El Parlamento logró ayer cerrar su mayor consenso hasta la fecha en torno a las denuncias de supuestas torturas cometidas a detenidos durante el periodo de incomunicación.
El PNV, el PSE, Aralar y UPyD firmaron una enmienda transaccional a partir de sendas propuestas originales de los peneuvistas y Aralar en la que se insta a fiscales «y otras instituciones competentes» a reforzar las medidas para «extremar el celo» en la investigación de estas denuncias. El texto también fue apoyado por Ezker Batua, mientras que el PP y EA se abstuvieron.
El acuerdo, que describe las torturas como «prácticas no sistemáticas», pero «graves», pide además que se prevengan estos casos y que se investiguen las denuncias con «prontitud eficacia e imparcialidad». Los cinco puntos de la resolución suponen una declaración de intenciones y una constatación de que los diferentes cuerpos policiales pueden hacer más. Tanto Aralar como el PSE reconocieron que se trata solo de un acuerdo de mínimos.
Y es que el texto acordado no llega a plantear la derogación del régimen de incomunicación, algo que hubiese sido inasumible por los socialistas. Con la declaración «no va a desaparecer la tortura», sostuvo la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro. Sin embargo, todos los grupos firmantes se felicitaron por haber dado un paso más en ese camino con un amplio consenso.
Populares y EA se abstuvieron por la misma cuestión, aunque con motivos diferentes. El único parlamentario de la formación abertzale, Juanjo Agirrezabala, criticó que la iniciativa «no llega a la raíz del problema» y aseguró que «defender la incomunicación es, en la práctica, defender la tortura». Precisó que en 2010 estuvieron en ese régimen 69 arrestados. Solo a 10 se les aplicó el protocolo de protección y de ellas dos denunciaron torturas. De las 59 restantes, 55 presentaron una denuncia por esa misma razón.
El popular Carlos Urquijo explicó la abstención de su grupo al considerar que, de forma velada, el texto recoge la petición de acabar con la incomunicación. «No vamos a poner en riesgo un elemento que consideramos trascendental en la lucha contra ETA por el prurito de colocarnos una falsa medalla de progresistas», sentenció Urquijo. El parlamentario del PP subrayó el «rechazo rotundo» de su grupo a la práctica de malos tratos y torturas, «incompatibles con un Estado de derecho como es España». Los populares recibieron los reproches del PSE, que censuró sus «tic del pasado» y negó la interpretación del texto que realizaba su socio preferente.
En la proposición no de ley aprobada, el Parlamento insta a poner en práctica las mejoras propuestas por organismos internacionales y el Ararteko, que en 2004 defendió acabar con el régimen de incomunicación.
El texto cuenta con matices que hacen referencia a reforzar las investigaciones «sobre indicios racionales» y recoge que hay quien utiliza las denuncias «de forma espuria», en referencia, según aclaró el socalista Jesús Loza, a los documentos incautados a varios comandos de ETA que recogen las instrucciones de la banda a sus miembros para que denuncien sistemáticamente torturas si son arrestados. EA censuró esta referencia por ser «un prejuicio que contamina cualquier petición de investigación».
El acuerdo reconoce los pasos que se están dando desde 2003 en Euskadi para garantizar los derechos de los detenidos, pero «el sistema es imperfecto, tiene fugas mientras haya una sola denuncia de torturas y malos tratos que es sentenciada a favor en sede judicial», aseguró el peneuvista Mikel Martínez. La prueba más reciente de ello se remonta a diciembre pasado, cuando la Audiencia de Guipúzcoa condenó a entre dos y cuatro años de cárcel a cuatro guardias civiles por torturar a los etarras Igor Portu y Martin Sarasola. Otros 11 agentes fueron absueltos.
Margen de mejora
El Ararteko aprecia «margen de mejora» en el trato a los detenidos en régimen de incomunicación. Las declaraciones del titular del Defensor del Pueblo vasco, Iñigo Lamarca, coincidieron ayer con el debate parlamentario sobre esta misma cuestión. Lamarca compareció ante la Cámara para dar cuenta del análisis realizado por su institución en 2010.
El ararteko explicó que aún se debe mejorar en los casos en que se ordene incomunicar a los detenidos, sobre todo en aspectos como el control que ejercen los jueces durante el tiempo de incomunicación o las investigaciones puestas en marcha tras las denuncias de malos tratos que el propio Parlamento pidió reforzar.
El informe del Ararteko del año pasado recoge varias recomendaciones al respecto, como grabar de forma ininterrumpida a los arrestados, facilitarles el acceso a un abogado de oficio e informar a un familiar de su arresto. También se solicitan protocolos concretos sobre los informes forenses y realizar un registro minucioso de las actuaciones policiales.
El Ararteko pidió en 2004 la derogación de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulan el régimen de incomunicación.
EL PAÍS, 24/6/2011