Beatriz Parera-El Confidencial

  • La reforma de un artículo del Código Penal eliminó en una versión el conocido como periodo de seguridad que impedía que accedieran a la semilibertad hasta la mitad de sus condenas

La Ley de Protección de la Infancia, aprobada definitivamente este jueves en el Congreso, ha provocado el malestar de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La AVT ha denunciado, 24 horas después del espaldarazo de las cámaras a la norma, que las modificaciones llevadas a cabo a raíz de la misma en el Código Penal pretendían alcanzar una forma de agilizar el acceso al tercer grado penitenciario a los condenados por delitos terroristas. Los cambios quedaron anulados a última hora en el Senado, aseguran fuentes de la asociación.

En la versión que salió del Congreso se introducían cambios en el artículo 36. Hasta el momento, para que los condenados por delitos de terrorismo pudieran progresar a este régimen de semilibertad, era obligatorio entre otros requisitos que hubieran cumplido la mitad de sus condenas. Según interpretaba la asociación, los cambios buscados acababan con la obligación de ese plazo, bautizado como periodo de seguridad.

Ese ‘seguro’ que impedía a condenados como los miembros de ETA acceder al tercer grado hasta la mitad de sus condenas, quedó eliminado en la nueva redacción del 36 que salió de la cámara baja. Este establecía en uno de sus párrafos que la previsión se debe cumplir para aquellos que cometan delitos contra menores de edad o discapacitados, pero eliminaba a los condenados «por delitos cometidos en el seno de una organización terrorista o grupo criminal», asegura la AVT.

La ley fue avalada este jueves en el Congreso con 297 votos a favor y solo 52 en contra, correspondientes a Vox. La nueva norma, destinada a incrementar la protección de la infancia, amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, juzgados y fiscales especializados, un Registro Central de Información y un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos.

La AVT ha denunciado en un tuit lo que considera una «trampa». «El Congreso de los Diputados aprobó ayer de tapadillo una reforma del Código Penal que beneficia a los condenados por delitos de terrorismo. Podrán acceder al tercer grado sin que se les exija, como hasta ahora, haber cumplido la mitad de la condena si así lo acuerda el juez», destacan.

Fuentes de la AVT concretan, además, que la intención inicial de la Comisión de Derechos Sociales que aprobó la primera versión del texto incluía un cuarto párrafo en el que se añadía otra puerta más para aligerar el acceso al grado. Ese cuarto párrafo -excluido en la norma definitiva- preveía que el juez de vigilancia penitenciaria aprobara el acceso por razones humanitarias a las personas con enfermedades graves y a los septuagenarios. Entre los miembros de la citada Comisión se encuentra la portavoz de Bildu Mertxe Aizpurua.

Traspaso de Prisiones

Hace solo unos días, el pasado 10 de mayo, el Gobierno vasco y central sellaron en la Comisión Mixta de Transferencias, reunida en Bilbao, el acuerdo para el traspaso a Euskadi de instituciones penitenciarias, que será efectivo el próximo 1 de octubre. El acuerdo supone el traspaso de las funciones y los servicios penitenciarios, de manera que la comunidad asume la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios de Basauri (Bizkaia), Zaballa (Álava) y Martutene (Gipuzkoa). Asimismo, se hace cargo de la ejecución, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas a los presos. Pese a este traspaso, la vigilancia penitenciaria de los presos de ETA o condenados por terrorismo islamista seguirá dependiendo, como hasta ahora, de la Audiencia Nacional. En la actualidad han sido transferidos un total de 46 presos, de un total de 192.