EL MUNDO – 06/11/14
· La Asamblea Nacional Catalana (ANC) sigue defendiendo públicamente que el 9-N será un éxito, pero lo cierto es que la suspensión decretada por el Constitucional ha sembrado la duda en la entidad independentista, que ayer admitió a sus socios que la decisión del tribunal «debilita la movilización».
La entidad liderada por Carme Forcadell envió un comunicado a sus cuadros con el objetivo de reclamarles un «último esfuerzo» para captar votantes dispuestos a desafiar la prohibición del Alto Tribunal y acudir a las urnas el próximo domingo.
La ANC admite en su circular que «en las actuales circunstancias hay serias dudas sobre la posibilidad de alcanzar una cifra de participación suficiente» el 9-N. A través de un correo electrónico de Forcadell y la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, la promotora de la secesión reconoce que la decisión del Tribunal Constitucional «debilita la movilización para la consulta» y concluye, tras «analizar las posibilidades de éxito», que «el reto es titánico».
La ANC acusa al Estado de estar actuando sin «escrúpulos» para evitar la votación del domingo y pide a sus socios realizar un «último esfuerzo» para combatirlo acudiendo masivamente a las urnas. Para ello, Forcadell reclama a los miembros de la entidad que preside que traten de convencer a conocidos que todavía no se han movilizado por la causa independentista. Concretamente, les insta a «garantizar» que 10 personas de su círculo más cercano y que no participaron en la cadena humana independentista vayan a votar el 9-N. El correo también se dirige a los menores, pues la ANC invita a que se informe a «compañeros de escuela», además de a «familiares, amigos o compañeros de trabajo».
La apelación de Forcadell a sus bases coincidió ayer con la puesta en marcha de la maratón de llamadas con la que la organización soberanista pretende contactar hasta el sábado con tres millones de personas, para animarles a participar en el 9-N e informarles de cómo hacerlo. La campaña de presión se inició a las 10.00 de la mañana y contó con la simbólica presencia de algunas de las principales figuras políticas del panorama catalán, entre las que destacaron el consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs; la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el líder de la CUP, David Fernàndez.
Tanto ellos como los voluntarios anónimos que se prestaron a colaborar en el plan de la ANC debían seguir un guión elaborado por la entidad independentista, que pautaba la información a suministrar y el modo de reaccionar en función de la respuesta del interlocutor que se encontraba al otro lado de la línea.
«La opinión de millones de ciudadanos expresada en las urnas siempre es vinculante», debían responder si alguien les preguntaba «¿qué validez tiene el 9-N?». «Lo que pase a partir del 10 de noviembre dependerá de lo que quiera la mayoría de catalanes», era la contestación sugerida a la pregunta «¿qué pasará con la independencia?». En su pauta, la ANC indicaba incluso que debe responderse que «el número ha sido obtenido de las páginas blancas» si alguien pregunta cómo los de Forcadell han dado con su teléfono.
En paralelo a su campaña de concienciación, la ANC también instó ayer a sus socios a través de otro correo electrónico enviado a última hora de la tarde a «presentarse todos delante de su colegio electoral a las 9.00 de la mañana» del domingo para demostrar «la voluntad de decidir el futuro político de este pueblo» y responder al TC.
Pero mientras en Cataluña todavía sigue pugnando por llenar las urnas, en el extranjero la ANC empieza a sospechar que el 9-N no será posible votar en las sedes oficiales habilitadas por la Generalitat.
Así se desprende de un mensaje que la sectorial de la ANC en Australia remitió ayer a sus socios. En el comunicado sugiere ya un «plan B en caso de que la Generalitat anule la consulta participativa por la suspensión del Constitucional». Si eso ocurre, la delegación de la ANC en Sidney «habilitaría un punto de votación simbólico» en un lugar aún por determinar, pero que en ningún caso sería un local de la oficina de promoción económica del Govern, como había previsto inicialmente la Generalitat.
EL MUNDO – 06/11/14