Es la última prueba de la notable influencia de la vivienda en esta campaña, iniciada con la presentación de los decretos de Pedro Sánchez. En realidad, las medidas planteadas por nacionalistas y socialistas son curiosamente una reconversión de la fallida revolución fiscal que abanderó la diputada general de Bizkaia, la jeltzale Elixabete Etxanobe, en la picota y volcada ahora en el proceso abierto por su partido para designar a la candidata foral.

Mientras las medidas fiscales surten efecto -el marco defendido por PNV y PSE plantea penalizar a grandes tenedores e incentivar los alquileres-, la confrontación se agudiza y la tensión se desborda. El agitado desalojo vivido ayer en Vitoria, con cargas policiales y fuertes protestas, muestra el choque entre la Administración y los movimientos sociales. En este caso, el desahucio registrado en el barrio de Sansomendi exige la máxima prudencia en su análisis al mostrar aparentemente dos caras de la vulnerabilidad. La familia desalojada, compuesta por un matrimonio con seis hijos menores a su cargo, percibe en ayudas públicas cerca de 2.500 euros mensuales en virtud de su fragilidad, lo que teóricamente les permitiría buscarse una alternativa por sus propios medios después de rechazar la posibilidad de un piso de acogida. Por su parte, el propietario tiene reconocida también una situación social y económica vulnerable, viviendo en una habitación en renta junto a su mujer embarazada y su hijo a la espera de recuperar el uso de su propiedad tras cinco años de litigio. Lo cierto es que los graves disturbios por el desalojo empañan las reivindicaciones, por muy legítimas que puedan ser.