NO existe ninguna duda razonable de que la votación ilegal de secesión celebrada en 2017 en Cataluña fue posible gracias a la colaboración cómplice de los Mozos, pasiva o activa según los casos. Sin embargo, ningún agente de la policía autonómica fue procesado ni hubo sanción penal alguna para sus mandos, en gran medida porque el responsable principal, el mayor Josep Lluís Trapero, logró armar ante la Audiencia Nacional un relato exculpatorio digno de un político inteligente y avezado. Su declaración como testigo en el Supremo constituyó un formidable ejercicio de equilibrio sobre la peligrosa línea que en circunstancias como aquélla separa el cumplimiento del deber y la comisión de un delito; incluso llegó a decir, en defensa de su independencia, que tenía diseñado un plan para detener a Puigdemont y que él mismo pensaba encabezar el operativo. Desde entonces ha surfeado con enorme habilidad las olas de la traición al separatismo: pasó de héroe a villano, fue destituido, repescado y vuelto a cesar para acabar convertido por Salvador Illa en hombre de confianza a su servicio.

Esta designación revela tanto de Trapero como de Illa. El primero demuestra que, por encima de su oficio ‘técnico’, posee notables dotes intuitivas para navegar en las siempre turbulentas aguas de la política, y el segundo certifica, en línea con la tradición del PSC, su vocación criptonacionalista. Porque ni el mayor es sólo un funcionario profesional capaz de desempeñarse con autonomía al margen del partido que en cada momento ejerza el Gobierno ni ése es el mérito que el presidente de la Generalitat ha valorado al decretar su regreso. Ambos son conscientes del componente simbólico del nombramiento, más allá del prestigio que el alto oficial pueda conservar (o no) en el Cuerpo: se trata de un espaldarazo a la conducta de quienes debieron, pudieron y no quisieron impedir el referéndum. Es decir, de una amnistía política y moral aunque no haya condena de por medio.

Se trata de una decisión relevante que cierra el ‘procés’ en falso por el procedimiento de darlo por superado y aplicarle un cajonazo. Tiene lógica; si los autores fácticos del golpe han sido indultados primero, amnistiados después y por último incorporados como socios parlamentarios, carece de sentido dejar fuera a quienes simplemente se cruzaron de brazos sin que la justicia encontrase modo de castigarlos. Por su sagacidad para reorientarse, Trapero encaja como un guante en el estilo pragmático con que Illa y Sánchez abordan la «reconciliación» de los catalanes: poder a cambio de impunidad y olvido de responsabilidades. La segunda fuga consentida de Puigdemont es el paradigma de este ‘statu quo’ que beneficia a todas las partes –menos a una, pero ésa no cuenta– y cuya siguiente etapa consistirá en la cesión de amplios privilegios fiscales. Empieza la fase del soberanismo de camuflaje.