Historiadores de la UPV advierten que el plan de paz «diluye» la violencia de ETA

Son muchas las voces que en los últimos meses han criticado el borrador del plan de paz del Gobierno vasco por no ser contundente, al menos en el nivel esperado, con la violencia ejercida por ETA. Los primeros fueron los partidos de la oposición. Todos, menos EH Bildu. También los colectivos de afectados por el terrorismo presentes en el Consejo Vasco de Participación de Víctimas trasladaron este temor al propio secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández. Pero a la lista hay que sumar a una entidad cuanto menos significativa. Sobre todo, al hablar de memoria. Se trata del Instituto Valentín de Foronda, que reúne en sus filas a más de una veintena de profesores e investigadores del departamento de Historia Contemporánea UPV. La lista incluye, entre otros, a José María Ortiz de Orruño, Rafael Ruzafa, Jon Juaristi, Antonio Rivera, Javier Ugarte y John K. Walton
En el documento de aportaciones que han presentando al Gobierno vasco, los historiadores consideran que uno de los «problemas» del plan reside en «su ambigüedad en aspectos fundamentales». Se refieren así a su «intención» de «evitar la identificación de aquellos que han sido los mayores responsables de los crímenes cometidos durante las últimas décadas en Euskadi: ETA y su entorno político y social». Desde que el borrador viera la luz, en el Gobierno vasco han insistido en su apuesta por dotar al texto de mayor consenso posible. Ahora bien, desde el Instituto Valentín de Foronda, advierten de que la nueva situación y la existencia cierta de «otros fenómenos de violencia política» no puede llevar al Ejecutivo de Vitoria a «obviar la verdad de lo ocurrido». La entidad universitaria hace alusión, por ejemplo, al intento de Lakua de –así figura en el plan de paz– «conciliar a las cuatro grandes familias políticas de Euskadi para evitar los errores de la Transición». Los expertos apuntan que sería «más ajustado a la realidad» recordar que «HB quedó al margen tras el final de la dictadura por su propia voluntad», llegando a justificar «una estrategia que acabó con la vida de más de ochocientas personas».

«Papel mojado»
El instituto Valentín de Foronda colabora con el Gobierno vasco desde hace años. Uno de sus vocales, José Antonio Pérez, forma parte de la comisión que analiza las solicitudes de posibles víctimas de abusos policiales, con el fin abrir la puerta a su reconocimiento y reparación. En sus aportaciones al borrador del plan, los historiadores señalan que el «lenguaje retórico y cargado de eufemismos» que se usa en el proyecto no «no contribuye a clarificar el diagnóstico de la situación». Entre otras cuestiones, no comparten la afirmación de que el cese del terrorismo es «irreversible», ya que «ETA aún no se ha disuelto», ni tampoco que el Gobierno vasco defienda que «el uso de la violencia» está «desautorizado de modo inapelable». «Se trata más de un deseo que de una realidad. Hasta el momento, Sortu sólo ha rechazado el futuro recurso a la violencia, pero no el pasado, sobre el que la izquierda abertzale tiene una enorme responsabilidad», sostienen. Abogan por no «eludir de forma intencionada» la «búsqueda de las raíces de la violencia», sino «explicar por qué sucedieron, qué contextos los ampararon y quiénes los jalearon». En definitiva, llamar a las cosas por su nombre, sin «una redacción calculada» que «diluye» la violencia de ETA. «De lo contrario –añaden–, los principios de justicia, verdad y reparación serán papel mojado».
En apenas una veintena de folios, la entidad universitaria realiza un análisis especialmente crítico del contenido del plan. En cuanto a los «objetivos», en el centro Valentín de Foronda echan «en falta» dos cuestiones: la «deslegitimación» de la violencia ejercida en el pasado y el «rechazo a cualquier tipo de estrategia para reescribir la historia».
Pero los historiadores también se detienen a valorar ejes y acciones concretas recogidas en el borrador. Es el caso del informe sobre vulneraciones de derechos humanos, que cubre el periodo comprendido entre 1960 y 2013 y que fue presentado el pasado mes de junio. El trabajo atribuye 837 muertos a ETA, 94 a la Policía y 73 a la extrema derecha, pero si algo ha sorprendido a los expertos de la UPV es «la ausencia de algún historiador entre el equipo» que elaboró el citado estudio. Por otro lado, se muestran a favor de reconocer y reparar a las víctimas que carecen de amparo legal, como también de «investigar de forma individual y rigurosa» los posibles casos de torturas. No así de la iniciativa relacionada con la apuesta por renovar el compromiso de la Ertzaintza con los derechos humanos. A su entender, «un exceso injustificable».
El Gobierno vasco se ha comprometido a «mejorar» el plan –aunque considera que es contundente con ETA–, siempre que los cambios «no sepulten los principios que lo inspiran». El proyecto definitivo verá la luz a finales de noviembre.