Para un jurista como Castillejo eso acarreaba un problema de gran hondura moral: «Si se alega que los delitos cometidos en nombre de un ideal se transfiguran en acciones heroicas, desde que ese ideal conquista la conciencia pública, la responsabilidad no se derivará de la intención sino del éxito».

Exactamente así acogieron la amnistía Esquerra, Junts y sus aliados cuando se la concedió Sánchez. Exactamente así la han vuelto a acoger cuando la ha avalado el TJUE. Como la legitimación de sus actos de sedición.

El problema es que «en ese caso —proseguía Castillejo— no podría haber delincuentes más que entre los minoritarios, y el derecho, que se ha formado para proteger a los débiles, no ampararía más que a los fuertes».

Así reprochaba un liberal la desigualdad ante la ley impuesta por las izquierdas: «Cicerón percibió ya que, con ese criterio, un criminal no sería sino un desgraciado que se equivocó en el cálculo de probabilidades y resistencias».

Una semana después Castillejo volvía a la carga: «Una amnistía otorgada por parlamentos o gobernantes de soberanía ilimitada, que son a un tiempo, jueces y parte, combatientes y vengadores, no es un acto de justicia. Más bien parece rescate de prisioneros para incorporarlos de nuevo al combate».

Todo un augurio del «ho tornarem a fer».

Cualquiera diría que Castillejo estaba viajando en el tiempo para escribir la crónica de algo que sucedería 90 años después: «Dos votos menos en el Parlamento, y los prisioneros de un gobierno sienten con alborozo el rumor de sus camaradas que asaltan la prisión para libertarlos. Es la amnistía. No ha habido delito«.

Sólo hay que poner siete donde él puso dos y añadir el ‘Nihil Obstat Imprimatur’ del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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Si le quitamos los adornos de la «reconciliación» que todos sabemos que son mentira, pues nunca habría habido amnistía con otra aritmética parlamentaria, la sentencia del TJUE tiene una gran virtud clarificadora. La de su aplastante lógica circular.

La amnistía de Sánchez se convirtió en ley porque contó con los votos para ello y esa ley se hizo «legal» porque el Tribunal Constitucional dijo que cabía en la Constitución.

Da igual que quienes vivimos los debates del 78 podamos acreditar fehacientemente que eso es falso. O que al menos los constituyentes pretendieron excluir la amnistía al votar expresamente contra su inclusión.

Da igual. La mayoría de ellos están muertos y los siete votos de la mayoría en el tribunal los tiene ahora Cándido Conde-Pumpido… por obra y gracia de Sánchez.

La amnistía de Sánchez se convirtió en ley porque contó con los votos para ello y esa ley se hizo «legal» porque el Tribunal Constitucional dijo que cabía en la Constitución.

Lo que nos ha dicho el TJUE es que la justicia de la Unión Europea no está para salvarnos de las consecuencias de las decisiones de nuestros gobernantes, mientras estas no afecten a los intereses económicos del bloque.

Es decir que la opinión de la propia Comisión Europea, armónica con la de la gran mayoría de los españoles, al denunciar la impropiedad de una «autoamnistía», no fue más que eso: una opinión.

Como la amnistía no es en sí misma una figura jurídica incompatible con los Tratados de la UE, tendrá que ser cada Estado miembro el que en definitiva diga cuando sí y cuando no. Y esto sirve para cada vez que el que manda quiera hacer «de la necesidad virtud».

Queda ahora el pulso entre el Constitucional y el Supremo sobre si la malversación fue «idealista» —en el sentido apuntado por Castillejo— o generó un beneficio personal.

La mayoría del TC dirá lo primero y concederá el amparo a Puigdemont, Junqueras y compañía. A la Sala Segunda del TS le tocará decidir si mantiene que hubo lucro indirecto y retrasa el desenlace con una nueva cuestión prejudicial ante el TJUE de predecible fracaso.

Pero la clarificación jurídica de este tipo delictivo, tras la reforma del Código Penal para favorecer a los golpistas, va a ser decisiva. Y no sólo en lo que se refiere a la amnistía. ¿Puede haber lucro sin meterse dinero en el bolsillo?

De hecho, el párrafo crucial del excelente auto de los cinco magistrados que acaban de sentar en el banquillo a Begoña Gómez es aquel en el que describe su «beneficio económico» a través de una cátedra extraordinaria sin remuneración formal.

Ahora volveremos a ello, pero permítaseme insistir en que el mensaje de fondo del TJUE debe suponer el final de la inocencia sobre la existencia de una hipotética red de seguridad europea en materia de seguridad jurídica.

A lo más que podemos aspirar es a que algún que otro pellizco de monja resbale sobre la piel de rinoceronte del sanchismo, como el informe del Estado de Derecho que acaba de divulgarse.

Mientras el deslizamiento hacia la autocracia siga haciéndose bajo un marco formalmente legal bendecido por el TC, dependerá sólo de nosotros el poder detenerlo.

Mientras Sánchez siga en el poder, en España podrán fabricarse leyes como la de la amnistía, la del «sí es sí», la ley trans e incluso la ley de nietos en su versión falsificada por la directora general Sofía Puente.

Por cierto, desde que un joven Manuel José Quintana alteró el decreto de convocatoria de las Cortes de Cádiz, no se había producido una falsificación administrativa tan flagrante al sustituirse la norma aprobada por otra. Será que el trile es cosa genética.

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Que ni las gestas deportivas —loor y gloria a nuestra selección, gane esta noche o pierda— ni el calor extremo del verano nos sofronicen. Que nada nos adormezca o domestique. Es la libertad o la muerte democrática lo que se va a dirimir en las próximas elecciones.

Porque la total falta de escrúpulos y sentido de los límites de Sánchez es un elemento clave de la ecuación. Al menos la amnistía del 36 no le pilló a nadie de sorpresa porque era uno de los primeros puntos del programa con que el Frente Popular había llegado a las urnas.

Es la mínima clarificación que cabría exigir a Sánchez si se empecina en presentarse a las próximas elecciones generales. ¿Se compromete a no amnistiar, indultar o eximir de responsabilidad mediante cambios legislativos o coacciones a los tribunales a ningún miembro de su familia o preboste de su partido?

La propia literalidad de este requerimiento obliga a frotarse los ojos, pues parece propia de los juramentos de los reinos medievales o las intrigas palaciegas de las satrapías orientales.

Mientras Sánchez siga en el poder, en España podrán fabricarse leyes como la de la amnistía, la del «sí es sí», la ley trans e incluso la ley de nietos en su versión falsificada por la directora general Sofía Puente.

Resulta inconcebible que en una democracia del siglo XXI un primer ministro se aferre al poder e intente perpetuarse al menos trece años en el cargo después de que su doble lugarteniente, su fiscal y su propio hermano hayan sido condenados por diversas modalidades de corrupción y después de que su misma esposa haya sido enviada al banquillo para que un jurado popular decida si presionó desde la Moncloa al rector de una universidad pública para que la hiciera catedrática.

Y no añado por mera cautela argumental todo lo previsible respecto a su paladín Zapatero, su penúltimo secretario de organización Cerdán, su directora de la guardia civil, su presidenta de la Sepi, sus gerentes de Ferraz o su fontanera para todo.

Nadie con ese pasivo a rastras se ha atrevido nunca a plantar batalla en las urnas. Pero él ya ha tocado a rebato. Ya agrupa y rearma a sus mesnadas del CIS, el BOE y los medios tanto públicos como onerosamente concertados.

No hay más que zapear en determinados programas nocturnos, vespertinos o mañaneros para percibir el nivel de ferocidad con que sus hoplitas aguardan el combate, cuchillo entre los dientes.

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Sánchez es rehén de sus propios edictos absolutorios.

García Ortiz es «inocente», aunque la Sala Segunda del Supremo le haya condenado por revelar un secreto tributario para «ganar el relato» al novio de Ayuso.

Su hermano David Sánchez es «inocente», aunque le haya condenado la Audiencia Provincial de Badajoz por unanimidad, probando concienzudamente las tres fases del tráfico de influencias que le permitió disponer a sus anchas de un empleo público, creado ex profeso para él.

Su esposa Begoña Gómez es «inocente», aunque la Audiencia Provincial de Madrid la haya sentado en el banquillo, argumentando por unanimidad que utilizó la Moncloa como «trampolín» para hacerse un ‘Urdangarín exprés’ a costa de la Complutense.

Y su «pana» Zapatero es «inocente», aunque hayan transcurrido dos meses desde el hallazgo de las joyas escondidas en su despacho de Ferraz y más de uno desde que pidiera una semana al juez instructor para explicar su origen.

A estas cuatro absoluciones públicas y solemnes, trompeteadas por su gobierno y su partido, deben añadirse también los votos de confianza que implican mantener en sus cargos a la directora de la Guardia Civil, al DAO, a la gerente del PSOE y a la presidenta y vicepresidente de la SEPI imputados por la trama de la ‘fontanera’.

La propia de un demócrata sería la dimisión por haberse equivocado al elegir, al no vigilar y al respaldar frente a los tribunales a sus allegados, poniendo la mano de su función institucional en el fuego de la responsabilidad política.

¿Qué opciones le quedarían a Sánchez si continuara en la Moncloa y algunos de estos asuntos concluyeran en condenas firmes, cuando todas las instancias judiciales se hubieran pronunciado en el mismo sentido que las que ya lo han hecho?

La propia de un demócrata sería la dimisión por haberse equivocado al elegir, al no vigilar y al respaldar frente a los tribunales a sus allegados, poniendo la mano de su función institucional en el fuego de la responsabilidad política. Pero ya sabemos por experiencia que eso no lo ha hecho ni lo hará jamás.

La ineludible alternativa será pues la de tratar de reparar por todos los medios al alcance de su mayoría política la condena de esos «inocentes» que se habrían convertido en víctimas de una justicia desviada en todas sus instancias.

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Como nada de esto es ciencia ficción, al menos que las cartas estén sobre la mesa. Es decir que el programa electoral del PSOE y sus compromisos ante las urnas, aclaren si Sánchez tiene el propósito de amnistiar o indultar a su mujer, a su hermano, a sus amigos y colaboradores en el caso de que vuelva a ser investido presidente.

En aquel segundo artículo sobre la amnistía de marzo del 36 José Castillejo escribió que «entregar la justicia, la educación y la riqueza a los que esgrimen la fuerza y han de vivir complaciendo a amigos y aplastando a enemigos es lo mismo que renunciar a todo ello».

Quince días después advirtió que «si en algún caso hay que causar dolor no es lo mismo el bisturí del médico que la navaja del chulo«.

El golpe de Estado le sorprendió en Ginebra como miembro de un comité de la Sociedad de Naciones. Volvió a España para ponerse a disposición del Gobierno de la República, pero pronto vio su nombre en una lista de «fusilables» del periódico socialista Claridad.

El ministro azañista de Instrucción Pública Francisco Barnés le salvó de las garras de los milicianos de UGT que se disponían a darle el ‘paseo’ y le ayudó a huir a Londres. Al final de la guerra el bando vencedor le depuró y privó de su cátedra por su labor «funesta… encaminada al daño material y moral de nuestra raza».

Dedicó los últimos años de su vida a la defensa de la democracia liberal desde el canal en castellano de la BBC. La editorial Página Indómita acaba de reeditar sus artículos.