El caudal de solidaridad que está movilizando Aminatu Haidar debería ser utilizado para persuadirla de que no llegue hasta el final con su protesta y para ofrecerle otras vías de acción que trasladen la presión a Marruecos y no al desbordado Gobierno español.
Pocas causas políticas tendrán en España un respaldo popular tan amplio como la de los saharauis. En el apoyo a las demandas de los habitantes de la antigua colonia española coinciden desde miembros de las fuerzas armadas hasta grupos políticos antisistema, pasando por todo el arco parlamentario y, sobre todo, por la ciudadanía sin identificación partidaria alguna.
Miles de familias de todo el país reciben cada año durante los meses de verano a otros tantos niños saharauis procedentes de los campamentos de refugiados del sur de Argelia en los que malviven con la esperanza de poder volver algún día a la tierra de la que proceden y de la que tuvieron que expatriarse sus padres a raíz del ominoso pacto tripartito de 1975 que entregó el territorio a Marruecos y Mauritania. Miles de ciudadanos españoles respaldan regularmente a las ONG y a las docenas de ayuntamientos que todos los años recogen fondos y alimentos para ayudar a sostener a los habitantes de los campamentos de Tinduf. A diferencia de otras causas políticas, el apoyo a los saharauis no es una cuestión propia de una minoría organizada y activa, sino que cuenta con un extenso respaldo social. Por eso tiene tanto impacto público lo que está ocurriendo con Aminatu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote y por eso el Gobierno se encuentra en una situación tan comprometida.
Una política de firmeza frente a Marruecos tendría una buena acogida en la opinión pública, pero los gobiernos españoles se tienen que mover en un estrecho margen de maniobra delimitado por la querencia pro saharaui de su población y la realpolitik con el vecino del sur, que exige tener buenas relaciones con Rabat por razones económicas, geoestratégicas… A diferencia de Francia, inclinada sin tapujos del lado marroquí en el conflicto del Sáhara, los gobiernos españoles han tenido que moverse en la cuerda floja. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero había ido más allá que sus antecesores en su aproximación a las tesis de Rabat y quizás por eso se halla más desconcertado por el problema que le han transferido las autoridades marroquíes al expulsar hacia España a Aminatu Haidar después de desposeerle de su documentación. La conducta de Rabat no tiene justificación legal alguna, pues no puede expulsar a uno de sus ciudadanos ni privarle arbitrariamente del pasaporte.
El error de Exteriores de aceptar en esas condiciones la entrada de Haidar hizo que lo que tenía que ser un problema marroquí se haya convertido en un problema español. Sin embargo, la estrategia de presionar sólo al Gobierno de Madrid no basta para solucionar el entuerto, pues no está en sus manos arreglar la situación de manera unilateral. El caudal de solidaridad que está movilizando Aminatu Haidar debería ser utilizado para persuadirla de que no llegue hasta el final con su protesta y para ofrecerle otras vías de acción que trasladen la presión a Marruecos y no al desbordado Gobierno español.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 9/12/2009