La AVT culpa a un alto cargo de Zapatero de que la UE cuestione la doctrina Parot

ABC 19/03/13

Ah, pero, ¿no es esto lo que querían los españoles, derogar la doctrina Parot?».

En estos términos se dirigió un magistrado del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, sorprendido por la indignación que había provocado en el Gobierno y entre las víctimas del terrorismo la decisión, tomada el pasado mes de julio, de tumbar en primera instancia esta medida en el caso de la etarra Inés del Río Prada, condenada a 3.828 años de cárcel por 23 asesinatos. La herencia de Zapatero había dejado en el corazón de Europa la impresión de que el cese de la violencia anunciado por ETA debía ser correspondido con gestos que propiciaran un final dialogado del terrorismo. Y Estrasburgo debió ver en la liquidación de la «doctrina Parot» uno de estos gestos.

Ahora, tanto las víctimas como el propio Ejecutivo de Rajoy se apresuran, a contrarreloj, a desmontar la gran mentira que en los últimos años ha difundido por la Unión Europea ese «lobby» internacional que apoya a las tramas de ETA. La farsa de un «conflicto» que debe ser resuelto mediante la negociación y la reconciliación de «las partes». Las víctimas del terrorismo están convencidas de que en esa falsa impresión que tuvo el Tribunal de Estrasburgo al dictar la primera sentencia conforme a los intereses de Inés del Río tuvo mucho que ver, además, el voto a favor de uno de sus miembros, el español Luis López Guerra, que entre abril de 2004 y febrero de 2007 fue secretario de Estado de Justicia con Juan Fernando López Aguilar como ministro.

Es decir, fue número 2 de Justicia en los prolegómenos y mientras se mantuvo el denominado «proceso de paz» entre ETA y Rodríguez Zapatero. Se da la circunstancia de que López Guerra, que no es magistrado de carrera, pero tiene mucha influencia en el ámbito político, se había pronunciado en varias ocasiones en contra de la aplicación de la «doctrina Parot».

Desde el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco (Covite) se recuerda que cuando, en 2007, se incorporó al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, López Guerra se comprometió a abstenerse en aquellos asuntos relacionados con España en los que podría incurrir en sospechas de parcialidad por estar «contaminado» para intervenir en la causa. Y así hizo, por ejemplo, en la demanda presentada por Rafael Vera contra su condena por el secuestro de Segundo Marey, ya que siendo vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE defendió medidas de gracia para el exsecretario de Seguridad del Estado. ¿Por qué el pasado mes de julio no hizo lo propio y votó a favor de la excarcelación de la etarra Del Río Prada, arrastrando al resto de miembros del tribunal?, se preguntan ahora las víctimas, indignadas.

Tanto en el Gobierno como entre quienes han sufrido la barbarie del terror hay una alta preocupación ante la sentencia, ya definitiva, que debe emitir la Gran Sala de Estrasburgo tras la vista que se va a celebrar mañana.