ABC 14/02/17
· Génova protege a Sánchez y la Fiscalía rechaza investigarle porque no llegó a contratar con la trama Púnica
· Aunque la reforma legal de Cs fija la renuncia en la apertura de juicio, insisten en que dimita si es imputado
La corrupción vuelve a tensar las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco aprecia indicios de delitos del actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP, por supuestos vínculos con la trama de corrupción Púnica, algo que no comparte la Fiscalía. El magistrado le atribuye los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por concertarse con el empresario Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación cuando Sánchez era consejero de Educación en Murcia. También le acusa de pagar trabajos de reputación privada para impulsar su carrera política con dinero público.
Trabajos de reputación digital El juez, que pedirá al TSJ de Murcia la imputación de Sánchez, considera que amañó contratos para impulsar su reputación personal con dinero público
Planteadas 16 querellas Dolores de Cospedal defendió a un Sánchez «sujeto pasivo de 16 querellas planteadas todas por grupos políticos» y hasta ahora «todas archivadas»
Sánchez gobierna la Región de Murcia en virtud de un acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos, cuyos cuatro parlamentarios votaron a su favor tras la firma de una serie de condiciones entre las que se incluye el compromiso de apartar a aquellos cargos públicos que sean imputados por delitos de corrupción política.
«Deberá dimitir»
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, defendió a un Sánchez que «ha sido sujeto pasivo de 16 querellas planteadas todas por grupos políticos» y que hasta ahora «todas han sido archivadas». Defendió que su aparición en el caso Púnica es por «un contrato que nunca se celebró».
Enfrente, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, planteó tras la reunión de la Ejecutiva de su partido que Sánchez «deberá dimitir» si finalmente es citado a declarar como investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el órgano competente para imputarle por ser aforado. «Se le abre otro frente al presidente de Murcia», señaló Villegas en referencia a que Sánchez tiene también abierta la causa por el «caso Auditorio», una investigación asumida por el TSJ de Murcia tras la exposición razonada de un juzgado de Lorca que solicitaba que se le investigara por delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad de documento público.
A ese caso se añade ahora esta pieza del caso Púnica, cuyo juez espera conocer de forma formal que Sánchez goza de la garantía del aforamiento para pedir al TSJ de Murcia su imputación, un trámite al que se opuso ayer mismo la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público rechaza los indicios contra el presidente de Murcia porque los contratos de publicidad sospechosos «no llegaron a formalizarse», razón por la que no hubo perjuicio para las arcas públicas según la Fiscalía.
El juez considera, sin embargo, que Sánchez amañó contratos de formación en 2014 desde su cargo de consejero para sufragar con dinero público trabajos de reputación digital privados, de cara a su candidatura para presidente de Murcia. Según el magistrado, el coste era de 4.600 euros al mes. Velasco también aprecia indicios de cuatro delitos en la senadora del PP Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena.
En Ciudadanos señalan que, sea por uno u otro caso, Sánchez tendrá que dimitir. Y establecen un punto muy concreto para activar su exigencia: «Vamos a pedir que dimita cuando se produzca su citación como investigado ante el TSJ de Murcia», confirmó Villegas. Defienden que así debe ser porque es «lo que está firmado». Pero el partido ha tenido más de un problema respecto a cuál es el momento en el que aplicar este tipo de presiones.
De hecho, la próxima semana el partido lleva al Congreso de los Diputados su ley integral contra la corrupción en la que el nivel en el que se establece que un cargo público debe dejar su acta es en la apertura de juicio oral. Cuando Albert Rivera presentó esta propuesta en septiembre defendió que su criterio es que debe dejarse el escaño si se está imputado, un paso previo a lo que
refleja su propia ley, y que ese es el nivel de exigencia que piden en los acuerdos políticos. Pero reconoció que «jurídicamente tiene que haber un punto concreto» y que debe crearse un mecanismo para «echar automáticamente a los que atrincheran» en su escaño.
En Cs no hay intención de relajar esta exigencia. «Queremos creer que el PP va a cumplir lo firmado» y «no va a poner en peligro la estabilidad de Murcia». En la dirección naranja no se atreven a plantear el escenario en caso de que Sánchez no renuncie. La opción que más agrada es que el PP designase otra figura para la presidencia. Agrada menos, pero tampoco se descartó, participar de una moción de censura junto a PSOE y Podemos para impulsar un gobierno de otro color, que sería socialista como segunda fuerza con 13 diputados. Muy lejos de los 22 del PP, a un escaño de la mayoría absoluta.
Lo cierto es que Cs ya ha cambiado su posición inicial, pues en el caso de los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, o en el caso de Rita Barberá lo hizo antes de que estuvieran formalmente imputados. Villegas dijo ayer que ese criterio «se va afinando».
Fuentes de La Moncloa se remitieron al PP y evitaron entrar en esta polémica, pero resaltaron la «prudencia» con la que se había manifestado Villegas y la mayor «flexibilidad» que está demostrando Cs respecto a su posición inicial. Así, no consideran que el caso de Murcia esté «tensionando» el pacto entre ambos, «al menos de momento».