LA RAZÓN, 3/7/12
En las cartas manuscritas no renuncian a ETA ni piden perdón a las víctimas
MADRID- La Audiencia Nacional ha rechazado de plano la petición de libertad condicional de más de un centenar de etarras remitidas casi al unísono al juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, el pasado mes de junio. En una acción coordinada similar a la que llevó a cabo el pasado febrero el colectivo de presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera), decenas de reclusos de la banda condenados por delitos de terrorismo hicieron llegar directamente al magistrado las solicitudes, saltándose el procedimiento legal establecido, mediante cartas manuscritas muy similares. Aunque, según ha podido saber LA RAZÓN, entre los remitentes (alrededor de 130 de los más de 550 etarras encarcelados en España) se encuentra algún condenado por el «caso Bateragune», entre ellos no figuran ni Arnaldo Otegi ni Rafael Díez Usabiaga.
En esas misivas, los presos de ETA solicitan su «progresión al tercer grado y, consecuentemente, la inmediata puesta en libertad» esgrimiendo que han cumplido, según los casos, dos terceras partes o tres cuartas partes de sus condenas o, incluso, escudándose en su condición de «presos políticos». Ni una palabra acerca del perdón a las víctimas, de su desvinculación de ETA o del compromiso de asumir las responsabilidades civiles derivadas de su actividad criminal.
A diferencia de la iniciativa de los presos del pasado febrero, cuando elevaron sus peticiones a las direcciones de las prisiones respectivas, en esta ocasión se han saltado ese trámite preceptivo y se han dirigido directamente al juez central de Vigilancia Penitenciaria, quien ya ha resuelto rechazar de plano, sin necesidad de solicitar informes a la Fiscalía, todas esas solicitudes. En las resoluciones, que ya están siendo notificadas, Castro recuerda a los presos que para obtener la libertad condicional «es necesario estar clasificado previamente en tercer grado, lo que no ocurre en el supuesto que nos ocupa». El magistrado reprocha a los peticionarios que hayan «acudido directamente al juzgado» cuando las decisiones sobre clasificaciones de grado corresponden, en primer lugar, a la Junta de Tratamiento de la prisión.
En caso de negativa, el recluso puede acudir a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el plazo de un mes y, sólo en el supuesto de un nuevo rechazo, puede dirigirse al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Por lo tanto, insiste Castro, únicamente cabe recurrir a este último si existe acuerdo clasificatorio de Instituciones Penitenciarias, «lo que tampoco ocurre en el presente supuesto».
«No es normal que lleguen de repente a la Audiencia Nacional más de un centenar de escritos de esta naturaleza. Se trata de una campaña orquestada», aseguraron las fuentes consultadas.
El juez Castro ha rechazado todas y cada una de las peticiones «sin perjuicio del derecho que asiste al interno a reformularla una vez agotados los trámites administrativos pertinentes».
Ulloa: la banda «puede mentir»
El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, alertó ayer de que ETA «puede mentir» sobre su disolución, una «difícil decisión» debido a que los «restos» de 50 años de terrorismo no se resuelven con un simple comunicado, insistió. «Las bandas terroristas no son fiables ni sinceras», advirtió Ulloa, para quien es «inquietante» la coordinación entre ETA y la izquierda abertzale en el último año, informa Efe.
LA RAZÓN, 3/7/12