Hace no demasiados años Podemos parecía la mayor amenaza política en España. Para verlo bastaba con acercarse a las obras de sus principales referentes. Existían vídeos con las hazañas de Iglesias y Errejón, existían los manifiestos solidarios con el etarra Iñaki de Juana Chaos, los discursos sobre Venezuela, los posters de Lenin en los despachos, los artículos sobre ETA y la izquierda abertzale o, en fin, existía Monedero.

A pesar de los análisis tranquilizadores de los expertos en el arte de poner nombre a las cosas -la ciencia política, que a veces es servicio de alertas democráticas, a veces taxonomía y a veces ni eso-, la mayoría de los españoles parecía tener claro qué supondría la llegada de Podemos al poder. Parecía tenerlo claro incluso Pedro Sánchez, que en septiembre de 2019, después de una primera investidura fallida, decía que no dormiría tranquilo si aceptase la oferta de ese partido para un Gobierno de coalición. 

Un par de meses después, Sánchez anunciaba el acuerdo para un Gobierno de coalición.

En ese momento en España se dio definitivamente la vuelta a la exigencia clásica: a partir de ahora serían las leyes las que deberían estar al servicio de los políticos

El sueño del presidente no se alteró. No se produjo la anunciada crisis de Gobierno perpetua. Y no se produjo porque el PSOE pasó a defender con convicción la mayoría de las cuestiones que en principio lo alejaban de Podemos. Entre todas ellas la más importante, la central, fue la de Cataluña, que como sabemos era la cuestión del sometimiento de la política a las leyes. Fue el partido de los socialistas -el lado moderado del Gobierno- el que defendió la conveniencia de los indultos. Y la defendió porque concebía las sentencias como un ejercicio de venganza del Estado, y porque entendía que los políticos de su cuerda no debían estar sujetos a las mismas obligaciones que el resto de los ciudadanos españoles. En ese momento en España se dio definitivamente la vuelta a la exigencia clásica: a partir de ahora serían las leyes las que deberían estar al servicio de los políticos.

Todo lo que hubo antes y todo lo que vino después, todo lo que aún nos queda por ver, parte de esta idea: el Gobierno, si es bueno, no debe someterse a ningún control. Es una idea que durante mucho tiempo se asoció en España a Podemos y a los golpistas de Cataluña, y la inercia ha hecho que muchos de los comentaristas políticos ajenos al ecosistema socialista sigan sin darse cuenta de que el partido que hoy defiende con más ahínco esta concepción de la democracia es el PSOE. Sólo así, por la inercia, se entiende que sigamos hablando de Sánchez como un mero oportunista político que pactaría con quien fuera para mantenerse en el poder, y sólo así se entiende que sigamos hablando del PSOE como rehén de Podemos, de ERC y de Bildu.

Se entiende, pero estaría bien que el análisis político comenzase a estar a la altura del desafío al que nos enfrentamos los españoles. Porque lo más probable es que Sánchez no sea ese tipo pragmático, sin escrúpulos pero sin convicciones, que pintan los cronistas. Es probable que en el PSOE tengan convicciones reales y firmes sobre el ejercicio del poder y sobre la democracia, y que esas convicciones no sean muy distintas a las de Iglesias, Junqueras o Arnaldo Otegi. 

Hace unas semanas deshicieron las sentencias del Supremo por el golpe de Estado en Cataluña, y hace unos días defendieron la legitimidad del confinamiento cuando el TC lo declaró inconstitucional

Aquel «desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas» de Colau en 2015 que tanto preocupó a periodistas y politólogos es desde hace tiempo la auténtica bandera socialista. Lo que pasa es que, cuando eres el Gobierno, la desobediencia no te lleva a la calle sino que puede ejercitarse desde el BOE, y se gana en tranquilidad. Hace unas semanas deshicieron las sentencias del Supremo por el golpe de Estado en Cataluña, y hace unos días defendieron la legitimidad del confinamiento cuando el TC lo declaró inconstitucional. “Lo volveremos a hacer”, vinieron a decir los dirigentes del partido, con el respaldo de muchísimos periodistas y politólogos honda y eternamente preocupados por las crisis institucionales en Hungría y por la persistente amenaza de Trump.

Cuba y el valor añadido

El Gobierno “salvó vidas”, y ésa es la única justificación que necesitan. Para hacerlo confinó a los españoles en sus casas sin seguir los mecanismos establecidos. ¿Qué más da estado de alarma o de excepción? Lo importante es dejar que el Gobierno haga siempre lo que crea mejor, sin más límites que su voluntad y sin perder el tiempo con tonterías. El control judicial al Gobierno es lawfare, la Justicia está “secuestrada por la derecha” y la sentencia del TC son “elucubraciones doctrinales”. 

La última muestra de las convicciones del PSOE sobre la democracia coincide con el estallido de las revueltas en Cuba, y también en esto se puede comprobar hasta qué punto la diferencia entre los socialistas y Podemos es sólo estética. Belarra dice que lo de Cuba no se puede explicar con “parámetros europeos”, Calviño defiende que “no aporta valor añadido” poner etiquetas a las cosas. Hoy no es productivo decir que Cuba es una dictadura, hace un par de meses Madrid era un infierno fascista. 

Unos tienen posters de Lenin en el despacho, otros estatuas de Largo Caballero en las plazas. Las convicciones profundas, evidentemente, no pueden ser muy distintas.