ABC 27/10/16
· La juez Lamela pide a la Guardia Civil un informe sobre la campaña de acoso
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ya investiga la «brutal» agresión sufrida por dos agentes de la Guardia Civil en Alsasua (Navarra) la madrugada del 14 de octubre. La magistrada coincide con la tesis de la Fiscalía y considera que el ataque puede constituir un delito de terrorismo, razón por la que asume la investigación.
En un auto, la juez explica que la agresión reúne las características para encajar en el delito de terrorismo según se castiga en el artículo 573 del Código Penal tras la reforma que aprobó el Partido Popular y que entró en vigor el 30 de marzo de 2015.
La norma exige, para estar ante un crimen terrorista, que se persiga uno de los siguientes tres objetivos: «intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales». Lamela, quien asume el criterio de la Fiscalía, argumenta que el ataque a los dos guardias civiles –en el que participaron unos cincuenta agresores– buscaba «atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas, generando una grave alteración para la paz pública».
Primeras diligencias
Al tomar las riendas de la investigación, la magistrada adoptó ayer las primeras diligencias encaminadas a esclarar qué sucedió en el bar Koxka de Alsasua, en el que los dos guardias civiles y sus parejas tomaban una copa hasta que fueron increpados y golpeados por medio centenar de personas.
Lamela solicitó «con carácter urgente» un informe a la Guardia Civil para que relate la campaña de acoso que sus agentes sufren en la comunidad foral de Navarra y en la localidad de Alsasua. La Fiscalía encuadró la agresión en una «campaña de hostigamiento» histórica contra la Benemérita. El Ministerio Público recordó que uno de los objetivos tradicionales de la banda terrorista ETA, que asesinó a 830 personas y abandonó las pistolas hace cinco años, ha sido la expulsión de las «fuerzas de seguridad» del País Vasco y Navarra. La juez acoge este contextualización del ataque.
Otras medidas solicitadas por la magistrada son que el juzgado de Pamplona que comenzó la investigación le envíe las «diligencias previas incoadas» y la identificación de aquellos que se concentraron en Alsasua horas después de la agresión para desmentir colectivamente «la versión oficial» del ataque, pertenencientes al movimiento Ospa de la izquierda abertzale. La juez también reclama que la Policía foral de Navarra le remita «a la mayor brevedad posible las actuaciones practicadas» hasta ahora en la causa.
Además, según pidió la asociación de víctimas Covite en su denuncia, y yendo más allá de lo que solicitó la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la juez también exige que se identifiquen las identidades de los responsables de la cuenta de Twitter Altsasuako Gaztetxea, desde la que se insinuó que la agresión a los dos agentes y sus parejas se debió a una provocación suya.
Los dos únicos detenidos por el ataque, los jóvenes Jokin Unamuno y Aritz Urdangarín, de 22 y 24 años respectivamente, forman parte del movimiento Ospa. Este colectivo organiza cada año a finales de agosto el llamado «Ospa Eguna» o «Día de la huida», para reclamar que los agentes de la Guardia Civil y la Policía foral de Navarra se marchen del municipio, en el que gobierna Geroa Bai. Bajo dicha reivindicación y con un lema con el mismo mensaje («Alde hemendik», que en euskera significa «fuera de aquí»), diversas personas se concentraron a las horas del ataque para contradecir lo que llaman «la versión oficial». Portaban, dice la juez, un logo de ETA: la flecha sinuosa de dos puntas.