EL CONFIDENCIAL 01/06/17
La Audiencia Nacional estudiará la denuncia de dos detectives barceloneses presuntamente amenazados y coaccionados por dos agentes de los Mossos d’Esquadra que buscaban información sobre supuestos informes de políticos catalanes realizados, también supuestamente, para el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). No existe ningún indicio que avale la existencia estos informes. De hecho, el juzgado de instrucción 21 de Barcelona, la Audiencia Provincial y, posteriormente, la Audiencia Nacional ya habían archivado esas acusaciones.
Los detectives Antonio Tamarit y Julián Peribáñez sufrieron un interrogatorio el pasado 16 de mayo en una comisaría barcelonesa. Los agentes autonómicos aseguraban que tenían contra ellos una denuncia administrativa por “extralimitarse en sus funciones de detectives”. Sin embargo, no quisieron desvelarles quién y por qué les había denunciado, y su único interés era conocer si habían colaborado de alguna manera con el CNP.
Porque los policías autonómicos buscaban información sobre supuestos espionajes a políticos catalanes, que los detectives ya habían negado en diversas ocasiones. De hecho, ya habían sido denunciados y varias instancias judiciales habían archivado el caso por falta de pruebas “que avalasen razonablemente la realidad”. Pero el Gobierno de Puigdemont no estaba dispuesto a darse por vencido, de ahí el peculiar interrogatorio.
Porque no hay que olvidar que Tamarit y Peribáñez son los principales protagonistas en las comparecencias ante la comisión de la operación Cataluña. Asimismo, son la única baza con que cuentan los independentistas para justificar que hubiese habido una ‘operación’ del Gobierno central contra políticos independentistas.
Tras la sesión de interrogatorios, ambos decidieron interponer una denuncia en el juzgado de guardia el pasado 24 de mayo. La denuncia ha sido admitida por un juzgado barcelonés, que acto seguido se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, puesto que el interrogatorio se basa en la declaración que los dos investigadores privados realizaron ante el juez José de la Mata el pasado 23 de febrero. De la Mata es el magistrado que instruye la investigación sobre la familia Pujol.
Los detectives acusan a los Mossos de amenazas y coacciones. En su escrito, señalan que los agentes autonómicos les engañaron y les citaron en las dependencias policiales diciéndoles que cuando llegasen les darían todos los datos relacionados con la denuncia administrativa que había contra ellos. Una vez en la comisaría, sin embargo, las buenas palabras se tornaron gestos amenazantes y les negaron toda información, “en contra de lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo”, amenazándoles con abrirles un expediente sancionador por falta muy grave si no colaboraban con ellos.
Operación política
En esta extraña experiencia, los detectives ven algo oscuro. Tras las amenazas, sospechan que pudiera haber “una mera operación política para manipular y/o hurgar en un asunto judicializado en la Audiencia Nacional [causa de la familia Pujol], al margen de preparar alguna estratagema para desacreditar a los denunciantes [o sea, a los dos detectives] en el Parlamento de Cataluña, donde el PDeCAT [Convergència] y la CUP les han propuesto para testificar en la comisión sobre la operación Cataluña”.
También muestran su extrañeza por el hecho de que los agentes de los Mossos tuviesen conocimiento de lo que habían declarado ante el juez De la Mata el pasado 23 de febrero, por lo que también denuncian que pudiera “existir un delito de revelación de secretos, incluso obstrucción a la justicia por parte del denunciante y otros actuantes”.
Tamarit y Peribáñez afirman en la querella que los agentes que les interrogaron les amenazaron con iniciar expedientes sancionadores si no colaboraban y respondían a sus preguntas. “Finalmente, el señor Tamarit consigue que el instructor le diga que esto parte de una denuncia administrativa, que a ellos les hacen actuar desde el órgano donde se interpuso esta ‘denuncia’ y manifiestan que actúan por orden de la Dirección General de Administración de la Seguridad (Degas) y, concretamente, viene de la subdirectora general de Seguridad e Interior, Maite Casado”. De ahí que, además del sargento y del cabo que participaron en el interrogatorio, en la querella se incluya como querellada a esta última, “por si hubiera podido incurrir en un delito de tráfico de influencias”.
En la querella se detalla también que “tras prestar declaración el señor Tamarit durante más de dos horas y media, y haber respondido a todas las preguntas, le pide al instructor que retire el párrafo donde se le amenaza con una sanción muy grave por su nula cooperación, a lo que el instructor se niega”, dice el texto. Y continúa: “A continuación, le toman declaración al señor Peribáñez. Se reitera la nula comunicación del instructor sobre el contenido de la denuncia. Simplemente se le notifica que es por una presunta infracción en materia de seguridad privada. El señor Peribáñez colabora en todo momento respondiendo a cada una de las preguntas formuladas por el instructor”.
El detective, no obstante —y como el interrogatorio estaba basado en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata el pasado 23 de febrero—, se remitió en todo momento a dicha declaración. Ello no gustó a los agentes autonómicos. “Finalmente, tras colaborar en todo momento, el sargento de los Mossos d’Esquadra con TIP 7833 le comunica que su falta de colaboración en responder alguna de las preguntas delante de la unidad instructora puede constituir una falta muy grave de acuerdo con la Ley de Seguridad Privada”.
No actuaban como detectives
Los detectives aseguran en su querella que las preguntas realizadas eran casi las mismas “que se les formularon como testigos en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dentro de las diligencias previas PA 141/2012, pieza separada informe Udef BLA G24”. A ello se añade que los agentes que participaron en el interrogatorio “no se identificaron en ningún momento como policía judicial”.
Tamarit y Peribáñez hacen notar también en su querella que “llama poderosamente la atención que ni siquiera se les preguntase a los denunciantes si tenían sus licencias de detective privado activas”, porque se da la circunstancia de que les preguntaron por actividades que realizaron cuando no estaban en activo, lo cual invalida cualquier denuncia. “No es posible realizar una extralimitación de sus funciones como detectives privados si no están ejerciendo como tales”, subraya el texto.
En este sentido, su declaración ante el juez De la Mata y anteriormente ante el comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas (los ‘mossos’ estaban muy interesados en conocer cuál era la relación de este con los detectives y si les había encargado informes, para establecer un vínculo del CNP con supuestos espionajes a políticos catalanes), no se realizó en calidad de investigadores privados, sino como extrabajadores de la polémica agencia Método 3 “y como ciudadanos obligados a colaborar a petición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”. Lo que aportaron, según admiten en la querella, fue simplemente “amplios conocimientos del funcionamiento de dicha empresa [Método 3]”. En las reuniones con el CNP y con el juez, pues, no se habló de políticos catalanes, sino de cuestiones que nada tienen que ver con espionajes selectivos. Los dos detectives fueron interrogados el pasado 16 de mayo. El día 18, solicitaron por escrito copia del expediente administrativo, “la cual se les negó y, a día de hoy, se sigue sin tener conocimiento del mismo”. El oscurantismo de este asunto no deja de ser preocupante.