EL CORREO 6/06/13
Otegi, Etxeberria y Permach se exponen a doce años de cárcel por el ‘caso herriko tabernas’, en torno a la financiación de ETA
Un día después de conocer que Arnaldo Otegi no quedará en libertad mientras el Tribunal Constitucional debate si fue justa o no su condena por el ‘caso Bateragune’, la izquierda abertzale supo ayer la fecha de uno de los juicios que más le preocupan. El ‘caso herriko tabernas’, el de la presunta financiación de ETA a través de las sedes sociales de la antigua Batasuna, se verá en la Audiencia Nacional a partir del 17 de octubre.
El macrojuicio, que se celebrará en la sede de la localidad de San Fernando de Henares, sentará en el banquillo al que en la actualidad es el ‘núcleo duro’ de Sortu. Las mayores peticiones de condena –12 años de cárcel– corresponden, de hecho, a tres de los rostros más significativos del partido: Otegi, secretario general, el responsable del área de ‘Resolución del conflicto’, Rufi Etxeberria, y el encargado de ‘Lucha institucional’, Joseba Permach, que ayer mismo encabezó la delegación de EH Bildu en la reunión con el PNV para estudiar una reforma de la fiscalidad. Junto a ellos, figuran procesados otros cargos de la formación como Joseba Álvarez, principal responsable del congreso constituyente que alumbró a esta formación el pasado febrero, y Juan Cruz Aldasoro, coordinador en Navarra.
Todos éstos y otros 36 antiguos dirigentes abertzales están acusados de formar parte del «frente institucional» de ETA, de trabajar a las órdenes de la organización terrorista y de haber facilitado el «control» de la banda «sobre Herri Batasuna/Euskal Herritarrok/Batasuna» impulsando en las instituciones públicas «las directrices de apoyo operativo y logístico» a la banda.
El proceso, conocido como 35/2002, es el más antiguo sin resolver relacionado con la izquierda abertzale. La vista oral se celebrará once años después de que el entonces magistrado Baltasar Garzón autorizara, el 29 de abril de 2002, la detención de once personas en Euskadi y Navarra acusadas de haber puesto en marcha un «plan de financiación» de ETA mediante la «creación de sociedades mercantiles», en referencia a las herriko tabernas.
Es también el procedimiento de mayor envergadura aún pendiente. Además de la cuarentena de imputados –con acusaciones que van desde ser jefes de ETA para Otegi, Etxeberria y Permach hasta ser colaboradores de la banda para otros implicados–, en la causa están representados más de un centenar de responsables de aquellas herrikos, que fueron clausuradas por orden de Garzón. El juicio se prevé maratoniano. Sólo en tomar declaración a los procesados y a los gestores de los locales la Audiencia Nacional ha reservado cuatro meses de sesiones, con dos o tres jornadas por semana, de mediados de octubre a mediados de febrero. Los primeros en prestar declaración serán Joseba Álvarez y Joseba Permach el mismo 17 de octubre. Al día siguiente le tocará el turno, entre otros, a Rufi Etxeberria, mientras que el interrogatorio a Otegi será el 18 de noviembre.
Un año de juicio
Fuentes judiciales no descartan que la vista oral pueda prolongarse cerca de un año. Una duración que complicará la gestión de Sortu, pues verá cómo su ‘núcleo duro’, el de mayor ascendiente sobre el resto de componentes de la formación, debe permanecer varios días a la semana en Madrid debido al proceso.
Los responsables del partido son conscientes de lo que se juegan en los tribunales. Este macrosumario y el derivado de la detención en 2007 en la localidad guipuzcoana de Segura de la entonces cúpula de Batasuna sentarán en los próximos meses a alrededor de 80 históricos dirigentes de la izquierda abertzale en el banquillo de los acusados. De determinar los jueces que cometieron un delito, la condena supondría un auténtico mazazo para el movimiento independentista.
La relevancia del juicio por las herriko tabernas hará que hoy comparezcan el presidente del nuevo partido, Hasier Arraiz, y la coordinadora en Bizkaia, Maribi Ugarteburu, para criticar el procesamiento de sus compañeros. La izquierda abertzale considera que este tipo de procesos «no se corresponden con el nuevo tiempo» y califican de «paradójico» que se vayan a sentar en el banquillo algunos de los dirigentes independentistas que lideraron el camino hacia la ruptura con ETA y la apuesta «inequívoca» por las vías exclusivamente políticas y pacíficas que representa Sortu.
Otegi, Etxeberria y Permach son, de hecho, los principales inculpados. El fiscal, en sus conclusiones provisionales redactadas en 2010, los considera miembros de ETA con rango de dirigentes. Para ellos pide la condena más severa por «su liderazgo y por las funciones de coordinación del frente institucional que tenían asignada». En su opinión, ellos tres «posibilitaron la organización de las actividades a realizar a modo de protección y cobertura del proyecto diseñado por ETA». La causa original también tenía como imputados a Jon Idigoras, fallecido en 2005, y a José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’, en paradero desconocido.