Fue en noviembre de 2019 cuando Pedro Sánchez prometió traer a Puigdemont. No le competía semejante iniciativa, pero el debate electoral en que se produjo la bravuconada de la captura personal definía el oportunismo del candidato socialista y la conveniencia de la línea dura respecto al independentismo. Necesitaba Sánchez los votos mesetarios del PSOE.

Semejante cinismo puede suponerle un escarmiento en las urnas. Es Sánchez quien decide cuándo convocarlas. Y quien necesita anestesiar a la opinión pública después de cometer la fechoría del ‘indultazo’, pero no resulta sencillo que funcione el tratamiento de amnesia, entre otras razones, por la incredulidad e indignación que suscitan las carcajadas de Puigdemont.

Debe sentirse eufórico el cabecilla de la sedición. No ha sido juzgado por ella ni tiene razones para inquietarse. La perseverancia con que trata de ‘extraditarlo’ el juez Llarena colisiona con la medida de gracia que Sánchez tiene pensado otorgar a la banda de Junqueras.

No es la única iniciativa en marcha que beneficia a Puigdemont. La reforma del Código Penal que relativiza la gravedad del delito de sedición permite al fugado recogerse en un castigo (eventual) más indulgente. El destierro opera a favor de sus intereses: Carles Puigdemont sería el destinatario de una ley a medida y recibiría una suerte de indulto preventivo; no tendría demasiado sentido obstinarse en cazarlo cuando el presidente del Gobierno que prometió traerlo a España ha expuesto clemencia e indulgencia a los artífices de la revuelta.

Vendría a demostrarse que realmente eran presos políticos. Y que le asistía la razón a Puigdemont cuando recelaba de la Justicia española. Se lo ha demostrado Sánchez cuestionando el veredicto del Supremo y redundando en una lectura política del ‘conflicto catalán’.

El presidente del Gobierno conspira contra la credibilidad de los tribunales. Y garantiza la canonización de Puigdemont. Los delitos que se le imputan van a serles perdonados a los otros delincuentes del ‘procés’, incluidos los compadres de Junts que eludieron escaparse. Y no porque vayan a arrepentirse ni a enmendarse. El discurso inaugural del ‘president’ Aragonès aludió al camino inevitable de la autodeterminación.

Los delitos que se le imputan van a serles perdonados a los otros delincuentes del ‘procés’, incluidos los compadres de Junts 

Podría haberlo escrito Puigdemont. Y no porque simpaticen el líder de ERC y el patriarca de Junts. Se detestan y representan familias incompatibles, desavenidas, en la montaña mágica del soberanismo, pero las discrepancias tribales no contradicen la fortaleza del hermanamiento cuando se trata de reaccionar al enemigo común. Que es el ‘Estado español’.

La sorpresa de las últimas jornadas consiste en que Sánchez ha decidido cooperar con los conspiradores y sumarse al sabotaje de las instituciones españolas degradando la reputación del Tribunal Supremo. El presidente del Gobierno ha perdonado a Puigdemont antes de haber sido juzgado y condenado. Y le ha dado motivos para sentirse insaciable.

El ‘indultazo’ representa una propinilla para Carles y su cuadrilla delincuente. No es que vayan a exigir la amnistía. Es que se han propuesto convertir la legislatura en un camino incendiario hacia la fantasía republicana, más todavía cuando Puigdemont tiene entre sus atribuciones la misión de vigilar la ortodoxia y el dogmatismo rupturista en el seno del Ejecutivo catalán.

El ‘president’ Aragonès está intervenido. Lo demuestra la cesión de las ‘conselleries’ capitales: Vicepresidencia, Justicia, Economía… 

El ‘president’ Aragonès está intervenido. Lo demuestra la cesión de las ‘conselleries’ capitales —Vicepresidencia, Justicia, Economía…— y lo prueba el chantaje que puede ejercer Puigdemont desde el despacho oval de Waterloo. El prófugo hubiera preferido repetir las elecciones. Y abjuraba de ceder la presidencia a un ‘esbirro’ de ERC, pero el acuerdo de gobierno y de legislatura enfatizan ahora la expectativa de la desconexión.

Es la perspectiva desde la que avergüenza la euforia de Puigdemont. Debe sentirse inmune e impune. Y debe reconfortarle que Sánchez se haya avenido a humillarse, no porque tenga en la cabeza una solución clarividente a la crisis territorial, sino porque su porvenir político concreto e inmediato depende del soborno que ejercen los compadres soberanistas.

Fue Sánchez quien garantizó justicia. Quien prometió que los artífices del ‘procés’ cumplirían hasta el último día de cárcel. Y quien se comprometió a traer a España al prófugo Puigdemont. Se extralimitaba en sus profecías y en sus promesas porque convenían a la campaña electoral de noviembre de 2019, pero la obscenidad y la desfachatez con que las ha tergiversado predisponen la paradoja de una venganza: los indultos pueden ser la condena política de Sánchez, el lodazal en el que puede hundirse.

Obsérvese al respecto las contraindicaciones que han aparecido. La más evidente consiste en la revitalización de Casado, a quien Sánchez ha regalado un nuevo argumento de victoria. Pero hay otras. Una es la revuelta de las baronías y el daño que pueden crear los indultos al PSOE. Otra consiste en la crisis de relaciones de los socios gubernamentales, toda vez que Podemos se ha adherido a la reclamación de la amnistía. Y la tercera se deriva de la anterior: los indultos no van a detener la ferocidad de las reclamaciones soberanistas, sino que van a estimularla.

Puigdemont siempre gana. La insolencia de su destierro le permite descojonarse del ‘Estado español’ sea cual sea el desenlace. Tanto le valen el indulto preventivo que otorga la razón a los sediciosos y la amnistía, como le serviría un desenlace adverso. Si el Supremo tumba la medida de gracia del Gobierno, quedaría probado que no hay manera de tratarse con ‘Madrid’ ni razones para renunciar por la vía de urgencia al atajo de la independencia.