Tonia Etxarri-El Correo
Culpar a la derecha de todos los males que le aquejan, obedece a una táctica defensiva a la desesperada de la que abusa constantemente Pedro Sánchez. Un presidente de Gobierno acorralado por la Justicia (con su esposa, su hermano, su ex mano derecha en el Ejecutivo y en el partido y ‘su’ fiscal general imputados) y ahora atenazado por la cantada de Víctor de Aldama, se presentó ayer en el Congreso con la chequera para los damnificados de la tragedia de Valencia. Que está muy bien. Qué menos, después de haberles dejado desatendidos en los días posteriores a las riadas. Pero la nube de corrupción sigue eclipsando su plan benefactor con la dimisión del dirigente socialista madrileño Juan Lobato, que ha preferido apartarse del lodazal para que no le salpique el delito de revelación de secretos de un contribuyente. Un delito por el que tendrá que rendir cuentas el propio fiscal general del Estado.
Cuatro semanas tardó el presidente del Gobierno en comparecer en el Congreso para rendir cuentas de su gestión en las inundaciones de Valencia. Y, justamente en ese momento tan oportuno, De Aldama se puso ante los micrófonos de la Cope con Carlos Herrera para recordar la gratitud del presidente hacia sus servicios, sellada con la polémica foto del reservado en un teatro, los cobros en metálico de Ábalos, el siniestro viaje de la vicepresidenta venezolana -planificado por Ábalos y Marlaska- y su reunión en San Petersburgo con Hidalgo y Begoña Gómez. El ‘Falcon’ en República Dominicana sin mediar viajes oficiales. No parece un personajillo, sino un comisionista corruptor confeso y colaborador. La credibilidad a sus declaraciones no se las da la oposición, como dice Sánchez, sino el propio juez y la Fiscalía, que dieron verosimilitud a su testimonio y lo pusieron en libertad condicional.
Pero Sánchez intentaba seguir con su chequera en el Parlamento. Acusando a la oposición de sus propios defectos. ¿Quién exhibe un concepto patrimonialista del Estado, presidente? Contraatacando, ‘ad homine’, a Núñez Feijóo, con archivo caducado, acusándole de haber facilitado contratos a su familia cuando era presidente de la Xunta. Sacudiéndose la culpa de su dejación en Valencia. El Gobierno lo hizo todo bien, incluso lo que no hizo. Lo expresó con la misma convicción con la que insiste en que él ganó las elecciones de 2023.
Se va enmarañando la telaraña. Y los escándalos se acumulan. Poco después del desahogo de Víctor de Aldama, saltó la dimisión de Lobato. El dirigente socialista madrileño, un personaje secundario en la historia del acoso gubernamental contra Isabel Díaz Ayuso que, por no querer ser el ‘pagafantas’ de un delito de revelación de secretos, terminó tirando la toalla al no soportar la presión de los suyos ni veinticuatro horas. Pero, con todo el peso de la ley que le está cayendo a Sánchez, la dimisión de Lobato es de caza menor. Con trascendencia interna, eso sí, dejando en evidencia a un partido que aparta a los críticos porque prefiere las purgas a los librepensadores. Pero lo que subyace detrás de esta renuncia es el papel del Fiscal General del Estado. Imputado. Y sin dimitir.