La amnistía, ilegalidad flagrante hasta hace nada, ya es ahora perfectamente constitucional si existe la sacrosanta voluntad política para que lo sea. La voluntad política, se entiende, de querer satisfacer las reivindicaciones nacionalistas, leitmotiv de la política española. Y quien no tenga la susodicha voluntad política para poner otra vez la otra mejilla y perjudicarse a sí mismo y a España, es un fascista, o aún peor, un enemigo de la «coalición progresista«.
Hasta hace nada, salvo los propios interesados por razones personales y políticas, es decir, los cabecillas de la insurrección independentista de 2017, los «mandos intermedios» que acompañaron el golpe y la turba ciudadana que salió a la calle violentamente para intentar consolidarlo, todo el mundo coincidía en que la amnistía era un imposible político y constitucional, y así se han venido expresando estos últimos meses, incluso con vehemencia, tanto políticos como juristas, tertulianos, opinadores o miembros destacados de los principales medios de comunicación, a izquierda y a derecha del espectro político. Mientras algunos seguimos pensando lo mismo que pensábamos anteayer, otros han cambiado de opinión sin rubor ni vergüenza (incluido el propio Sánchez, claro), y donde antes decían “es imposible” afirman ahora categóricamente que es perfectamente legal y constitucional, y hasta una necesidad política. Y así han dejado de ser de derechas para volver a ser progresistas.
Lo siguiente será el derecho a decidir de Cataluña, que no es sino privar del derecho a decidir al resto de los españoles sobre cuestiones que son de nuestra competencia
Y ello porque Sánchez necesita la amnistía para mantenerse en la poltrona y seguir avanzando en la deconstrucción del Estado (un medio como cualquier otro para lo primero). La cuestión es cuántos de los que defienden la amnistía ahora la defendían antes de que Puigdemont se volviera indispensable para Sánchez y la exigiera como condición indispensable para hacerlo presidente del país del que quieren irse. Con los indultos ocurrió algo parecido. Y lo siguiente será el derecho a decidir de Cataluña, que no es sino privar del derecho a decidir al resto de los españoles sobre cuestiones que son de nuestra competencia: es decir, que el modelo de Estado o su voladura lo decidan unilateralmente los residentes en un territorio. Que una parte decida por el todo.
La cuestión relevante es, claro, que ahora hay más interesados que antes en hacer posible la amnistía. Porque es condición necesaria (que no suficiente) para que el PSOE y sus socios rupturistas sigan gobernando España. Como si a un antitaurino lo hacen regente de las Ventas. Y lo que antes era una reivindicación inaceptable de un prófugo de la Justicia, ahora es una necesidad perentoria. Porque el objetivo último es que Sánchez siga en la Moncloa, caiga quien caiga.
Un insulto a los ciudadanos decentes que cumplimos las leyes, pagamos los impuestos religiosamente y aceptamos que no todas nuestras reivindicaciones pueden cumplirse, porque aceptamos la democracia y respetamos el Estado de Derecho
Como han explicado juristas de prestigio, la amnistía es inconstitucional y un imposible. Pero aunque fuera legal, aprobar una ley de amnistía para aplicarla a los que dieron un golpe de Estado para alcanzar la independencia, prometen volver a hacerlo y no se arrepienten, es una irresponsabilidad mayúscula que traerá consecuencias políticas imprevisibles. Para empezar, aceptar que los independentistas no cometieron ilegalidad alguna y que el Estado se excedió en la defensa de nuestra democracia, incluidos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que se jugaron la vida aquellos días de 2017 para mantener el orden constitucional y los derechos de la mayoría frente a los totalitarios. Además, un insulto a los ciudadanos decentes que cumplimos las leyes, pagamos los impuestos religiosamente y aceptamos que no todas nuestras reivindicaciones pueden cumplirse, porque aceptamos la democracia y respetamos el Estado de Derecho. Qué decir de la sociedad civil catalana constitucionalista, víctima de los abusos del independentismo, que pasaría de estar abandonada por el Gobierno de España a ser directamente insultada. Pero al PSOE le resbala todo y confía en la equidistancia de buena parte de la sociedad democrática. Un amigo me argumentaba que «condenar a alguien a cuatro años de cárcel por subirse a un coche» fue un exceso que debe ser corregido, como si el hombre se hubiera subido al vehículo para salvarse de una riada y no para movilizar a una turba violenta y hacer definitivamente posible el golpe antidemocrático.
La amnistía forma parte del sapo que debemos tragar sin quejarnos, como los indultos y la rebaja del delito de corrupción para los corruptos; y todo ello para hacer posible y concluir el «proceso de desjudicialización de la política catalana», que no es otra cosa que la impunidad de sus amigos y socios. El PSOE aprobará la ley por la puerta de atrás y a través de cualquier triquiñuela que a los socialistas se les ocurra. Y a continuación dirán que es perfectamente legal. Lo hagan como lo hagan, seguirá siendo una indecencia.