Incluso pensadores, como Platón, defendieron el recurso a las nobles mentiras para el buen gobierno de la sociedad. O como Maquiavelo, quien aconsejaba al príncipe que debía ser mitad hombre y mitad bestia. Es decir, apoyarse en la ley siempre que le fuera posible. Pero también, si convenía al mantenimiento del Estado, olvidarse de aquella y recurrir al engaño o a la fuerza: ser zorra, decía, para conocer los lazos, y león para espantar a los lobos.

Un caso curioso fue el del rey de Prusia Federico II, admirador de Voltaire y que en su juventud, a escondidas de su padre, había escrito Contra Maquiavelo. Una vez que accedió al trono, puso entre paréntesis sus ideas ilustradas y no le hizo ascos a la más dura realpolitik. Por presiones de D’Alembert, sin embargo, ordenó en 1778 a la Real Academia de Ciencias de Berlín que convocara un concurso público bajo el lema ¿Est-il utile au peuple d´être trompé? Se presentaron 42 contribuciones, a favor y en contra.

Nuestro Centro de Estudios Constitucionales publicó en 1991, con el título ¿Es conveniente engañar al pueblo?, una excelente selección de los principales trabajos presentados en aquel famoso concurso (los de Frederick de Castillón, Rudolf Zacharias y, sobre todo, el de Condorcet).

A la vista de la situación política que vivimos en nuestro país tras las elecciones del 23-J, tal vez el citado Centro podría reeditar aquel libro con una adenda específica para el caso español a propósito de la amnistía.

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Los miembros del Gobierno han venido manifestando, de forma reiterada durante la pasada legislatura, su rechazo a la amnistía y a un eventual referéndum en Cataluña. Así el presidente del Gobierno, por todos, dijo que «la amnistía y el referéndum no son posibles porque la Constitución no los incorpora» (el 15 de septiembre de 2021); y que no aceptaría la amnistía porque no estaba respaldada por la legislación ni por la Constitución Española (el 22 de noviembre de 2022).

Y una buena parte de los ciudadanos le creímos.

«En el programa electoral del PSOE, tan prolijo en cuestiones menores, no figuraba la aprobación de una amnistía»

Asimismo, durante la última campaña electoral se dijo a los ciudadanos que las contestadas decisiones tomadas por la pasada mayoría (indultos, eliminación de la sedición, reforma de la malversación) habían dado resultado y que el problema catalán se había resuelto o desinflamado.

Tal vez por ello, en el programa electoral del PSOE, tan prolijo en cuestiones menores, no figuraba la aprobación de una amnistía. De nuevo una parte de los españoles les volvimos a creer y, con tal confianza, cada ciudadano pudo conformar el sentido de su voto el 23-J.

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El presidente Sánchez está negociando ahora los necesarios apoyos para su investidura y no ha excluido que la amnistía sea uno de los elementos presentes en dicha negociación. Pues bien, ¿puede ahora el PSOE introducir en el programa de Gobierno la aprobación de la amnistía que no figuraba en el programa electoral?

Es verdad que ningún programa de gobierno puede adelantar toda la futura acción del mismo. La indeterminación de propósitos (se sabe que hay que hacer algo, pero no se sabe todavía qué) y la imposibilidad de prever el futuro obligan a los gobiernos adoptar políticas que no estaban previstas en su programa.

Pero en este caso concreto, el propósito (rechazo de la amnistía) estaba claro según nos dijeron, y no se ha producido ningún hecho relevante desde el 23-J hasta hoy. Como pudiera ser, por ejemplo, la renuncia de sus socios a la unilateralidad.

La negativa del actual Gobierno a la amnistía, pues, se ha fundamentado hasta ayer en la creencia de que la amnistía era inconstitucional y de que por esa razón se rechazaba la misma. Esta creencia era un buen argumento del Gobierno, por una parte, ante los independentistas para que rebajaran sus pretensiones. Y, por otra, para tranquilizar a los españoles inquietos por sus contestadas leyes.

Era una posición fuerte; de principios.

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¿Qué es, pues, lo que está pasando? ¿Se ha cambiado de creencias y lo que antes se veía como inconstitucional ahora se considera constitucional? Rodríguez Zapatero ha sido sincero en unas recientes declaraciones a favor de la amnistía: «Si hay que cambiar de opinión, se cambia».

Pues bien, con todo mi afecto y respeto, le recordaría que las creencias y opiniones (Bernard Williams, Verdad y veracidad), cuando apuntan a la verdad, no cambian al compás de los gustos, fantasías o conveniencias. Si alguien ha expresado su creencia de manera genuina no cabe posibilidad de que sencillamente cambie de idea, salvo que se trate de personas insinceras o negligentes, o que hayan sido engañadas.

«Lo que ha ocurrido es que se ha cambiado de intención y, acto seguido, se adaptan a posteriori las creencias a la necesidad de esos votos»

Esa relativa estabilidad de las creencias es lo que las diferencia respecto a la inestabilidad de nuestras intenciones, que sí que cambian al compás de los gustos, los intereses o la conveniencia. No parece, pues, que se haya cambiado de creencia. Más bien lo que ha ocurrido es que se ha cambiado de intención y, acto seguido, se adaptan a posteriori las creencias a la necesidad de esos votos.

Para eso también están los asesores áulicos. Y, en última instancia, el tema de la constitucionalidad, se nos dice, ya lo decidirá el Tribunal Constitucional, sobre cuya credibilidad, planteadas así las cosas, se arrojaría un poderoso disolvente.

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No creo, pues, que el presidente del Gobierno haya sido insincero, negligente o le hayan engañado cuando afirmaba rotundamente que la amnistía es inconstitucional. Tampoco creo que haya descubierto, precisamente en plena negociación de su investidura, que la amnistía es constitucional.

El problema que tiene es que le faltan siete votos y si hay que cambiar de creencias, pues se cambia. Ya lo advertía Maquiavelo en El príncipe, cuyo tremendo capítulo XVIII es de lectura recomendable estos días: cuando un príncipe ve que su fidelidad a las promesas se convierte en perjuicio suyo y que las ocasiones que le determinaron a hacerlas ya no existen, no puede y aún no debe guardarlas, a no ser que consienta en perderse.

Pues bien, tal vez el papa Alejandro VI, el Borgia al que Maquiavelo ponía como ejemplo, pudo «engañar a todos» con éxito en aquella Roma del siglo XV. Pero hoy en día en nuestras democracias, donde el príncipe es el pueblo soberano, si los dirigentes, en provecho propio, no hacen honor a sus palabras y compromisos, quiebran la confianza social, un capital indispensable para gobernar.

Porque entonces no faltarán ciudadanos que piensen de sus dirigentes lo que decía Salustio en sus Catilinarias (10.5): a muchos mortales la ambición les lleva a tener una cosa guardada en el pecho y otra expedita en la lengua.

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Pero lo que ha ocurrido lo podemos ver asimismo desde otro diferente ángulo no menos importante: el del voto de los ciudadanos el 23-J. Creo que estos cambios de posición (del no al sí a la amnistía) y de creencias (de considerarla inconstitucional a considerarla ahora encajada en la Constitución) desfiguran retroactivamente el resultado electoral. Porque se ha inducido al error a aquellos ciudadanos, muchos o pocos, que no hubieran votado al PSOE si hubieran sabido que este impulsaría esta amnistía.

Hay aserciones que, por implicación, tienen el valor de una promesa. Si un presidente del Gobierno dice que no hace algo porque lo considera inconstitucional, su aserción implica para los que le oímos que no lo hará. No es una afirmación enfática de la realidad, sino todo un compromiso.

«Llamar a la amnistía ‘alivio penal’ sería también una forma de engañar a los ciudadanos y a los parlamentarios»

Un ciudadano normal no puede entender, ni aceptar, que nada menos que un presidente del Gobierno, haga algo que creía, y decía, que es inconstitucional.

Por ello, el ciudadano que el 23-J que no quería esta amnistía, tal y como se le presenta ahora, no era un ingenuo, un enemigo de los catalanes ni, mucho menos, un fanático partidista, como algunos medios presentan a los votantes del PSOE. Sencillamente, aquel elector creía en la veracidad de lo que se le dijo: que no se iba a aprobar porque era inconstitucional. Y se le indujo al error.

Se dice, asimismo, que se están buscando palabras que «endulcen» un término como el de amnistía. Se trataría de alterar las convenciones con las que usamos determinadas palabras recurriendo a términos arbitrarios o caprichosamente ambiguos que permitan a cada uno entender lo que quiera. Los códigos lingüísticos nos proporcionan las primeras leyes de la verdad. Llamar a la amnistía «alivio penal», «ley para el olvido legal de los delitos relacionados con el procés» (Rodríguez Zapatero) o cualquier otro término capcioso sería también una forma de engañar a los ciudadanos y a los parlamentarios.

En el Parlamento británico existe una convención que se respeta escrupulosamente: ni el premier ni los ministros pueden mentir al responder a preguntas o hacer declaraciones en las sesiones. Se acepta en último extremo que den respuestas ambiguas. Pero lo que no se acepta e incluso se considera una grave ofensa es inducir a error a la Cámara.

En suma, cuando el candidato a presidente del Gobierno decida si incorpora o no la amnistía a su programa de Gobierno, conoceremos la respuesta que daría a aquel concurso de la Real Academia de Ciencias de Berlín cuando preguntaba ¿est-il utile au peuple d´être trompé?

Y su respuesta tendrá consecuencias para todos. Incluido para el futuro Gobierno.