El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez paga su investidura a delincuentes, golpistas y enemigos de la unidad de España y la Constitución. Lo que, al margen de las posibles consecuencias jurídicas y electorales que ello comporta -en vísperas de los comicios europeos del día 9 de junio-, constituye una aberración jurídica que conculca el Estado de Derecho por la flagrante desigualdad ante el conjunto de los españoles de la Ley y, en consecuencia, por la inconstitucionalidad de esta norma cuyo texto final fue redactado por delincuentes a los que beneficia.
Una ley desigual que solo beneficia a gobernantes y dirigentes catalanes que participaron en el golpe de Estado catalán de 2017 pero no al conjunto de los malversadores españoles que están imputados o han sido condenados por el mismo delito de malversación. O incluso de terrorismo, a tenor de lo que se está conociendo ahora en el llamado caso Tsunami.
Lo que el presidente Sánchez justifica diciendo que con ello se ha beneficiado la convivencia en Cataluña (y al PSC en las recientes elecciones catalanas), por más que rompe la concordia nacional y violenta los pilares fundamentales del Estado de Derecho en España. Hasta el punto de que todo esto pueda ser ‘legal’ y hasta ‘constitucional’ si el presidente del TC, Conde Pumpido y sus magistrados afines, convalidan la Ley una vez que haya pasado el tamiz de la UE.
Todo ello incluye la lectura añadida de que el sistema político español nacido de la Transición adolece de las garantías jurídicas y democráticas de control del poder Ejecutivo, cuando quien ocupa la jefatura del Gobierno como ocurre con Sánchez es capaz de retorcer la Constitución para permanecer en el poder.
¿Rebeldes en el Constitucional?
Lo que sucederá salvo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al admitir la ‘cuestión prejudicial’ que le presentará el Tribunal Supremo español, eche por tierra la ley de amnistía por contraria al Derecho europeo en lo que se refiere a los delitos de la malversación y el terrorismo. O salvo que algunos de los magistrados del TC, nombrados por Sánchez, se rebelen contra Conde Pumpido y tumben esta norma por su inequívoca inconstitucionalidad.
La ley aprobada ahora, en todo caso, no podrá ser aplicada hasta que no dicten sentencia -si la admite a trámite primero- el TJUE y el luego TC. Y lo que necesitará un espacio de tiempo, al menos de dos años, antes de que todos los delincuentes catalanes afectados puedan ser amnistiados si finalmente ambos tribunales, TJUE y TC, validan la Ley en sus respectivas sentencias, lo que está por ver.
Y dramático sería que en estas elecciones europeas, con sus diversas lecturas ‘plebiscitarias’ pendientes -sobre la amnistía y los liderazgos respectivos de Sánchez y Feijóo-, el PSOE resultara vencedor legitimando la amnistía. O que al menos lograra un empate técnico con el PP ante la creciente debilidad escapista de Feijóo.
E impulsado el PSOE en el electorado progresista por: el buen resultado del PSC en Cataluña; la bronca de Sánchez con Milei para azuzar así el discurso de la extrema derecha y el PP; los 1.000 millones de la nueva ayuda militar a Ucrania (rechazada por Sumar) y el reconocimiento del Estado palestino. Y todo ello acompasado con la ventaja mediática de seis canales nacionales de televisión al servicio del PSOE además de la ocupación de las principales instituciones del Estado.
Una ley desigual que solo beneficia a gobernantes y dirigentes catalanes que participaron en el golpe de Estado catalán de 2017 pero no al conjunto de los malversadores españoles que están imputados o han sido condenados por el mismo delito de malversación
Crece el ‘caso Begoña’
Y mientras tanto, le crecen a Sánchez los escándalos de Koldo, Ábalos y su esposa Begoña Gómez, cuya condición de ‘investigada’ fue ocultada por Sánchez cuando, hace un mes y medio, amagó con dimitir. Una Begoña Gómez de la que se conocen nuevas ‘andanzas’ que se añadirán a las cuestiones que ahora están en investigación judicial por su presunta corrupción y tráfico de influencias en asuntos como: el rescate por el Gobierno de la compañía Air Europa (del Grupo Globalia, que financiaba actividades de Begoña) por más de 700 millones de euros; y en contratos públicos del llamado grupo de empresas Barrabés (que también financiaban la ‘cátedra’ de Gómez) y a las que Begoña Gómez avaló con recomendaciones que ella misma firmó.
A lo que se añade, según se acaba de saber, que la tal Begoña ‘pasó el cazo’ a grandes compañías del Ibex 35, como Indra y Telefónica -ahora participadas por el Estado- y Google España donde la recibieron por ser la esposa de Sánchez en el más alto nivel y le financiaron la elaboración de un software -que parece que ella comercializa- para su pretendida cátedra y ‘Máster de Transformación Social Competitiva’. Un software diseñado con premura y ‘gratis total’ con un coste de unos 200.000 euros. Lo que cabe de esperar que se incorpore a la investigación judicial.
Revolcón o empate en Europa
Y así, mientras Abascal se presenta en Israel para apoyar a Netanyahu, y los medios de comunicación lideran la investigación de los varios escándalos ya conocidos de Begoña Gómez, el líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se mantiene medio de perfil y solo le aplica a Sánchez leves ‘pellizcos de monja’ en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en la que Sánchez utiliza ‘el fango’, para tapar a a su esposa.
Pero Feijóo duda si llamará a declarar a Sánchez al Senado o si, por ahora, renuncia ello por estrategia electoral, aunque ya sabemos que a Begoña Gómez, a la que el PP y Feijóo se niegan a mencionar -le llaman ‘el entorno’-, no la citarán a declarar. Tal y como debería de hacerlo el líder del PP y la Oposición.
El que el miércoles perdió la oportunidad de decirle al presidente en el Congreso aquello que, de manera injusta e infame, le espetó Sánchez a Rajoy durante un debate electoral en 2015. En este caso, la fórmula sería: ‘Señor Sánchez, usted no es una persona decente’.
Pero Feijóo, que le tiene pavor a una moción de censura contra Sánchez, como la que debió haber presentado el 29 de mayo de 2023, lo que habría impedido el adelanto electoral del 23-J, se teme un revolcón o un empate en los comicios europeos del 9 de junio. Sobre los que sobrevuela el fantasma de una abstención de más del 50% que ya veremos como se reparte y si ello permite a Sánchez aguantar la embestida electoral o si Feijóo se lleva la parte del león.