EL MUNDO 07/02/14
· Las asociaciones de víctimas del terrorismo AVT y Covite censuraron ayer con contundencia el plan de excarcelación de presos de ETA que Iñigo Urkullu presentó el año pasado a Mariano Rajoy y al que, según señalaron fuentes del Gobierno vasco, el presidente «no ha respondido».
La portavoz de la AVT, Ángeles Pedraza, exigió al Gobierno que muestre firmeza y se niegue a implantar una iniciativa «vergonzosa» e «inmoral». «Espero que Rajoy no acepte el plan de paz, igual que no lo hemos aceptado las víctimas, y que Urkullu se quede solo en esta infamia», afirmó.
Junto a la presidenta de la AVT, la dirigente de la asociación de víctimas en Euskadi, Consuelo Ordóñez, opinó también que la propuesta del Ejecutivo nacionalista es «inmoral» y «falta al respeto» a los más de 800 asesinados por ETA. «Ningún escenario se puede construir sobre una amnistía encubierta. El único camino que ese mundo debe recorrer es el que marca el Código Penal», indicó.
El Gobierno vasco confirmó ayer que Urkullu entregó el año pasado a Rajoy un detallado plan con el fin de facilitar la salida paulatina de todos los miembros de ETA que continúan en la cárcel una vez que la banda desaparezca. Sus colaboradores lamentaron que Rajoy «no ha respondido» a este documento, fechado en marzo de 2013, y recalcaron que «nada de lo que se publica hoy [por ayer] fue motivo de la conversación» que el martes mantuvieron ambos en Madrid. Una cita en la que, en todo caso, se habló de ETA, de modo que cuesta imaginar que los presos no estuvieran en la agenda.
El plan contiene las líneas maestras de la política penitenciaria que, en opinión del Ejecutivo vasco, debería aplicar el Gobierno. Fue incautado a la abogada de ETA Arantza Zulueta tras su reciente detención. Desde el equipo de Urkullu hicieron hincapié en que el destinatario del texto era Rajoy, aunque lo cierto es que también acabó llegando a la izquierda abertzale, pero no al PSE-EE ni al PP vasco.
La propuesta consiste en cuatro fases de excarcelaciones que se abrirían tras la disolución de la banda. Cada recluso estaría obligado a firmar una declaración de «autocrítica» y para los etarras más sanguinarios encarcelados en la última década se estudiaría la figura del indulto. Todo ello forma parte de un documento «más amplio» sobre pacificación, según indicaron desde la Lehendakaritza, del cual este diario ya adelantó un extracto en noviembre.
La publicación del plan de Urkullu cogió por sorpresa a socialistas y populares, que no tenían conocimiento del documento. Desde el PSE-EE evitaron hacer declaraciones con el argumento de que no quieren alimentar la agenda abertzale. No obstante, fuentes del partido sí opinaron que el plan es inaceptable porque, de aplicarse, vulneraría la legalidad en muchos de sus puntos. Por ejemplo, para lograr beneficios penitenciarios los presos deben desmarcarse de ETA y mostrar una actitud de verdadero arrepentimiento, y no sólo firmar un papel y empezar a pagar las indemnizaciones a sus víctimas.
El portavoz parlamentario del PP vasco, Borja Sémper, coincidió en que se trata de una propuesta «inverosímil». «Y el lehendakari lo sabe», advirtió. Sémper razonó que es «imposible» de aplicar dentro de la legalidad y además «imposible de plantear políticamente». «No estamos de acuerdo con los privilegios y las medidas de gracia para ningún recluso y tampoco para los etarras. Es un error y lo rechazamos absolutamente».
UPyD consideró por su parte que el PNV «busca la impunidad para los presos de ETA». Por eso, el diputado autonómico Gorka Maneiro reclamó al Gobierno «que no acepte cosa semejante ni parecida». El parlamentario arremetió también contra el «secretismo» de la última reunión entre Rajoy y Urkullu y preguntará al lehendakari sobre todo ello en el próximo pleno de control en Vitoria.
EL MUNDO 07/02/14