La clientela del fraude

DESCONTROL. Falta de diligencia administrativa. Expedientes mal gestionados. Fallos de supervisión. Ésa es la línea de defensa de la Junta de Andalucía en los escándalos de los ERE y los cursos de formación. Hubo errores pero no delitos, sostienen los antiguos altos cargos ante la imposibilidad de eludir alguna clase de responsabilidad ante un fraude de tan descomunal escala que ni la Policía ni los jueces consiguen determinar su cuantía exacta; cientos de millones, tal vez mil, en cualquier caso. Como si la custodia del dinero público no fuese una obligación de los dirigentes cuyo incumplimiento está gravemente penado. Como si permitir que otros se apropien de los caudales comunes tuviese más indulgencia moral que llevárselos.

Sucede que acaso en Andalucía sí la tenga. Que tal vez exista una benevolencia sociológica con la corrupción clientelar, la que se produce a través de redes de favores para derramar fondos sobre un tejido muy disperso de complicidades directas e indirectas. Que una parte bastante significativa de la población sea tolerante con el saqueo mientras produzca derramas extensas, relativamente socializadas en una trama de intereses compartidos. Eso es lo que sugiere la despenalización política de los fraudes: que la continua malversación de recursos mediante planes trucados de ayudas o subvenciones discrecionales descontroladas no sólo carece de castigo social sino que ha podido resultar electoralmente rentable.

Basta comprobar quiénes han sido, a lo largo de una década y media, los destinatarios de ese maná subsidial de falsos contratos y concesiones simuladas. Siempre el mismo amplio grupo que da soporte al régimen autonómico: sindicatos, movimientos asociativos, entidades y empresas vinculadas al gran partido-guía que gobierna el latifundio de poder. La clientela que sostiene la inmensa y longeva estructura dominante. Ésa era la tesis sobre la que la jueza Alaya sustentó su ciclópea causa en busca del gen mitocondrial de la corrupción andaluza, que ella supo entender como una maquinaria al servicio de la hegemonía política. Pero esa misma hegemonía es tan potente que logró apartarla de la investigación. La fragmentación posterior de los sumarios conduce a una dispersión de responsabilidades, pues es tal la ramificación de los casos que resulta imposible hallar a los últimos culpables más allá de un ente genérico –la Junta– carente de personalidad penal.