EL CORREO 29/07/13
El tribunal revisa el expediente de Caride Simón, que se podría sumar en septiembre a Lasarte y Urrosolo y obtener permisos de fin de semana
La Audiencia Nacional tiene previsto seguir sumando nombres a la relación de presos disidentes de ETA que ya disfrutan de permisos de fin de semana. La lista promovida por este tribunal la componen, de momento, Valentín Lasarte y Joseba Urrosolo Sistiaga, éste último pendiente de que se confirme la fecha para disfrutar de sus primeros tres días de libertad condicional. Ellos dos se han unido recientemente a un puñado de reclusos, como Carmen Gisasola o Kepa Pikabea, entre otros, que también disponen de esa facultad de abandonar momentáneamente la cárcel, aunque en su caso fue por decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal, la que dirige el magistrado bilbaíno Fernando Grande Marlaska y que tiene en sus manos todo lo relacionado con los internos de la banda, ha decidido que seguirá favoreciendo a los reclusos que conforman lo que se ha venido en denominar ‘vía Nanclares’. En algunos ámbitos ha comenzado a acuñarse, de hecho, el término ‘vía Marlaska’, en referencia al presidente de la Sala, para aludir a la nueva fórmula abierta para los internos disidentes. Un término que aún no ha calado en la Audiencia Nacional donde aseguran que la medida ha sido «consensuada» ampliamente entre los integrantes de la Sección y no responde a un impulso de su presidente.
Según ha podido saber este periódico de fuentes judiciales, los cinco magistrados de esa sección –además de Marlaska figuran Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro, Nicolás Poveda Peñas y Ramón Sáez Valcárcel– se han comprometido a facilitar los permisos que reclamen los presos que han roto con la banda terrorista y han dado «garantías ciertas» de que están «en el camino hacia la rehabilitación».
«Trayectoria» por la paz
«Sería muy difícil no concedérselos», reconoce un magistrado del alto tribunal. Los jueces de esa sección, que pretenden suscribir esas resoluciones por unanimidad a pesar de sus diferentes tendencias ideológicas, han establecido, no obstante, unos requisitos mínimos que exigirán para conceder días de excarcelación. Además de que estén en la recta final de su condena –aunque las penas sean de cientos de años el cumplimiento efectivo para estos reclusos tiene los 30 años como tope–, los internos deberán haber dado muestras fehacientes de que no volverán a participar en más crímenes y haber protagonizado una «trayectoria de años» en contra de la violencia. Unos requisitos que cumplen los internos expulsados de ETA y que forman parte del autodenominado ‘Colectivo de presos comprometidos con el irreversible proceso de paz’, o comúnmente conocidos como miembros de la ‘Vía Nanclares’.
Los magistrados están convencidos de que conceder estos permisos a quienes se han desvinculado de ETA supone un mecanismo «razonable para su rehabilitación». Es la manera, entienden, de facilitar su posterior incorporación a la sociedad una vez que cumplan por completo sus penas. Los jueces de la Audiencia Nacional no olvidan los graves crímenes que todos ellos cometieron y advierten de que serán escrupulosos en la aplicación de las leyes, pero reconocen la «trayectoria» que el colectivo de presos disidentes ha mantenido desde que entró en prisión.
Recuerdan, en este sentido, que sus pronunciamientos les ha valido la expulsión del colectivo oficial de presos de ETA y el enfrentamiento con sus antiguos compañeros de armas. Una actitud que, entienden en la Audiencia Nacional, debe ser valorada a su favor. Porque, como expresaban los integrantes de la Sección Primera en el auto por el que concedían su primer permiso de fin de semana a Urrosolo Sistiaga, no se puede «ignorar» la «dificultad de la postura» que han mantenido estos penados a lo largo de los últimos años «en un entorno hostil».
Por todo ello, los magistrados cuentan con añadir nuevos nombres a la lista de disidentes de ETA que disfruten de unas mejores condiciones penitenciarias que los integrantes del EPPK. Todo apunta a que el siguiente en esta relación será Rafael Caride Simón, exjefe del ‘comando Barcelona’ que perpetró el atentado de Hipercor, en el que fallecieron 21 personas y otras 45 resultaron heridas. La Sección Primera de lo Penal tiene sobre su mesa un recurso contra la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de denegarle un permiso de fin de semana.
La vista del caso se celebró el pasado 29 de abril, pero los jueces siguen dándole vueltas al asunto. La última gestión que han realizado es solicitar a Instituciones Penitenciarias un informe sobre cómo se ha contabilizado la «acumulación de condenas» de este recluso, para poder concretar si tiene derecho a disfrutar varios días de una libertad condicional. Según fuentes judiciales, la decisión final no se tomará ya hasta el mes de septiembre, espaciando así la resolución de la que supondrá la salida de prisión de Urrosolo Sistiaga. Si el informe sobre la acumulación de condenas no dice lo contrario, se le concederán los días de libertad.
Cambio de estrategia
En la lista también figura Ibon Etxezarreta. Ex miembro del ‘complejo Donosti’ de ETA, sus condenas suman varios cientos de años por participar en asesinatos como los del ex gobernador civil de Guipúzcoa, Juan María Jáuregui; el presidente de la patronal guipuzcoana Adegi, José María Korta; y el director financiero de El Diario Vasco, Santiago Oleaga. Su caso es otro de los que está pendiente de resolución, aunque sobre el papel parece más complicada la concesión de la libertad condicional. No son los únicos expedientes sobre la mesa de los magistrados de la Audiencia Nacional. Como ya avanzó este periódico a mediados de mayo. La veintena de integrantes de la ‘Vía Nanclares’ ha decidido comenzar a judicializar su situación penitenciaria. Después de años en los que evitaron llevar sus casos ante los tribunales, a la espera de que el Gobierno de José Luis Zapatero, primero, y de Mariano Rajoy, después, les facilitaran una mejora de su situación en la cárcel, siempre dentro de los límites legales. Tras constatar que el actual Ejecutivo del PP no tenía previsto cambiar de estrategia respecto a ellos, los abogados de estos reclusos comenzaron a finales de 2012 a presentar recursos ante la Audiencia Nacional contra las decisiones del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro. La mayoría de las reclamaciones tienen que ver con la progresión de grado dentro de prisión y media docena con la obtención de permisos de fin de semana. Los reclusos pusieron sus casos en manos de los magistrados de la Sección presidida por Fernando Grande Marlaska y los jueces han decidido que debe facilitarse su progresiva excarcelación.