El artículo 134 de la Constitución Española establece que el Gobierno «deberá presentar» los Presupuestos al menos tres meses antes de que expiren los del ejercicio anterior, que en el caso actual ya estaban a su vez prorrogados. El verbo deber establece un imperativo, no una opción discrecional, y por lo tanto el Ejecutivo lleva ya una semana de retraso tras haber eludido también la encomienda el pasado año. No llega al lustro de bloqueo que la oposición forzó en la renovación del Poder Judicial, pero en términos estrictos el incumplimiento de la obligación constitucional es el mismo. Ciertamente la Carta no dice –tampoco respecto al CGPJ– qué pasa en el supuesto de que su mandato sea desoído, por lo que carece de valor coercitivo y el desacato puede producirse sin ningún efecto legal ni político. El precedente, sin embargo, es desolador porque inserta en el sistema otra de esas anomalías disruptivas que va a dejar como legado el sanchismo.

Sánchez ha decidido invertir por su cuenta las fases preceptivas del proceso al abordar primero la negociación y después el proyecto. Es decir, que los partidos deberán conceder o negar su acuerdo con carácter previo y sin conocer el contenido del documento, convirtiendo así en una farsa el trámite –dicho en su sentido más peyorativo– del debate y la votación en el Congreso. Una deplorable demostración de desprecio colectivo hacia el papel deliberativo del Parlamento, que confirma y refuerza la tendencia gubernamental a reducir las instituciones democráticas a meros mecanismos subalternos. La razón de esta nueva irregularidad –el motivo más bien, porque racionalidad hay poca– reside en el interés del presidente por evitar una derrota que dejaría en evidencia la pérdida de los precarios apoyos sobre los que trata de construir una falsa mayoría hegemónica y le obligaría, aunque lo niegue, a asumir consecuencias peligrosas para su continuidad en La Moncloa.

Presupuestos puede haber, incluso fuera de plazo, si Puigdemont accede a prolongar la legislatura estirando su chantaje. Todo depende de él porque la otra parte está dispuesta a ceder lo que sea preciso para asegurarse de que el prófugo le siga suministrando un poco de aire. Bildu ya ha cobrado su precio infame y el resto de aliados está en el bote a falta de concretar los detalles en forma de contrapartidas financieras y competenciales. Ninguno necesita saber los planteamientos globales; el conjunto del país les importa una higa y su única atención se centra en los réditos particulares. Pero la renuncia a presentar la propuesta de cuentas –otra promesa retirada– certifica que si Waterloo baja la persiana será más que difícil seguir adelante y las elecciones anticipadas llegarán más pronto que tarde. Por si acaso, hay gente haciendo cálculos sobre las posibilidades de una candidatura de izquierdas unificadas bajo el liderazgo de Sánchez.