LA RAZÓN, 10/2/12
MADRID- La asociación mayoritaria de víctimas del terrorismo (AVT), que cuenta con más de 4.000 socios, muchos de ellos pertenecientes al País Vasco, «apeló» ayer tanto al Gobierno como al Ministerio del Interior para que impugnen el decreto en el que trabaja el Ejecutivo vasco que pretende indemnizar a las llamadas «víctimas de la violencia policial» entre 1968 y 1978. Según indica la AVT en un comunicado, en este decreto «se tergiversa la histora del terrorismo, se intenta neutralizar el significado del sufrimiento de las víctimas del terrorismo y se busca contentar las exigencias» de la banda. Asimismo, destaca que el nuevo texto es «contrario al ordenamiento jurídico y en concreto a las leyes de reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo». La asociación que preside Ángeles Pedraza considera que ésta es «una nueva fase» de la «ofensiva» del lendakari Patxi López y de su Dirección de Víctimas para «humillar a todas las víctimas del terrorismo y, en especial, las de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Quieren «neutralizar el significado del sufrimiento de las víctimas con el fin de contentar las exigencias de ETA», destaca.
Por su parte, Pedro Altuna, gerente de la Fundación Gregorio Ordóñez, tildó de «abominable» el decreto y expresó a Servimedia que su institución no comparte el apoyo que hayan podido dar otras organizaciones en el seno del Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo. Se da la circunstancia de que su fundación está representada en este órgano por la Fundación Fernando Buesa, que mostró su apoyo al texto durante la reunión que tuvo lugar el miércoles.
LA RAZÓN, 10/2/12