- La Constitución construyó un modelo de reparto de poder y contrapesos que dejaba al albur de la ética y lealtad de las personas la pervivencia del Estado de derecho. Y esa exigencia de ejemplaridad es insuficiente
En una democracia, el poder está al servicio de los ciudadanos. En los sistemas autocráticos, es el ciudadano el que debe ponerse a cubierto del poder, porque le destruye si se interpone en su camino. Afortunadamente, no hemos alcanzado este extremo, aunque más de uno haya padecido lo indecible en sus propias carnes, porque la prensa libre y la Justicia resisten como bastión del Estado de derecho. Pero lo que deja meridianamente claro la investigación dirigida por el juez Santiago Pedraz es que no será porque los que mandan no lo hayan intentado. Han penetrado hasta el tuétano en las instituciones para ponerlas a su servicio.
Corruptos los ha habido siempre. Cloacas hay muchas. Lo que diferencia a la cloaca en la que, según el sumario, chapoteaban Santos Cerdán y Leire Díez de otras, es que nació, creció y se expandió al amparo del partido político que sustenta el Gobierno de España. Se nutrió de los fondos que los contribuyentes detraen de su salario para financiar el sistema de libertades y concurrencia política. Y en su nombre –o con su connivencia o a sus órdenes, algo que todavía habría que probar– lo hizo a mayor gloria del presidente del gobierno, el One. Por eso sus demandas y amenazas revisten un plus de gravedad, porque el que las recibe sabe, entiende o le hacen entender que proceden del Poder Ejecutivo.
Un guardia civil que investiga un delito no se siente intimidado por un delincuente. Aunque sea consciente del riesgo que corre, se ha enfrentado a los criminales de la peor calaña. En una democracia, la ley, que le otorga el uso legítimo de la fuerza, está de su parte. Cuestión distinta es cuando el que intimida es el superior jerárquico, porque puede privar de hacienda, carrera profesional y honor de un plumazo. La destitución de Sánchez Corví o de Pérez de los Cobos no eran sólo castigos injustos, como han certificado los tribunales. Eran también amenazas. O se ponían de perfil, como ordenó el DAO o se activaban campañas de difamación como la de la UCO patriótica que reseña Pedraz en el sumario. Guardias civiles, fiscales, abogados, jueces, periodistas… eran sus blancos. La próxima será la UDEF, en la diana tras entrar en la investigación del caso Zapatero.
Si algo pone de relieve el sumario del caso Leire, más allá de desnudar las miserias execrables de aquellos que hoy mandan en España, es la extrema fragilidad de nuestro sistema. Un pequeño grupo de delincuentes, aún al amparo del gobierno, ha estado a un tris de arrodillarlo para ponerlo a su servicio durante décadas. La Constitución construyó un modelo de reparto de poder y contrapesos que dejaba al albur de la ética y lealtad de las personas la pervivencia del Estado de derecho. Y esa exigencia de ejemplaridad es insuficiente o ha desaparecido. Ha llegado la hora de blindar su independencia y evitar que indeseables ávaros de poder y riquezas destruyan lo que nuestros abuelos y padres conquistaron. De lo contrario, como nos advierten los exiliados venezolanos, acabaremos lamentándolo.