Alberto Ayala-El Correo
Desde que Pedro Sánchez logró conformar una plural mayoría de investidura para retener La Moncloa y evitar la llegada al poder del PP –que había sido el vencedor en las urnas– se intuía que el precio a pagar para poder gobernar sería elevado. Lo ha sido. ¡Vaya si lo ha sido!
Indulto a los líderes del fallido ‘procés’. Humillación política ante el huido Puigdemont, que ayer recibió otro sonoro sopapo, esta vez de la Justicia europea. Una ley de amnistía que rechaza la mayoría de la sociedad española –no en Cataluña ni en Euskadi–, incluidos no pocos votantes socialistas. Y, por fin, concesión a Cataluña de un «sistema de financiación singular». Un sistema que aún desconocemos, pero que parece dejará en manos catalanas la exacción de los impuestos. Que no se podía denominar Concierto, pero que ayer la vicepresidenta Montero terminó por admitir que se le denomine Concierto Económico Solidario para que contentar a ERC y callar a Junts. ¿Y ahora?
El sábado, tras el portazo suizo de Puigdemont a Santos Cerdán, parecía que Sánchez cerraba la chequera. Que asumía que el Congreso volvería a tumbar ayer la senda de déficit, lo que cerraba la puerta a que haya Presupuestos para 2025. O lo que es lo mismo, que el Gobierno seguirá pero con una mermada capacidad de actuación. Pero el voluble Sánchez cambiaba de opinión el lunes y ordenaba a los suyos buscar el apoyo de Junts. La obediente vicepresidenta se ha puesta a la tarea.
¿Y que quieren los de Puigdemont? Las competencias de inmigración para poder emular a Italia o al menos a Alemania. Y que en vez de que sea el Gobierno de izquierdas quien se guarde el grueso de la capacidad de endeudamiento de España el próximo año para financiar sus políticas progresistas, un tercio del dinero vaya a las autonomías. Un buen chorro de cientos. Montero ha dicho que no. Pero… veremos.
El presidente, cómodo con su agenda y su evidente prestigio exterior, no tiene prisa. Está dispuesto a esperar a que Junts, ERC y el propio PSOE celebren sus congresos en octubre y noviembre y que sea después cuando se vuelva a votar en el Congreso la nueva senda de gasto. Si prosperara, los Presupuestos de 2025 estarían bastante más cerca. El futuro del Gobierno de progreso sería menos negro. Y el PP recibiría otro notable bofetón. ¿Precio? Imaginen.
Si Sánchez tuviera éxito, seguro que le inquietan menos las demandas nacionalistas que prepara Ortuzar. Un PNV en el que los soberanistas de Egibar acaban de intentar marcarle el terreno con su pacto con EH Bildu por el derecho a decidir aprobado hace dos días en Gipuzkoa. ¿Algo anecdótico? Veremos si el sector de Ortuzar conserva el control de todas las territoriales, salvo la guipuzcoana. Recordemos que Álava era también territorio Egibar hasta que estalló el ‘caso De Miguel’ –hoy en la cárcel por corrupto– y algunos altos burukides corrieron a cambiar de bando. Los alderdikides tendrán la última palabra. No hago apuestas.