ABC, 22/7/2011
El equipo policial que investigó el «soplo» a ETA que ha llevado al juez Ruz a procesar al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo —y a otros dos mandos subordinados al ex ministro Rubalcaba— lo hizo correctamente y no hay motivo para desconfiar de su trabajo.
Así lo considera la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha rechazado el recurso presentado por el jefe superior de la Policía en el País Vasco. Enrique Pamiés pedía que fuera otro equipo policial el que asumiera la investigación del «chivatazo» que obligó a posponer la detención de la red de extorsión de ETA que operaba en torno al «bar Faisán» de Irún. La Sala asegura que sigue compartiendo el «mismo criterio de confianza» manifestado por el juez en los investigadores.
Otra de las cuestiones solicitadas por Pamiés era la ampliación de la franja horaria de las llamadas realizadas y recibidas el 4 de mayo de 2006, el día del «chivatazo». La Sala desestima esta petición, pero no porque no sea «adecuada y pertinente», sino porque en este momento «no es posible ni eficaz». Y ello porque, en virtud de la ley de conservación de datos de 2007, esa información ya ha sido destruida por las compañías telefónicas. «Unas diligencias que en su momento podrían haber resultado de interés, hoy son de imposible obtención», reconocen los magistrados.
Por otra parte, el ministro de Interior, Antonio Camacho, mantuvo ayer en Madrid su primera reunión con el consejero vasco del Interior, Rodolfo Ares, y su equipo, con quien compartió su diagnóstico de situación respecto a ETA y la necesidad de mantener la «presión» policial para la derrota definitiva de la banda terrorista. Camacho y Ares se comprometieron a impulsar de manera conjunta el futuro Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo contemplado en la ley integral de víctimas aprobada en junio en el Congreso, para contrarrestar así el intento de ETA de «reescribir la Historia».
«Iñaki de Rentería»
También ayer, la asociación Dignidad y Justicia recurrió el auto en el que Pedraz dejó en libertad al etarra Ignacio Miguel Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería», al considerar que no han cambiado las circunstancias que en su momento llevaron a considerar que existía un elevado riesgo de fuga. DyJ señala que la resolución de Pedraz carece de argumentación y que ha ignorado los informes policiales que apuntan a la participación del ex número uno de ETA en el secuestro del funcionario de Prisiones José Antonio Ortega Lara. Precisamente, esta semana el juez concluyó la causa sin procesarle por estos hechos.