DIARIO VASCO, 25/4/12
El juez acusa al dirigente de ETA de recopilar información para asesinar a Joseba Pagazaurtundua
Nunca antes un etarra había ocupado las jefaturas política y militar de ETA, con el control de los objetivos, las directrices operativas, la supervisión de los diferentes procesos de paz o el control del llamado ‘impuesto revolucionario’. Esa distinción, al menos desde 2001 hasta su tumultuosa detención en Burdeos en mayo de 2008, la ostentaba Francisco Javier López Peña, ‘Thierry’. Así lo expone el auto de procesamiento del exjefe terrorista conocido ayer.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acusa a López Peña de integración en organización terrorista en grado de dirigente, un delito que conlleva una pena de ocho a catorce años de prisión. En la misma causa penal fue procesada Ainhoa Ozaeta Mendikute, ‘Kuraia’, también detenida en Burdeos.
El juez Velasco considera que ambos dirigentes etarras realizaron labores de extorsión y recabaron información de objetivos. A Ainhoa Ozaeta, el magistrado de la Audiencia Nacional le sitúa como máxima responsable de Gezi, estructura dependiente del aparato político de ETA y encargada del cobro del dinero fruto de las extorsiones; mientras que ‘Thierry’ se encargaba de gestionar todos los datos que proporcionaban los comandos e informadores de la organización terrorista sobre potenciales objetivos.
El juez asegura en su auto que ambos dirigentes mantuvieron varias reuniones con el comando Zipi, formado por otros dos etarras detenidos en febrero pasado en Gipuzkoa, Iñaki Igerategi y Juan Ignacio Otaño, que han sido procesados ahora por integración en ETA.
Entre 2001 y 2009
La labor del grupo entre los años 2001 y 2009 fue doble, una financiera para recaudar el denominado ‘impuesto revolucionario’, redactando y repartiendo las cartas de extorsión, 522 entre 2005 y 2006, según la Policía, y otra de información, recogiendo nombres y direcciones de objetivos.
Entre estos últimos el juez Eloy Velasco menciona el caso de Joseba Pagazaurtunda, jefe de la Policía Municipal de Andoain asesinado en 2003, el cuartel de la Guardia Civil de Andoain y de tres ertzainas que sufrieron diversos ataques «por parte de ETA y su entorno radical».
Asimismo, entregaron revistas y boletines oficiales de Gipuzkoa con los nombres de las empresas adjudicatarias de diferentes obras públicas y sus responsables a López Peña, que seleccionaba los objetivos y encomendaba a Igerategi y Otaño la misión de enviarles las cartas exigiéndoles el pago de distintas cantidades. Entre otras, el exjefe político y militar de ETA señaló a la empresa constructora Altuna y Uria, cuyo consejero delegado, Inaxio Uria, fue asesinado por ETA en Azpeitia en diciembre de 2008. También aparece una constructora de Gernika contra la que la organización terrorista atentó por medio de una bomba en 2005.
DIARIO VASCO, 25/4/12