Hasta el punto de que el portavoz parlamentario Patxi López invitó ayer a Felipe González a darse de baja como militante, después de que el expresidente del Gobierno anunciara que no volverá a votar al PSOE, mientras sigan al frente los responsables de esta «vergüenza».

«No contarán con mi apoyo ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas de juego, contra el Estado de derecho», señaló este jueves Felipe González en declaraciones a Carlos Alsina en Onda Cero.

«Esta autoamnistía es una vergüenza para cualquier demócrata, y desde luego para cualquier votante o militante del PSOE», subrayó.

Preguntado sobre si la ley de amnistía es «corrupción política», González se mostró rotundo: «Absolutamente, en el peor sentido de la palabra. Y el negociador era Santos Cerdán, un gran especialista en materia constitucional, como se sabe muy bien», ironizó sobre la trama de cobro de comisiones ilegales en la que está implicado el exsecretario de Organización del PSOE.

Felipe González rompe de este modo con el que ha sido, durante más de medio siglo, el partido de su vida, que refundó en 1974 en el Congreso de Surenes para adaptarlo a la socialdemocracia europea.

Aunque siga «aferrado a la Moncloa», señaló González en Onda Cero, Pedro Sánchez «ya no tiene vida política» ni «ningún poder. Todo el poder lo tienen los bilduetarras y Puigdemont, a pesar de que todavía tiene que superar algunas pegas, como la malversación», para poder regresar a España.

Ante la «situación dramática» que vive el PSOE, con sus dos últimos secretarios de Organización (Santos Cerdán y José Luis Ábalos) imputados en el Supremo por corrupción, González consideró que Sánchez debe convocar elecciones y «dar paso a otro candidato que repusiera la imagen del PSOE que hemos conocido».

Desde RTVE, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, respondió a estas palabras invitando a Felipe González, de forma apenas velada, a abandonar el partido.

«Me producen mucha tristeza esas declaraciones porque veo a un Felipe González que ha perdido todo el respeto y todo el prestigio que podía tener en la izquierda de este país. Un Felipe González que ha comprado el argumentario completo de la derecha», sentenció Patxi López en la televisión pública.

«La primera regla en un partido es ser leal», dijo mostrando a González la puerta de salida, «cuando en un debate parlamentario ves a tu líder fajándose contra el adversario y no quieres que gane, tienes que plantearte seriamente qué haces en ese partido«.

El Gobierno no oculta su satisfacción por el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, como un paso decisivo que le permite atar el apoyo de Junts para prolongar la legislatura unos meses más.

Pero este jueves volvieron a escucharse las voces del viejo PSOE, cuyo sentir es abiertamente incompatible con la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, calificó de «bochornoso» que el Tribunal Constitucional avale la ley de amnistía con argumentos «jurídicamente muy infantiles, muy flojos«.

«Para mí es muy grave, muy inmoral, muy fronterizo. Es la expresión más detallada del ‘todo vale’, que en este caso no solo se practica en las leyes, sino que incluso arrastra a las instituciones», señaló el barón socialista.

Page se reafirmó en que la amnistía es una ley «espuria, claramente inmoral», ya que hace «excepción al principio de igualdad ante la ley, que es sagrado en cualquier régimen constitucional». Y lamentó que la credibilidad del PSOE y del Gobierno está en «los niveles más bajos de la democracia».

El expresidente de Aragón Javier Lambán fue más lejos al afirmar que el aval del TC a la amnistía es «un golpe letal a la Constitución y un triunfo para los independentistas. No resuelve ningún problema de Cataluña y crea uno muy grave en España».

Lambán recordó que hasta 2023 el presidente Pedro Sánchez y sus ministros sostenían que la amnistía reclamada por Puigdemont era «anticonstitucional. Siento vergüenza e indignación ante esta infamia«, remató el ex secretario general del PSOE de Aragón.

Todas estas voces, procedentes del PSOE, no distan mucho de la posición defendida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este jueves se reafirmó en que la amnistía avalada por el TC es «ilegal, inmoral, una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder, un obús contra la separación de poderes».

Mientras tanto, el Gobierno ha recibido con alegría próxima a la euforia la resolución del Tribunal Constitucional, que mantiene su habitual dinámica de bloques: la sentencia ha sido aprobada por seis votos de la mayoría de izquierdas a favor y cuatro del bloque conservador en contra (con la abstención del exministro Juan Carlos Campo).

La aprobación de norma fue pactada por Pedro Sánchez con Junts para arrancar la legislatura en otoño de 2023, a pesar de que el propio presidente del Gobierno había asegurado reiteradamente que la amnistía es inconstitucional. Incluso, así se hizo constar en los informes de los indultos a los líderes independentistas que aprobó el Consejo de Ministros.

Euforia en el Gobierno

“Es una muy buena noticia para España, para la convivencia y para la coexistencia. Se cierra una crisis política que nunca debió de salir de la política”, aseguró Sánchez este jueves desde Bruselas con evidente satisfacción.

Coincidió con él Félix Bolaños, titular de Presidencia y Justicia y negociador principal de la norma: «La ley es constitucional, legal, legítima y ha sido útil, porque ha logrado ya la normalización política e institucional absoluta en Cataluña», declaró este jueves.

A su juicio, «la ley culmina un proceso liderado por el presidente del Gobierno para no legar a generaciones futuras una crisis que no solo dividió a los gobiernos, sino a la sociedad, y que tensó hasta límites insoportables la convivencia y la democracia«, aseguró Bolaños en el Congreso.

Bolaños, al igual que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pidió al Tribunal Supremo que se aplique a los líderes independentistas, empezando por Carles Puigdemont.

El Gobierno da por hecho que el Tribunal Supremo mantendrá el freno a la aplicación a Puigdemont, dificultando lo que Moncloa llama “la amnistía política”, es decir, el establecimiento de una relación normal con el expresidente de la Generalitat.

Para el Gobierno, la ratificación de la ley de amnistía es fundamental para establecer el relato de la legislatura, basado en la normalización de Cataluña, aunque en realidad haya sido consecuencia de una exigencia de Puigdemont para votar la investidura de Sánchez.

Moncloa ha basado en gran medida su relato en la reducción del apoyo al independentismo en Cataluña, materializado en la elección del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Éste, a su vez, ha correspondido con decisiones de normalización como acudir a los actos con el Rey en Cataluña, su presencia en conmemoraciones como la del Día de la Constitución en el Congreso y las gestiones para que regresen a Cataluña las empresas que huyeron a causa del procés.