EL CORREO 19/06/14
El Tribunal Correccional de París juzgó y condenó ayer a diez años de cárcel, dos más que la petición fiscal, a Maite Aranalde Ijurco por pertenencia al aparato militar de ETA con la agravante de reincidencia. La sentencia impone cuatro años, la mitad con dispensa de cumplimiento, al sindicalista vascofrancés de LAB Eñaut Aramendi Picabea, en libertad con medidas cautelares y que ya ha purgado doce meses en prisión preventiva, lo solicitado en firme por la acusación.
Aranalde (Ibarra, 1983) y Aramendi (San Juan de Luz, 1979) fueron detenidos el 20 de mayo de 2010 en el marco de la operación policial en la que fueron capturados Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, ‘Ata’, el último gran jefe militar de ETA, y su lugarteniente Arkaitz Agirregabiria del Barrio, ‘Kemen’. El sindicalista reconoció que había alojado a los tres clandestinos en el piso de un amigo en Bayona con pleno conocimiento de su militancia en ETA, «organización que para mí no es terrorista» y cuyos atentados no condenó.
Aranalde se limitó a indicar que es militante de ETA y que comparte todas sus decisiones cuando el juez Denis Couhé, presidente del tribunal, le preguntó si estaba de acuerdo con el abandono de la lucha armada. El magistrado no le autorizó a dar lectura a un escrito que tenía preparado por tratarse de una declaración política.
«Aranalde es el arquetipo del soldado de ETA, una activista totalmente sacrificada, disciplinada y obediente que fue detenida junto a los más altos responsables del aparato militar, una muestra de su confianza», planteó el fiscal antiterrorista Benjamin Chambre, quien recordó que los arrestos se practicaron dos meses después de la muerte a tiros del policía francés Jean-Serge Nérin, última víctima mortal de ETA, atribuida a Mikel Karrera. También subrayó que regresó a la clandestinidad tras cumplir en Francia una primera condenada a seis años y ser puesta en libertad bajo fianza por la Audiencia Nacional en agosto de 2009, dos días después de su entrega a España.
El acusador público presentó a Aramendi como «un soldado desarmado legal» que «no podía ignorar que todas las policías de Francia y España buscaban al comando responsable del primer policía francés muerto por ETA». «Una organización tan paranoica con su seguridad no iba a confiar la suerte de su jefe militar a un simple ciudadano de a pie», argumentó. La abogada Miren Illarreta pidió para Aranalde una «decisión justa y razonable, alejada de la desproporción de la petición fiscal» que, finalmente, se quedó corta. Xantiana Cachenaut, defensora de Aramendi, presentó avales escritos de políticos vascofranceses, incluidos cargos socialistas, a favor de su patrocinado que deberá acordar con un juez de aplicación de penas la forma de cumplir el año pendiente de purgar.