso de las finanzas Jean Tirole y por Olivier Blanchard, que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional (2008-2015). Este grupo de expertos, complementario a otro parlamentario, entregará sus conclusiones al presidente de la República en los primeros días de julio.
En España, el Gobierno y la oposición han optado por un modelo diferente: crear en el Congreso una Comisión de Reconstrucción presidida por Patxi López. Nada parecido a lo que ha sucedido en Italia y Francia —países arrasados también por la pandemia—, aunque esté previsto que comparezcan —ya han comenzado a hacerlo— personalidades de diferentes sectores. De momento, la Comisión de Reconstrucción se ha hecho notoria más que por sus debates y propuestas, por los rifirrafes entre los partidos del Gobierno y los de la oposición. Poca cosa.
La CEOE, presidida por el muy pragmático ‘getxotarra’ Antonio Garamendi, ha tenido el buen criterio, la habilidad y, sobre todo, la capacidad de convocar una cumbre empresarial (‘Empresas españolas liderando el futuro’) que desde este lunes y hasta el próximo día 24 reúne y reunirá a más de 130 empresarios —son todos los que están, y están todos los que son— para hacer un diagnóstico de la situación económica y social de España, proponer medidas y contribuir a aportar ideas para contener y superar la grave crisis que se nos viene encima. Se suple así una carencia de iniciativa gubernamental. No participa en el encuentro ningún político, ninguna instancia institucional.
Los criterios más generalizados de los empresarios de todos los sectores y de los presidentes de las patronales que asisten a estos encuentros —este lunes, iniciados con las intervenciones de Pablo Isla y Juan Roig, seguidas por las de los primeros espadas del sector financiero (Botín, Torres, Gual, Goirigolzarri, Oliú y Aguirre), sector energético (Sánchez, Galán, Brufau, Entrecanales, Reynes y Antoñanzas) y operadoras del sistema— son los siguientes:
1) España adoptó tarde, como otros países, las medidas de la contención del coronavirus y ha aplicado un modelo de gestión de combate de la pandemia que, sin negarle eficiencia a través de un drástico y largo confinamiento, no ha sido equilibrado para paliar los daños sobre el sistema económico y social.
2) Las empresas más internacionalizadas y con mayor potencial tecnológico no solo han ayudado en el mercado internacional en las compras de material sanitario sino que también han ofrecido a las administraciones públicas, con suerte desigual, aplicaciones digitales para implantar un modelo de control de los contagios (detección y rastreo) que no enervase de manera tan lesiva el desenvolvimiento económico.
3) El mundo empresarial ha colaborado con el Gobierno, a través de la CEOE, en la implantación de las medidas sociales que han suavizado, por el momento, los peores estragos de la crisis. El sector bancario ha mantenido, no sin enormes dificultades, una estrecha colaboración con las medidas del Ejecutivo relativas a los créditos y avales.
4) Los empresarios han contemplado con malestar y preocupación el acuerdo de los dos partidos del Gobierno con EH Bildu para la derogación “íntegra” de la reforma laboral, lo que motivó en su momento la suspensión del diálogo social, que se va reanudando poco a poco, con perfil bajo.
5) La CEOE y los distintos sectores empresariales (especialmente el financiero) reclaman la interlocución preferente, y en todos los órdenes de cuestiones, de la ministra de Economía y Transición Digital, Nadia Calviño, y apuestan para que el presidente del Gobierno puje por su nombramiento como presidenta del Eurogrupo.
6) Los empresarios comparten las políticas sociales (ingreso mínimo vital, moratorias, subvenciones) con determinados matices, pero piden que no se reviertan las reformas y que se favorezca el crecimiento sin incrementos de la fiscalidad.
Es esencial que estos planteamientos, que se irán desgranando hasta el día 24 en una cumbre empresarial sin precedentes, no se presten a “malas interpretaciones”, según han manifestado en privado varios de los más destacados participantes. Es decir, que ni lejanamente los empresarios están “conspirando” contra el Gobierno, ni echándole un “pulso”. Simplemente, orillados por el poder político, han querido expresar su criterio, exponerlo a la opinión pública y hacerlo llegar a la Moncloa con “lealtad e independencia”, en palabras de Garamendi. Si se suma el número de empleos directos e indirectos que proporcionan las empresas representadas en este encuentro y su aportación al PIB, no habría instancia pública sensata que no atendiera sus sugerencias.
Quizás en dos de las conclusiones del documento ‘Covid-19: la política económica. Confianza para sostener, recuperar y transformar’, publicado este lunes (www.circulocivicodeopinion.es) y elaborado por el Círculo Cívico de Opinión, uno de los grupos de debate más importantes y plurales de España, presidido por el catedrático de Economía Aplicada José Luis García Delgado, se expresen las claves interpretativas que comparte un muy amplio sector social y empresarial sobre la mejor manera de abordar la crisis:
“El principal protagonista no puede ser otro que la empresa privada, con libertad de iniciativa para cumplir su función asignativa, eliminando los estorbos que limitan su competencia y promoviendo mejoras en su productividad”. Un criterio que se complementa con la literalidad del siguiente: “Nunca hasta ahora el protagonismo del sector público había alcanzado límites tan abultados en el conjunto de la economía. Así lo está requiriendo un momento también excepcional. Pero no debe desplazar, y menos aún ahogar, las posibilidades de expansión de la inversión privada como gran generadora de empleo. Sin olvidar que la bolsa recaudatoria está llegando a sus límites. Será ineludible una planificación a medio plazo alejada de voluntarismos (…) que garanticen los equilibrios de las finanzas públicas y que resulten creíbles ante la Unión Europea, los organismos internacionales y los mercados financieros”.
Gobierno, oposición, sindicatos, comunidades autónomas, patronales empresariales, tercer sector, colegios profesionales, asociaciones sectoriales… Todos tienen el derecho y el deber de participar en el debate de la reactivación económico-social tras la tragedia. Y la obligación cívica de superar la colisión machadiana según la cual “de 10 cabezas, nueve embisten y una piensa”. O sea, discutamos todos y que nadie arremeta.