FLORENCIO DOMÍNGUEZ, LA VANGUARDIA 06/02/13
· Aumentar la actividad de la Audiencia en la lucha contra la corrupción asegura su futuro ante el fin de ETA.
Los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional reclamaban ayer más medios para luchar contra la corrupción. A la petición no le falta sentido de la oportunidad porque se difunde justo cuando la sensibilidad social con respecto a este problema es máxima. No obstante, la demanda de los magistrados podría ser interpretada como un movimiento para buscar un espacio de actuación más amplio en la lucha contra la corrupción, en un contexto en el que la actividad tradicional de la Audiencia se ha reducido considerablemente.
Además, ya se han alzado algunas voces que piden la desaparición de este órgano especializado que ha sido fundamental en la lucha contra el terrorismo. Una de esas voces ha sido, por ejemplo, la del magistrado de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia José R. de Prada Solaesa quien en junio del pasado año, en un seminario de la Fundación Sabino Arana, abogó por la supresión de la Audiencia para que «la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo sean otra vez de la competencia del juez del lugar de su comisión». El magistrado no planteaba ese escenario porque la situación de ETA haya dejado sin sentido al tribunal que juzga sus causas, sino por considerar que se trata de un «tribunal especial», tal y como él lo calificó.
Lo cierto es que la desaparición de los atentados de ETA se ha reflejado en el nivel de actividad de la Audiencia Nacional. La Memoria de la Fiscalía General del Estado del 2012 indicaba que en el 2011 las diligencias previas habían disminuido un 47,4%; los procedimientos abreviados, un 51,3%, y los sumarios, un 70%. De los juicios celebrados en la Audiencia Nacional, el 33% correspondían a delitos de terrorismo. Sólo un tercio del total. De las sentencias dictadas 68 (el 23%) eran referidas a terrorismo y otras 255 (el 77%) a otros delitos.
Según la Fiscalía, las causas de estos descensos acusados eran dos: la disminución de la actividad de ETA y su entorno, y la limitación de la competencia de la Audiencia Nacional en los delitos de falsificación de moneda, tarjetas de crédito y cheques de viaje a los casos en que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales. Es probable que los datos del 2012 revelarán que sigue disminuyendo el peso del terrorismo en las actuaciones de la Audiencia Nacional.
Este órgano judicial tiene en sus manos causas de corrupción o blanqueo de dinero cuando las actividades ilegales se extienden por múltiples lugares de la geografía nacional -la matriz del caso Gürtel- o cuando son cometidas por grupos de crimen organizado -mafias rusas, clanes mafiosos-, pero una gran parte de los procedimientos los investigan los juzgados locales. Una mayor actividad de la Audiencia en la lucha contra la corrupción aseguraría el futuro de este tribunal especial en sus dimensiones actuales en el caso de que se confirmara la desaparición definitiva de ETA.
FLORENCIO DOMÍNGUEZ, LA VANGUARDIA 06/02/13