El indulto de Griñán, si se acaba llevando a efecto, tendrá sin duda un fuerte coste electoral para el Gobierno, pero el debate social y político previo le va a servir para tratar de diluir el impacto del enorme fraude explicado en la contundente exposición de hechos que contiene el veredicto del Supremo. En vez de limitarse a valorar motivos humanitarios que puedan justificar la eventual medida de gracia al expresidente condenado, el sanchismo se apresta a construir un relato de minimización global del desfalco. La estrategia, ya iniciada durante el verano, consiste básicamente en sugerir que no fue para tanto, en volver a la teoría de los «cuatro golfos» con que los socialistas intentaron en un principio quitar importancia al escándalo. Ahora hablan de «justos» que pagan por «pecadores» para desviar la atención sobre el pecado –delito, en la realidad jurídica– cometido durante más de diez años por una trama heterogénea encabezada por una pléyade de altos cargos, bien en calidad de autores, inductores o colaboradores necesarios.

La herramienta principal de esta narrativa exculpatoria es la simplificación gruesa del voto particular de las magistradas discrepantes que acusan a sus colegas de vulnerar la presunción de inocencia de Griñán –y de los demás convictos de malversación– con una incorrecta valoración de las pruebas. Noventa folios en total de los mil doscientos de una sentencia donde se describe con prolija precisión la existencia y el funcionamiento de una red fraudulenta que ni siquiera cuestionan las dos juezas. A partir de ahí, el discurso oficialista pretende levantar una argumentación que niega la corrupción sistémica en sí misma, admitiendo a lo sumo unas conductas irregulares aisladas y en todo caso mínimas. El siguiente paso será transformar el reparto arbitrario y clientelar de dinero para la protección del empleo en un filantrópico proyecto de justicia redistributiva. La beatificación del latrocinio en virtud de la ideología.

Se trata, en suma, de aprovechar la inevitable polémica del indulto convirtiéndola en una especie de cortina de humo, una nube comunicativa capaz de oscurecer la sórdida evidencia patente en el fondo del asunto: la descomunal operación de desvío de caudales públicos que los dirigentes del socialismo andaluz adjudicaron a conveniencia como si fueran suyos. Parece difícil que la maniobra de confusión pueda tener éxito habida cuenta del estado de opinión adverso que la larga y detallada peripecia judicial del sumario ha forjado en la conciencia del pueblo, pero Sánchez tiene demostrado suficiente desparpajo para no arredrarse ante esta clase de retos. Su propia severidad crítica inicial queda lejos cuando las consecuencias de la macroestafa amenazan su continuidad en el puesto. Poco importa lo que el PSOE tenga escrito en su código ético –ay, Juan Espadas– si es el poder lo que anda en juego.