A. Fernández-El Confidencial
Vuelta a empezar: si Puigdemont regresa y es investido en las próximas semanas como nuevo presidente de la Generalitat, este es el programa que quiere llevar desde el Govern
Reapertura de las embajadas, control de medios de comunicación mediante una Ley Mordaza estrictamente catalana, desarrollo de un Instituto de Estudios Estratégicos, musculación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña (suspendida recientemente por el TC), creación de una moneda digital catalana, conversión del Instituto Catalán de Finanzas en un banco público de inversiones o dotar a la ciudadanía de una identidad digital catalana autogestionada son algunas de las medidas que tiene en cartera Carles Puigdemont si es investido presidente de la Generalitat. Se compromete, asimismo, a “promover un gran debate nacional, participativo y el empoderamiento de la ciudadanía que aborde los ejes que han de conformar la constitución de la República Catalana”.
Entre otras cosas, el ‘expresident’, que se encuentra huido en Bélgica, prevé también “establecer un modelo de gestión individualizada de los aeropuertos de Cataluña, que compartiremos con administraciones locales e instituciones económicas”. Concretamente, sostiene que asumirá la gestión de los aeropuertos de El Prat, Girona-Costa Brava, Reus, Lleida-Alguaire y Sabadell, pasando por alto que algunos de ellos son gestionados por el ente público español Aena. En esta materia, el dirigente del PDeCAT planea “crear una administración aeroportuaria catalana, formada por una unidad administrativa de aviación civil, un organismo independiente responsable de la regulación tarifaria y una agencia específica responsable de la navegación y la seguridad aéreas”. Ni rastro, pues, de una gestión compartida o una negociación del modelo de aeropuertos que están en manos del Estado.
No es el único ámbito en el que se arroga competencias que no tiene. Uno de sus puntos establece que unificará “la gestión de toda la red ferroviaria de Cataluña, que será asumida por el ente público Ifercat [Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña]”. También afirma que participará “en los órganos europeos para el desarrollo del Corredor del Mediterráneo, desde una visión global y europeísta, en beneficio de las economías de todo el arco mediterráneo”. Paralelamente, asumirá “la gestión de los fondos agrícolas europeos” y creará el Fondo de Garantía Agraria.
Salario mínimo de 1.100 euros
En el programa electoral de su candidatura, Junts per Catalunya (JxCAT), figura “restablecer y reforzar la política de Exteriores con competencias y funciones en materia de asuntos internacionales y multilaterales, asuntos europeos, cooperación internacional y derechos humanos”. También prevé “restablecer, consolidar y ampliar la red de las delegaciones del Govern en el exterior para promover los intereses de Cataluña en el mundo y participar de los grandes debates globales”. Al mismo tiempo, aboga por “trabajar para que Cataluña disponga de las capacidades que le son propias en un contexto global e internacional, firmando los tratados que crea relevantes” y, por último, promete “lanzar y mantener un diálogo permanente con los actores, instituciones y organismos internacionales, para desarrollar la República Catalana”. Esta potenciación de la actividad exterior coincide también con la promesa electoral de ERC de reabrir las polémicas ‘embajadas’.
El ‘expresident’ promete permisos de maternidad y paternidad de 16 semanas “como mínimo para cada uno de los miembros de la pareja” y “promover el incremento del salario mínimo al nivel europeo, con 1.100 euros brutos mensuales”.
En el proceso de creación del Estado catalán, el dirigente del PDeCAT prevé “dotar a la ciudadanía de una identidad digital autogestionada y aprobar una Ley Catalana de Derechos y Deberes Digitales. Paralelamente, crearía una moneda digital catalana. Asimismo, figura entre sus prioridades “promover la creación de un voluntariado digital organizado para hacer ‘república’ desde la sociedad civil”. Otra de las medidas que tiene en la manga es hacer que la programación y la robótica educativa “sean asignaturas troncales en el sistema educativo de Cataluña”.
Otra de las medidas que Puigdemont quiere llevar adelante es la ‘resurrección’ de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Esta agencia, que debería sustituir al polémico Cesicat, fue creada mediante una ley el pasado mes de julio, con los votos a favor de Junts pel Sí, PSC y Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP). Su cometido sería elaborar los planes de seguridad TIC del Gobierno catalán, aunque en un futuro albergaría el germen de lo que serían unos futuros servicios de inteligencia netamente catalanes. La Agencia, no obstante, fue suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional hace dos semanas, tras admitir a trámite un recurso del Gobierno central.
En materia de seguridad, el programa del convergente se muestra muy parco. Curiosamente, aboga por “mejorar la coordinación entre los Mossos d’Esquadra y las policías locales en los aspectos operativos y organizativos”, pero no dice nada respecto a sus relaciones con los demás cuerpos policiales del Estado.
Participar en la OTAN
Sin embargo, sí destaca la creación de un Instituto de Estudios Estratégicos “que haga el seguimiento e impulse la investigación en seguridad, defensa y relaciones internacionales de cariz estratégico, partiendo de los riesgos, amenazas y oportunidades que plantea la ubicación geostratégica y geopolítica de Cataluña”. Su programa no se pronuncia sobre la necesidad de crear un Ejército catalán, pero afirma que “es preciso identificar los riesgos y las amenazas en materia de seguridad que afectan a Cataluña y definir nuestra estrategia de seguridad nacional integrada en nuestro contexto europeo, occidental y mediterráneo, partiendo de los medios de que disponemos actualmente y definiendo los medios de que se habría de dotar el país en el futuro para garantizar nuestra seguridad”. Al hilo de esta argumentación, deja la puerta abierta a asumir un “nuevo nivel de ambición” con la adopción de un plan de seguridad y defensa europeo, “escenario que se complementa con el objetivo de un nuevo reparto del esfuerzo presupuestario de la OTAN”.
Además de seguir promoviendo el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas y el Comité Olímpico Catalán, Puigdemont lleva en su programa la creación de la Agencia Catalana Antidopaje. Pero también otras medidas que pueden levantar polémica por las dudas de si invaden competencias que no le son propias: promete una Ley de Extranjería y una “Ley de Protección Internacional (de Asilo)”, materias en manos del Gobierno central. Junto a estas medidas, promete “sustituir los centros de internamientos de extranjeros (CIES) “por espacios de acogida y control bajo la tutela de entidades sociales reconocidas, respetuosos con los derechos humanos y absolutamente desvinculados de la gestión policial”.
En materia de vivienda, el ‘expresident’ promete “recuperar la legislación aprobada por el Parlament que ha sido objeto de recurso ante el TC por parte del Gobierno del PP” y elaborar una ley propia de arrendamientos urbanos. Asimismo, piensa “impulsar la reactivación del canon digital audiovisual y ampliar su carácter finalista a otras artes perjudicadas por la piratería, especialmente la música y la literatura, a pesar de los impedimentos del Tribunal Constitucional”.
Control de los medios de comunicación
Por último, planea exigir “el conocimiento del catalán como requisito para poder ejercer en la Administración de Justicia de Cataluña”, duplicar el número de jueces convirtiendo a los letrados de la Administración de Justicia en jueces y “preservar el secreto de las actuaciones judiciales para favorecer el derecho de todo encausado a un juicio con todas las garantías. Preservar el derecho a la información de los medios de comunicación, mediante un sistema de comunicación emitido por la propia justicia, evitando procesos paralelos mediáticos y filtraciones que perjudican el correcto funcionamiento de los procesos”, lo que en la práctica sería un férreo control de los medios de comunicación. La justificación para ello es “equilibrar el derecho a la información, que es un derecho fundamental, con el derecho a la intimidad y a la propia imagen para evitar filtraciones de datos de procedimientos decretados secretos por la autoridad judicial”. Se trataría, en definitiva de una ley mordaza que evitaría informar sobre detalles de una investigación apelando genéricamente al “derecho a la intimidad y a la propia imagen”.