TONIA ETXARRI, EL CORREO – 17/11/14
· Todos los partidos menos UPyD, rehuyen el debate sobre la propuesta del alcalde del PP para modificar el sistema de ayudas sociales.
La disputa por la Alcaldía de Vitoria está siendo el campo de pruebas de la lucha entre el PP y EH Bildu de la que no quieren sentirse excluidos el resto de los partidos a cinco meses vista de las elecciones locales. La capital alavesa es un territorio clave de contrapunto constitucional frente al dominio del PNV en Bizkaia y la expansión de la denominada izquierda abertzale en Gipuzkoa. Su alcalde, el popular Javier Maroto, conoce a su electorado. Por eso en pleno paréntesis agosteño denunció el fraude en las ayudas sociales. Al relacionarlo con parte del colectivo de inmigrantes empadronados en la capital (en torno a un 6%) saltó la chispa. Una mayoría de magrebíes asentados en suelo vitoriano, según Maroto, viven del cuento; o sea, de las ayudas sociales sin buscar trabajo. Desde entonces la bronca no ha cesado. Ni tiene visos de hacerlo hasta la próxima cita con las urnas.
Sus opositores, curiosamente, le descalifican tildándole de «racista» pero eluden el debate sobre un tema que termina por salpicar a casi todos. La semana pasada, el alcalde de Vitoria tuvo que declarar ante el fiscal superior del País Vasco, acusado por SOS Racismo de «incitación al odio». Y razonó una denuncia que está levantando ampollas porque ha terminado por poner el dedo en la llaga al demostrar que el abuso en la utilización de las ayudas sociales existe. Una constatación que ningún otro partido le rebate pero de la que huyen. Los datos parecen darle la razón. Y el Gobierno vasco ha terminado por reconocer en sede parlamentaria que las irregularidades en el cobro de las ayudas sociales, especialmente en la Renta de Garantía de Ingresos, son ciertas.
Una de cada cuatro subvenciones revisadas contienen incumplimientos. Más de diez mil beneficiados habrían cobrado de más. Lo sabía el Ejecutivo autónomo pero prefirió no airearlo hasta después de las elecciones europeas para tener la campaña en paz. Desde este verano han venido acusando todos al alcalde de Vitoria de «electoralismo «pero nadie se salva de perseguir sus particulares intereses. ¿O no es electoralismo aplazar la reclamación de cobros indebidos de las ayudas sociales hasta que pase la campaña de los comicios europeos?
Desde que saltó la bronca en agosto cuando el dirigente del PNV alavés, Xabier Agirre, descalificó al alcalde de Vitoria llamándole «Hitler», la batalla de Vitoria sigue manteniendo la tensión. Se trata de la batalla electoral contra el PP. Javier Maroto logró una holgada mayoría en la capital alavesa con 32.300 papeletas y cuenta con el apoyo de la Diputación cuyo timón maneja su compañero Javier de Andrés desde 2011. Se situó, sin embargo, en las pasadas elecciones europeas, tan solo 62 votos por encima de la candidatura de EH Bildu.
La disputa tiene tan poco margen que no cabe desaprovechar ninguna oportunidad. El PNV se pasó de frenada en agosto. Su dirigente alavés terminó por pedir perdón al haber comparado a un alcalde democrático como Maroto con el mayor monstruo del nacionalsocialismo. Pero la bronca ha seguido por otros derroteros. Porque el alcalde de Vitoria ha sostenido sus propuestas para acabar con los abusos. Pero ni el PNV ni el PSOE, incómodos por su respectiva responsabilidad en la mala gestión de Lanbide, están interesados en que se cuestione su incapacidad en el Gobierno de López y, ahora, en el de Urkullu.
El organismo de servicio público, Lanbide, tiene registradas a 2.597 personas acogidas al sistema de renta mínima sin que conste su nacionalidad. ¿Les tomaron los datos sin pasaporte ni DNI?. En el Parlamento vasco, la casa del «diálogo», boicotearon su iniciativa (todos menos UPyD) al no querer debatirla . Y en el ayuntamiento de la ciudad, la oposición le da la espalda. Físicamente. Todo un ejemplo de debate democrático están dando nuestros representantes políticos.
En el PP apoyan al alcalde de Vitoria. No van a dejar esta denuncia en el archivo porque creen que ésta es una arista clave de las muchas que tiene la lucha contra la corrupción. Si no denuncian estos abusos, acabarán perjudicando a otros colectivos necesitados como los paquistaníes o los sudamericanos que trabajan y se esfuerzan por su integración social y laboral. Eso dicen.
El candidato del PNV, Gorka Urtaran, hijo de María Jesús Aguirre, sigue la impronta que dejó el ex alcalde Cuerda cuando acogió durante su mandato a ciudadanos de la comunidad argelina. Pero «la capacidad de acogida no es elástica, tiene un límite» matiza Nerea Llanos desde el PP. El «efecto llamada» tiene que estar regulado. La propuesta de modificar el sistema de las ayudas sociales debería ser objeto de discusión entre los partidos. Pero nadie está interesado en campaña. En el PNV y EH Bildu, si sostuvieran un discurso «buenista» tendrían problemas de percepción entre sus propias bases porque buena parte de su afiliación es sensible a la propuesta del alcalde popular de Vitoria. En el PSOE, las alusiones de Idoia Mendia a la Vitoria/Alabama de los años 5o porque su alcalde solo quiere una capital «para los blancos» no le dará votos. Pero va afianzando su perfil progresista para marcar el territorio antes de que llegue Podemos. Que está al caer.
El primer edil de Vitoria puede ser que esté perdiendo la batalla mediática, otra cosa es la de las urnas y el voto secreto, pero ha conseguido llevar la iniciativa en la denuncia de unos abusos que han terminado por ser reconocidos por la administración en sede parlamentaria. Los demás partidos, de momento, al rebufo.
TONIA ETXARRI, EL CORREO – 17/11/14