Hacer una oposición responsable cuando al frente del Gobierno hay un trilero resulta ser una tarea ardua, porque el riesgo asumido siempre es enorme. Si aceptas alcanzar algún tipo de pacto, lo haces con la certeza de que tu interlocutor intentará engañarte. Si te niegas, le allanas el camino para asaltar otro bastión democrático al proporcionarle un valioso pretexto para actuar unilateralmente. Cualquier opción entraña el peligro de caer en una trampa. La alternativa es por ello diabólica: un arreglo cuestionable o un enfrentamiento llamado a terminar perjudicando a España. Esa es la tesitura en la que se ha movido Feijóo desde que un Sánchez perdedor optó por echarse al monte en aras de atornillarse a la poltrona de sus ambiciones.

¿Debería haber rehusado el líder del PP renovar el CGPJ sin aprobar previamente una ley que garantizara su despolitización al otorgar a los propios jueces la potestad de elegir a sus representantes? La respuesta no es sencilla. Si a los mandos del PSOE se hallara un verdadero demócrata, yo me inclinaría por el «no». Mejor un consejo con el mandato caducado a la espera de independencia que otro recién nombrado por el vergonzoso procedimiento del intercambio de cromos. Sucede, no obstante, que el caudillo socialista dista mucho de respetar las normas propias de la democracia. Lo ha demostrado una y otra vez desde que llegó a la Moncloa, al faltar de forma grosera a sus compromisos electorales para satisfacer las exigencias de sus socios separatistas, al convertir organismos públicos como el CIS o RTVE en instrumentos de propaganda al servicio de sus intereses, al presumir sin pudor alguno de controlar a la Fiscalía a través de un fiscal general arrodillado a sus pies, al utilizar a las distintas ministras portavoces del Ejecutivo como sus muñecas de ventrílocuo partidista o, más recientemente, al desactivar la función constitucional del Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, por la puerta trasera de una enmienda. Sánchez carece de palabra, de escrúpulos, de barreras y de honor. Amenazó con designar él mismo a veinte lacayos de su cuerda y lo habría hecho, a buen seguro, del mismo modo que cambió las normas con el fin de recortar las funciones del CGPJ e impedirle hacer nombramientos mientras estuviera en funciones. Sánchez no es un adversario político al uso, sino un sectario a quien solo cabe considerar un enemigo. De ahí que las garantías obtenidas por Feijóo con la mediación de la UE resulten cuando menos aceptables. Hará falta una mayoría cualificada para escoger a los miembros del Supremo y el Congreso se pronunciará pronto sobre una reforma llamada a terminar con el infame manoseo que padece la justicia. La izquierda votará en contra, ya lo ha dicho. No se sienten vinculados por el papel que han firmado. Esa es su catadura. Pero la alternativa era peor.