Del castillo de naipes independentista se han caído varias cartas en los últimos días, como Josep Lluís Trapero, el único arrepentido, o Josep Maria Bartomeu, el farsante acobardado, pero la ventolera del coronavirus se las ha llevado en un soplo. Hasta que han detenido a unos empresarios y comisionistas, que siempre son los más escurridizos en los montajes de corrupción política. Ahora que, a principios de noviembre, se van a cumplir tres años de la detención de los dirigentes de la revuelta catalana, con Oriol Junqueras a la cabeza (Puigdemont ya se había fugado, oculto en el maletero de un coche), contemplamos todo aquel entramado con la claridad documental que nos faltaba entonces, aunque se intuyera.

Cada estrato, cada peldaño, va quedando al descubierto, desde la cúpula política, que ya fue juzgada, sentenciada y encarcelada, al igual que los agitadores sociales conocidos como los Jordis, y los grupos juveniles encargados de incendiar las calles, que están a la espera de juicio en la Audiencia Nacional (operación Judas). Faltaban estos, aquellos que pasaban por mecenas de la revolución y no eran más que comisionistas de la Administración. Digamos que le ha llegado el turno a la ‘beautiful people’ del ‘procés’.

Igual que la jueza Mercedes Alaya, en su día, contempló el escándalo de los ERE en Andalucía como una pirámide de responsabilidades, el ‘procés’ independentista de Cataluña, desde el punto de vista penal, también podría dibujarse igual, porque ambos comparten los mismos objetivos de corrupción política y de red clientelar en torno a la Administración pública en ambas autonomías. Nunca debemos olvidar, en este sentido, cuál fue el origen de la que llamaron ‘hoja de ruta’ del independentismo: el ocaso del régimen hegemónico de Convergència i Unió y la necesidad de ocultar la corrupción institucional de tres décadas de gobierno nacionalista ininterrumpido.

En 2012 es cuando el ‘hereu’, Artur Mas, experimenta su transformación independentista y diseña el ‘procés’, coincidiendo con las primeras informaciones que alertaban sobre la existencia de cuentas bancarias ocultas, en Suiza y en Andorra, algo que el propio Jordi Pujol acabaría admitiendo dos años más tarde. Se trataba, en suma, de camuflar toda la responsabilidad como gestores —en el mayor periodo de autogobierno del que ha disfrutado Cataluña a lo largo de la historia— con una campaña de exculpación monumental: “España nos roba”. Con el señuelo de la independencia, la clase política nacionalista conseguía, además, trasladar al Estado español todo el peso de la crisis económica y de los enormes recortes sociales a los que se vieron sometidos los catalanes por la quiebra de la Generalitat.

La movilización social lograda en Cataluña a partir de entonces, indudable éxito del independentismo frente a la frivolidad, la cobardía o la torpeza de los dos grandes partidos que han gobernado en España en democracia, el PSOE y el PP, logró el primero de los objetivos, la red clientelar que asegura el éxito electoral, y, a partir de ahí, se trataba, simplemente, de volver a instaurar, ahora a lomos del independentismo, las estructuras de corrupción política que venían funcionando desde antiguo. Este mismo miércoles, cuando El Confidencial adelantó la detención de un grupo de empresarios próximos a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya, el líder de Ciudadanos en aquella comunidad, Carlos Carrizosa, no tardó en atar los hilos que unen esta operación con las corruptelas de la era de Convergència i Unió: “¿Quién está sosteniendo este movimiento independentista?”, se preguntó Carrizosa. “Pues la vieja trama del 3% —añadió—. Se han montado esta trama, que siempre existió, para favorecer ese movimiento independentista que funciona con aportaciones de empresarios, a los que se les dan contratos, y a cambio de ello financian todo el movimiento”.

Hace más de dos años, cuando aún contemplábamos la revuelta catalana con el sobresalto de aquellos días de octubre de 2017 y las jornadas de extraordinaria tensión que se vivieron, la historiadora Carmen Iglesias se apartó del instante, rebuscó en el pasado y trazó los parámetros de otros muchos momentos, a lo largo de los siglos, que siempre persiguen lo mismo. “Son elementos comunes muy conocidos: un chivo expiatorio, que en este caso es España, el ‘España nos roba’, un sistema de recompensas y marginaciones, y una fantasía histórica, como decir que la Guerra de Sucesión fue una guerra contra Cataluña, porque fue una guerra internacional”.

En el sistema de ‘recompensas y marginaciones’ es en el que, según las investigaciones policiales, trabajaban los empresarios y comisionistas detenidos ahora, esa ‘beautiful people’ del independentismo. En suma, los representantes de la oligarquía catalana guiados por la misma pulsión de enriquecimiento de aquella burguesía que abrazó el nacionalismo en su origen real, a finales del siglo XIX, sobre todo tras la pérdida de las últimas colonias, fundamentalmente de Cuba, para que el negocio no decayera. Es normal, por eso, que algunos de los que se creyeron la Jauja independentista, al ver el entramado económico que se ocultaba tras las pancartas y los lazos amarillos, puedan sentir lo mismo que los negros de Cuba ante los empresarios esclavistas catalanes a los que compusieron esta cuarteta final: “En el fondo del barranco/ canta un negro con afán:/ ay, Dios, quién pudiera ser blanco/ aunque fuera catalán”.