Muy profundo e intenso debe de ser el movimiento de placas tectónicas en la ‘koldosfera’ para que el Gobierno contemple la amnistía como un alivio para esta legislatura prematuramente averiada. El desgaste electoral de esa ley era su principal problema hasta hace dos semanas, y ahora le parece una ventana por la que escapar de las llamas que lo abrasan por la retaguardia. Se trata de tapar un escándalo de venalidad pública y privada con el manto del mayor acto de corrupción política acaecido desde la refundación democrática: vender la impunidad de todos los participantes en la revuelta catalana a cambio de una dosis provisional de estabilidad parlamentaria, y sólo relativa porque no es Puigdemont un personaje en el que quepa depositar mucha confianza. En esta huida hacia adelante está trazado con sinceridad diáfana un excelente retrato moral del momento político de España.

El presidente admitió ayer que ha autorizado cambios en el texto de la proposición, hoy sabremos en qué medida, para otorgar «más garantías» a los sediciosos separatistas. Es decir, para que Puigdemont se deje amnistiar y acceda a proporcionarle al Ejecutivo una mínima respiración asistida. Lo que antes era una mutua necesidad se ha convertido en una relación de dominancia enfermiza donde el presunto beneficiado se hace el estrecho ante un gobernante puesto de rodillas para suplicarle que acepte la insólita prerrogativa de quedar inmune a la acción de la justicia.

Así ha llegado el día en que el sanchismo anda en vilo a la espera del sí redentor de un delincuente huido –perdón: ‘president’ en el exilio– a quien ha convertido en árbitro de su destino. El pacto de Bruselas, firmado para salir del paso como si fuese una abstracta declaración de (falta de) principios, se va a acabar cumpliendo íntegro. Más aún: los insurrectos contra el ordenamiento jurídico van a ser investidos del poder de redactar los textos legislativos y determinar el alcance, el perímetro y hasta la definición de los delitos. Acaso incluidos los de traición y terrorismo.

No es que esto no estuviera en el plan inicial; de hecho la base del acuerdo de investidura de Sánchez consistía en su aquiescencia a la creación de un marco de derechos desiguales. Lo que han cambiado son los condicionantes, que permiten al independentismo afinar los detalles para asegurarse un máximo de cobertura favorable. La asfixia gubernamental por el caso Koldo-Ábalos-Armengol-etcétera (y el etcétera empieza a ser muy relevante) evapora los límites previstos al precio del chantaje. La claudicación se ha vuelto perentoria y los extorsionadores lo saben. Nunca imaginaron que siete escaños podrían resultan tan rentables. Lo tienen todo de cara: una negativa suya, un paso atrás, un mohín de desagrado, una simple objeción insignificante y el mandato entero de vendrá abajo como un castillo construido en el aire.