La Borràs robó por Cataluña

Una conmovedora comprensión judicial se ha extendido sobre Laura Borràs y sus cooperadores necesarios. ¡Qué generosidad a la hora de ejecutar las penas impuestas por sentencia firme! A la más corrupta —pues de corrupción es el delito cometido por la penada— le cayeron cuatro años y medio de trullo. Ninguna broma. Pero, como decía, una emocionante lenidad ha amparado de repente a los reos, al punto de hacernos verter una lagrimilla por la tía que presidió el Parlamento de Cataluña, y otra más por los jueces y fiscales que tocan asuntos de separatistas. Una benevolencia, un cariño, un calor de manta zamorana en vez de celda; un estallido de luz benefactora contra la noche oscura. Los tribunales y fiscales catalanes son buenos. Hipérbaton: buenos son los tribunales y fiscales catalanes.

La sentencia condenatoria prevé la posibilidad de un indulto. Raro, raro, raro. No lo sería tanto si se atreviera a proponerlo, pero eso no es lo que hizo el TSJC, quizá por vergüenza y porque todo tiene un límite. Bastante es mencionarlo, algo que equivale… a nada, puesto que el indulto es siempre una posibilidad. Una prerrogativa de la que el Gobierno hace uso cuando le peta. La jugada está en que se dio pie a lo de ahora: sin que se haya concedido el indulto a Laura Borràs, los dulces fiscales, normalmente severos, contemplan la pena impuesta y, en vez de decir «hágase justicia», salen por peteneras. He aquí, en resumen, su tierno argumento: si empieza a cumplir la pena y luego la indultan, se derivarían perjuicios para doña Laura. ¿La quieren porque estuvo al frente de la Institución de las Letras Catalanas? Si los exquisitos trobadores de mi tierra natal resucitaran, volverían a morir.

El argumento de la Fiscalía ofende. Cualquier otro condenado estaría en la trena, y si luego el Gobierno le indulta, ya saldrá, sin que el delito se borre. La racionalidad no abandona al derecho: no cabe considerar «perjuicio» un cumplimiento de pena previo a la medida de gracia. Se les ve a todos el plumero. Se ha fabricado un marco bajo la etiqueta «indulto de Laura Borràs» porque el Estado de derecho ha fracasado en lo concerniente al golpe de Estado de octubre de 2017. Lo que el autócrata consideró en su día un delito de rebelión (gravísimo), fue sedición al imponerse que no había habido violencia. Es decir, al imponerse una mentira podrida. Además, se indultó a los golpistas no huidos y, para evitarles problemas en su siguiente golpe de Estado, se suprimió el delito de sedición. A fin de engañar a la Justicia europea, se desnaturalizó el delito de malversación, que, por cierto, sigue siendo el que las leyes de la UE establecen. Por fin, se concedió una amnistía (inconstitucional). Sin las arbitrariedades y leyes personales de Sánchez, y sin el pérfido relato que sitúa en el Estado la culpa del golpe del 17, la impunidad de una choriza por el mero hecho de ser separatista sería inconcebible.