Por más que se supiera que ésta era la intención de Sortu desde que Otegi salió de la cárcel el pasado marzo, provoca antes que nada una profunda repugnancia que alguien con un historial de secuestros y recién condenado por sus vínculos con ETA aspire a convertirse en representante de los ciudadanos. Pero lo menos importante ahora es el sentimiento que despierta la estrategia de la izquierda abertzale. Lo sustancial es que Otegi no puede ser candidato bajo ningún concepto, porque va contra la legalidad. Y por ello sólo cabe esperar que todas las instituciones cumplan con su deber y que la candidatura de Otegi sea rechazada.
Esta semana, el Partido Popular, Ciudadanos y UPyD han anunciado que impugnarán la lista de Sortu. Podrán hacerlo los próximos 25 y 26 de agosto ante la Junta Electoral Provincial de Guipúzcoa. Pero, afortunadamente, los poderes del Estado ya están demostrando la diligencia que el caso exige y, como hoy publicamos, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional ya ha trasladado un informe a la Sección 4ª de la Sala Penal para que remita con urgencia tanto a la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma Vasca como a las Juntas Electorales de los Territorios Históricos las alegaciones por las que Otegi debe ser declarado inelegible. Y negro sobre blanco, no deja el más mínimo resquicio a la duda.
Recordemos que Otegi fue condenado en 2011 por la Audiencia Nacional, sentencia después ratificada –aunque con una reducción de pena– por el Tribunal Supremo, en el marco del conocido como caso Bateragune, un intento de Otegi y otros líderes de la izquierda abertzale de reconstruir la ilegalizada Batasuna. El destacado dirigente ha cumplido la condena de seis años y medio de cárcel por pertenencia a organización terrorista. Pero sobre él pesan todavía dos penas más: la de inhabilitación especial para empleo o cargo público y la de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, ambas hasta 2021.
Pese a que la sentencia del Supremo no especificó para qué cargos concretos está inhabilitado Otegi –un supuesto lapsus al que se agarran los abertzales para decir que en algún caso similar el condenado ha podido concurrir a las urnas–, el escrito del fiscal al que ha tenido acceso este periódico indica que la inhabilitación «le impide ejercer cualesquiera cargos públicos». Pero, por si eso no bastara, como decíamos también está inhabilitado para el derecho de sufragio pasivo, lo que sin margen de ningún tipo de interpretación torticera, «le impide ser elegido en cualquier proceso electoral». Blanco y en botella, Sortu pretende por tanto cometer fraude de ley, amén de perpetuar con esta candidatura una burla insoportable para todas las víctimas del terrorismo.
Con una chulería tan desafiante como repulsiva, Otegi declaraba días atrás que «no va a haber tribunal, ni Estado, ni Guardia Civil, ni Ejército español que vayan a impedir que concurra a las elecciones». Por suerte, su bravata no es más que eso y no nos cabe duda de que los órganos electorales y jurisdiccionales competentes frenarán su intentona. La Junta Electoral Provincial de Guipúzcoa habrá de pronunciarse a finales de agosto –el 29 se proclaman las listas– y, si hay recursos por cualquiera de las partes, como es previsible, corresponderá a la jurisdicción contencioso-administrativa y, en último término, al Constitucional poner las cosas en su sitio.
No caben en este asunto los tacticismos. Ni el del PNV, que ha optado por mirar hacia otro lado, ni el de los socialistas, que anunciaron ayer que no impugnarán la candidatura para no convertir a Otegi en una víctima y no hacerle la campaña a la izquierda abertzale. En este caso, no importa si Sortu agita el espantajo del mártir para arañar votos. Lo que importa es que se aplique la ley, con igualdad para todos. Y al menos reconforta a los demócratas saber que Otegi cumple sus condenas hasta el final. Porque no estamos ante un hombre de paz ni falsificaciones semejantes, sino ante alguien condenado por pertenencia a ETA, una banda criminal con más de 800 muertos en su historial. Algo de lo que Otegi sigue siquiera sin arrepentirse.