EL CORREO 04/06/13
Se pronunció ayer sobre la petición de pruebas del ‘caso herriko tabernas’ y debe señalar ahora la fecha del juicio que, entre otros, afecta a Otegi, Permarch y Etxeberria
La Audiencia Nacional dio ayer el último paso antes de señalar fecha para el juicio del conocido como ‘caso herriko tabernas’, la supuesta financiación de ETA y Batasuna a través de esas sedes sociales. El procedimiento afecta a la cúpula de la coalición ilegalizada y sentará en el banquillo de los acusados a 40 dirigentes independentistas. Entre ellos, Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Rufi Etxeberria. Estos dos últimos figuran en la actual dirección de Sortu. La Fiscalía solicita para ellos 12 años de cárcel por pertenencia a ETA en grado de dirigentes. Para otros de los acusados las penas bajan hasta los ocho años de reclusión.
La Sección Segunda de lo Penal se pronunció ayer sobre la petición de pruebas para el juicio reclamadas por las partes. Aceptó la totalidad de las solicitadas por la acusación, y echó para atrás varias de las cursadas por las defensas. Una vez dado este paso, a los jueces sólo les resta fijar fecha para la vista oral, como subraya en el auto hecho público ayer mismo. «El tribunal –dice el texto– señalará el día en que deben comenzar las sesiones del juicio oral, teniendo en consideración la prioridad de otras causas y el tiempo que fuere preciso para las citaciones». La decisión se espera para los próximos días.
La vista oral se llevará a cabo once años después de que el entonces magistrado Baltasar Garzón abriera el sumario. Junto a los cuarenta dirigentes abertzales procesados, la Audiencia Nacional ha admitido la personación individual de las 111 herriko tabernas que fueron clausuradas por orden de Garzón. La acusación considera a esas sedes responsables civiles de un delito de financiación de banda terrorista.
La investigación comenzó tras la detención en abril de 2002 de once personas acusadas de desarrollar un plan de financiación ideado por ETA a través de las herriko tabernas. El juez Baltasar Garzón decretó el embargo de 75 de estos establecimientos y su administración judicial, cifra que luego se elevó a 111. En su escrito de conclusiones provisionales, presentado en abril de 2010, el fiscal insistía en que desde 1978 y hasta que Batasuna fuera ilegalizada en marzo de 2003, su «simbiosis» con ETA fue «absoluta». Las diferentes estructuras del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), afirmaba, ejecutaron durante esos años y en distintos frentes «una actividad complementaria de apoyo, soporte y cobertura a las estrategias y fines de la organización terrorista, sin las que no hubiera sido posible la subsistencia de ésta». El juez Garzón concluyó el sumario 35/02 el 1 de abril de 2008, después de seis años de investigación que buscaban desentrañar los medios de financiación de Batasuna.
«Una estructura más»
El magistrado justificó el procesamiento de todos los dirigentes de la formación en la tesis de que Batasuna no sólo forma parte de la organización terrorista ETA como brazo político, «sino como una estructura más del complejo político-violento diseñado para conseguir una finalidad concreta a través de la subversión y la alteración de la paz pública, la autodeterminación de la denominada ‘Euskal Herria’».
Además de Otegi, Permarch y Etxeberria, comparecerán en el juicio oral como acusados antiguos dirigentes como Floren Aoiz, Adolfo Araiz, José Luis Elkoro, Karmelo Landa, Juan Cruz Aldasoro, Antton Morcillo, Santiago Quiroga, Jon Gorrochategi y José Luis Franco Suárez.